La escuela primaria Gran Bretaña en Pedregal, ciudad de Panamá, no es precisamente una estructura impresionante, pero tampoco es una escuela rancho. Sin embargo, su mera existencia y funcionalidad están amenazadas porque un grupo de vecinos acosa cotidianamente a los estudiantes y maestros del colegio. Además, el comportamiento nocivo y el irrespeto hacia la escuela se manifiestan por el bombardeo con bolsas llenas de orine y heces fecales al pequeño patio de la escuela, su techo y, en ocasiones, a algún estudiante o maestro en específico. La Escuela Gran Bretaña se ha convertido en una de las nuevas fronteras del Estado panameño, cuyo dominio y territorio es cada vez menor.
Hace unos meses, una empresa transnacional decidió invertir miles de dólares en reparar un parque en Panamá Oeste. Con los fondos se pudo arreglar la pequeña cancha de fútbol, se sembraron algunos árboles y se demarcaron senderos y otros espacios públicos dentro del parquecito. La inauguración fue un viernes y así lo registraron las fotos de rigor. Durante el fin de semana el parque fue sometido a un ataque sistemático a todo lo que se había hecho. Las bancas fueron destruidas y arrancaron los árboles plantados. La pandilla que opera en la comunidad rayó todas las paredes con pintura, demostrando quién mandaba en el área. Nadie les había pedido permiso para hacer semejante obra en su territorio.
En una de las comunidades del centro de la ciudad de Panamá, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, un club cívico intentó restaurar una vieja cancha de baloncesto y arreglar unas bancas ubicadas en una isleta. La junta comunal les dijo que no había ningún problema, pero que eso había que negociarlo con la banda. Acto seguido, le hicieron los contactos y se rpcedió a negociar para poder realizar un trabajo comunitario. Ese es el espacio de soberanía y de gobernabilidad que ha perdido el Estado panameño.
Se supone que dos bandas, Bagdag y Calor Calor, son las grandes intermediarias entre los carteles colombianos y mexicanos, y facilitan toda la logística del tráfico de drogas y otros delitos. El apachurrado Estado panameño intentó romper la estructura de mando de estas organizaciones encerrando a algunos de sus cabecillas en Punta Coco, sitio de una base naval en la cual había la certeza de que al menos por un tiempo se detendría la coimeadera y la corrupción de las fuerzas de seguridad. La cárcel de Punta Coco no era de máxima seguridad para sus detenidos, si no para los funcionarios que debían lidiar con ellos evitando que cayeran en las redes de corrupción.
En la comunidad de Panamá Viejo, según investigaciones del sociólogo Danilo Toro, 24% de los niños en edad escolar están fuera del sistema educativo. Esto es uno de cada cuatro, aun a pesar de la Beca Universal, La Red de Oportunidades y Barrios Seguros. Aquí no hay Estado que funcione para esta niñez y lo que queda es una incubadora de crímenes y violencia.
Cuando un grupo de interés, llámese los madereros irregulares de Darién y Bocas del Toro, los invasores de terrenos en Veracruz y Pedregal, los buses piratas, los vendedores en los semáforos y las bandas delincuenciales imponen sus reglas, ellos están haciendo la función de gobernar espacios comunes. Es decir, le han usurpado soberanía al Estado panameño.
¿Cómo perdió gobernabilidad el Estado?
Panamá construyó su Estado a partir de las ruinas del Estado colombiano y a la sombra del Canal de Panamá. Desde Belisario Porras hasta Omar Torrijos, el crecimiento de las capacidades del Estado provenía de la mejor articulación de la economía panameña, la profesionalización de los servidores públicos, y la capacidad del Estado de hacer cosas y ofrecer servicios. La Gran distorsión provocada por el endeudamiento excesivo adquirido por los militares y la corrupción que campeó en las postrimerías de la dictadura militar, se empezaron a comer las capacidades de generación de bienes públicos, que tenía el Estado. Las grandes y pequeñas privatizaciones de la década de 1990 acabaron por desmantelar un Estado relativamente apto y hábil para convertirlo en un Estado contratista e inepto.
Apenas una generación atrás, el Ministerio de Obras Publicas tenía sus propios equipos y personal para darle mantenimiento a las calles de este país. Era tal la eficiencia del MOP que, a mediados del siglo XX, era esta entidad la que le daba el mantenimiento a los hospitales y escuelas públicas. El Ministerio de Salud, por su parte, era capaz de realizar una campaña de erradicación del mosquito de turno, o hacer una vacunación masiva con suma eficiencia. Desde 1993 no hemos podido erradicar efectivamente las enfermedades contagiadas por los vectores. En materia de basura, todos recordamos cómo el ingeniero Nilson Espino fue capaz de salir a las calles después de la invasión y con todo el personal de la dirección metropolitana de aseo, empezó a limpiar y a barrer nuestra ciudad capital después del mayor trauma de toda su historia.
Por años el Puente de las Américas tuvo una cuadrilla de mantenimiento. No había que dar jugosos contratos de parcheo, pintura o reparación. La cuadrilla se conocía el Puente de cabo a rabo, y tenía su rutina de mantenimiento constante. Si se desmantelaba la cuadrilla, el Puente quedaba a expensas de contratistas con distintas agendas y capacidades. Actualmente hemos gastado más en la reparación del Puente de las Américas en los últimos tres gobiernos, que lo que costó el Puente Centenario.
Pertenezco a una generación de panameños que pensaba que después del 31 de diciembre de 1999, el Estado panameño sería soberano sobre todo su territorio y que, entonces, el problema fundamental de Panamá sería el de resolver las grandes inequidades económicas y sociales que tiene el país. Han pasado diecisiete años de ese momento y cuesta mucho entender que la cuestión fundamental que enfrenta el Estado panameño es su propia viabilidad, producto de la politiquería, la corrupción, y el parasitismo de la clase política, que ha convertido al Estado panameño en un gigantesco cajero automático. Un Estado que hoy es incapaz de garantizar una educación digna bajo condiciones decentes y seguras a los niños de cuatro años que asisten a la escuela Gran Bretaña y que se han convertido en la carne de cañón de la guerra por la gobernabilidad y la funcionalidad del Estado.
