La primera vez que encontré un rastro histórico de narcopolítica en la vida republicana del istmo de Panamá fue cuando exploraba la hemeroteca de la Universidad de Panamá. Me encontré en las memorias del Ministerio de Gobierno y Justicia de la segunda década del siglo pasado, una ingenua mención de un funcionario que había participado de algún operativo de captura de opio en alguno de los fumaderos tan populares de la época.
El funcionario, muy orgulloso de su acción, le escribía al ministro informándole cómo políticos locales habían mediado para evitar el operativo. Busqué ansiosamente en la memoria del ministerio, si al funcionario de marras lo habían destituido, pero para mi sorpresa esa información no estaba en dicho documento.
Para la Segunda Guerra Mundial, ya los soldados estadounidenses acantonados en la base de Clayton tenían plantaciones de marihuana, que regularmente eran destruidas, pero por alguna razón la cannabis no faltaba.
Las conocidas siembras en la Isla del Rey, que llegaron a la fama mundial como “Panamá Red” fueron seguidas por otras plantaciones de marihuana en la isla de Coiba, las que fueron cosechadas por los presos y posteriormente vendidas por algunos contactos de los comandantes de la Guardia Nacional.
El nombre de José Antonio Remón Cantera y su magnicidio el 2 de enero de 1955 siempre ha estado rodeado del hálito de un “ajuste de cuentas” o el cobro de viejas rencillas del narcotráfico. La vinculación de los uniformados con el narcotráfico probablemente tiene 100 años, desde los fumaderos de opio hasta la moderna logística del narcotráfico, ninguna de estas actividades sería posible sin un grado de complicidad o participación de la Fuerza Pública.
Cada gobierno del periodo democrático ha tenido sus escandalitos vinculados al escabroso tema. Por ejemplo: ¿cuántos millones de dólares en efectivo fueron incautados en la imprenta Edicano durante el gobierno de Guillermo Endara?, ¿Cuánto donó José Castrillón Henao a la campaña presidencial de Pérez Balladares?, ¿por qué no se cautelaron los fondos de las FARC en Panamá durante el gobierno de Mireya Moscoso?, ¿qué pasó con el inspector Franklin Brewster y con los fondos de David Murcia, en el gobierno de Martín Torrijos?, y ¿qué ha sucedido con la gran cantidad de altos oficiales de todos los cuerpos de seguridad detenidos por vinculaciones con el narcotráfico?
Colombia produce más de mil toneladas de cocaína anualmente. No hay cifras exactas de cuántas de estas toneladas pasan por Panamá. El promedio de captura anual de la última década ha girado alrededor de 50 toneladas. Con cada captura vienen detenciones y cautelaciones de bienes. La cocaína atrapada se mueve por auto, por contenedores, por lanchas, por mulas humanas, y hasta por aviones. Inútilmente, las cárceles se llenan de personas que tenían sus estómagos cargados de comprimidos con droga, o que forraron sus cuerpos o se dispusieron a cargar equipajes con droga. No tiene sentido capturar a estas personas en el aeropuerto de Tocumen o en los puertos de entrada si no se hace el debido seguimiento para encontrar al siguiente eslabón en la narcocadena. Una vez, la policía desplegaba con orgullo la detención de dos extranjeros que venían con maletas cargadas de efectivo, con la misión de lavarlos en la banca local. Habría sido tan fácil darle seguimiento para saber que banco, casino, hotel, firma de abogados y demás sucedáneos les iban a facilitar el lavado de dinero.
Cualquier recorrido ligero por nuestras provincias se topa con las fincas, casas de playa o de montaña que son propiedades de políticos y otros, a quienes nadie les conoce un oficio decente o un negocio familiar que hubiese justificado tanta prosperidad. A los peculados que nunca fueron investigados, al tráfico de influencias que jamás fue regulado, o a la venta de leyes, decisiones administrativas o fallos judiciales que construyeron malas fortunas por doquier, era natural que se le sumara el narcotráfico.
El Estado panameño abandonó los servicios públicos y la presencia en las calles de funcionarios distintos a los policías. Hace más de 30 años, las zonas rojas son terreno fértil de todo tipo de crimen. El Estado se ha convertido en cómplice de las bandas y de los narcotraficantes. La cárcel de Punta Coco existe porque todas las otras cárceles están penetradas por la corrupción. Algunas de las armas de grueso calibre que han caído en manos de las bandas provienen de las armerías de los cuerpos de seguridad. Incluso pistolas austriacas, fabricadas para las fuerzas de seguridad panameñas han terminado en manos de terceros, quienes las usan con orgullo a pesar del escudo oficial que las decora.
¿Quiénes son los mediadores entre el Estado y la comunidad? Los diputados y los representantes de corregimiento actúan como intermediarios que facilitan el suministro de bienes públicos, puestos de trabajo, becas, viviendas, bolsas de comida y otros beneficios. Las bandas y los narcos buscan el amparo del poder político para neutralizar el poder del Estado. En otras palabras, la narcopolítica es una acción por la cual servidores públicos traicionan al Estado para servir otros fines. Como con toda forma de corrupción el Estado siempre pierde.
En 1993 cuando llegué a Estados Unidos para mis estudios de postgrado, conocí una amistosa familia portorriqueña que en su mayoría era policía. De cuando en cuando, me contaban sus historias de combate con las pandillas urbanas, que dominaban la delincuencia organizada de una parte del norte de los Estados Unidos. Recuerdo que me hablaban de lo duras que eran las pandillas jamaiquinas o dominicanas. Me sorprendió muchísimo cuando me informaron que el grupo más duro entre los duros venía de Colón. Pensé que esto era una anécdota más de los panameños en el mundo, pero me volví a encontrar el tema de las pandillas colonenses en Chicago. La queja de los federales y de la policía local era que los colonenses habían cambiado la logística del narcotráfico. Me presentaron una estratagema en la que se usaban bebés prestados que eran llevados por sus supuestas madres, por avión desde Panamá, y la droga se llevaba en forma líquida dentro de biberones.
Versiones más sofisticadas de esta historia se empezaron a contar en España y en Holanda. Los colonenses mejoraron la logística del narcotráfico y controlan buena parte de la coca que entra a Europa.
El 98% de los colonenses nada tiene que ver con esto, pero la forma en que el Estado panameño ha dejado que los negocios ilícitos se tomen una parte importante de la costa atlántica, hará muy difícil quitarle Colón a los narcos. Y con la provincia de Colón va Chiriquí, Los Santos y por supuesto el resto del país. Esto hace pensar que solo la honestidad y la integridad de las autoridades, de la empresa privada y de la sociedad civil pueden derrotar a la narcopolítica. De lo contrario, nos estaremos convirtiendo muy rápidamente en otra versión de México. Piense en eso cuando vaya a votar el 5 de mayo.
