Unos años atrás me hubiera opuesto vehementemente a cualquier intento de implementar el sistema de “voucher” o de cupones de compensaciones educativas en Panamá, sin embargo el letargo burocrático, el miedo de los políticos a enfrentarse a los educadores y la atrofia de la mayoría de los gremios y asociaciones docentes, me han convencido de que hay que hacer algo, aunque sea pequeño para empezar a salvar nuestra educación. Esta es la aplicación del Principio de la lista de Schindler a las políticas públicas: “Si no podemos salvar a todos, por lo menos salvemos a algunos”.
El concepto del “voucher” es muy sencillo. Voy a tomar como fundamento la iniciativa presentada por la Fundación Libertad en el programa matutino de Álvaro Alvarado en Telemetro: a cada padre de familia con hijos en el sistema de educación pública se le da un cupón equivalente a 2 mil 500 dólares por cada hijo, cantidad que equivale a lo que le cuesta al país, un estudiante en las escuelas públicas, para que decida en qué escuela lo matricula. El sistema tiene deficiencias importantes de cobertura y calidad que hay que resolver, pero vale la pena intentarlo para empujar el cambio educativo.
Propongo que se destinen 100 millones de dólares de presupuesto a partir del año 2018, para empezar el cambio. El presupuesto de este sector es de aproximadamente $2 mil 400 millones, por lo que $100 millones no son un agujero mortal para este sector.
Panamá puede empezar a implementar con esos 100 millones de dólares, el “voucher” para aquellos estudiantes de escuelas públicas del área metropolitana (Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera) que tengan un índice de 4.5 de promedio en el año 2017. Estos estudiantes se podrán matricular en cualquier escuela privada o pública de su elección.
Las escuelas públicas que reciban “voucher” podrán usar estos fondos libremente, sin control previo de la Contraloría General. Las escuelas privadas no pagarían impuesto sobre la renta por los ingresos de los “voucher”, y en el caso de las escuelas religiosas, se les daría un crédito fiscal adicional para cada escuela.
Estimo que la primera vez que se use este sistema se pueden beneficiar entre 25 mil a 30 mil estudiantes. Esto estimularía una sana competencia y promovería la innovación educativa. También haría que prestigiosas escuelas privadas fueran más accesibles y, por lo tanto, más incluyentes para toda la sociedad. Además, al estimular a los estudiantes a buscar el 4.5 rompería el culto a la mediocridad imperante en la educación oficial.
La fase piloto duraría dos años, y luego se ampliaría únicamente a los estudiantes de índice de 4.0. Se incluirían gradualmente a más provincias y comunidades en el proyecto.
Es un tímido comienzo pero por alguna parte hay que empezar. Actuemos ahora mismo, y quizás para 2025 la revolución educativa sea una realidad.
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