El reloj electoral panameño está haciendo un ruido ensordecedor. Los panameños estamos a punto de enfrentar un punto de inflexión en nuestra historia política con las elecciones de 2019. La clase política está trabajando a toda marcha para sepultar todo intento de reforma del sistema electoral y negarnos a los ciudadanos la esperanza de un país honesto y decente.
Durante el Siglo XX, los estudiosos reconocían que las únicas dos elecciones presidenciales honestas, antes de 1968, habían sido la de 1932, presidida por Ricardo J. Alfaro y la de 1960, bajo el gobierno de Ernesto de la Guardia. El fraude electoral y la componenda están en el ADN de nuestra nación.
Si aprendimos a contar los votos en las urnas después de 1989 fue debido a los 26 mil soldados estadounidenses que ayudaron a establecer el nuevo orden político de Panamá. Desde 1994 hasta el año 2009, el Tribunal Electoral organizó elecciones limpias y las instancias de irregularidades electorales fueron mínimas.
Todo eso cambió en 2014. Aunque el Tribunal contó los votos correctamente, los cientos de millones de dólares que administró el gobierno pasado, para influenciar los resultados en circuitos electorales claves, le hicieron mucho daño a la democracia panameña. Prácticamente la totalidad de las barbaridades cometidas van a quedar impunes porque la prescripción en materia de derecho penal electoral es muy corta y, en unos meses, la gran mayoría de los casos prescribirá. Por primera vez desde 1989, el fraude electoral quedará impune.
La debilidad principal de nuestro sistema de justicia electoral radica en el Fiscal General Electoral quien, como figura independiente y autónoma, se supone que debe llevar adelante las pesquisas y las acusaciones contra los políticos corruptos y sus cómplices. Si el Fiscal Electoral fuera designado por los magistrados del Tribunal Electoral, su independencia sería significativa. Sin embargo, al Fiscal Electoral lo designa un Presidente, que usualmente quiere entrometerse en el poder electoral, controlando las acciones de la justicia penal electoral.
Por si fuera poco esta gran debilidad, el Tribunal Electoral se ha demostrado incapaz de fiscalizar las donaciones y aportes de campaña que reciben los políticos.
Ahora resulta que ni Odebrecht ni las familias más acaudaladas de Panamá le aportaron algo a alguna campaña. Con ese escenario, nos aproximamos vertiginosamente al 4 de mayo de 2019.
Por si esa fecha no fuera suficiente, basta recordar que el 30 de junio de 2019, Ricardo Martinelli deja de ser diputado del Parlacen, y todos sus casos ante la Corte Suprema de Justicia deberán ser declinados a la justicia ordinaria, fuertemente influenciable por el nuevo gobierno que tome posesión. Al igual que con el caso del exmagistrado Víctor Benavides, ya sabemos lo que puede pasar cuando hay un cambio de tribunales.
Ojalá las elecciones de 2019 sean las últimas en que se acepten donaciones privadas. El futuro de la República requiere que sus mejores hombres y mujeres participen en la política. De lo contrario, esos comicios podrían ser los últimos que este país conozca en mucho tiempo.
