La pandemia de la Covid-19 aceleró el ciclo de desequilibrio fiscal, y de la seguridad social en unos 5 años. Muy posiblemente lo que estamos enfrentando ahora en materia de presupuesto, lo íbamos a tener que lidiar a mediados de esta década.
Igualmente, se estimaba que para el 2026, el Fondo de Beneficio Definido de la Caja de Seguro Social, entraba en insolvencia. El coronavirus nos adelantó el reloj, y la factura por la irresponsabilidad fiscal de la última década, nos llegó mucho antes de la quincena.
Como se ha dicho con anterioridad, el presupuesto general del Estado panameño tiene problemas sistémicos. empezando con el hecho de que nuestro presupuesto es 60% mayor que el de Uruguay, y un 30% más grande que el de Costa Rica. A cambio de eso, la calidad de nuestros servicios públicos dista mucho de los de esos dos países actualmente atribulados por la tercera ola de la pandemia.
Los dogmas de la fe económica
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, explicó públicamente que el país necesita pedir otros 6 mil millones de dólares este año, eso colocaría a nuestra deuda pública en el rango de los 45 mil millones de dólares. Adiós al grado de inversión, y bienvenida a la calificación de bonos “basura”.
Además, este cuadro dantesco se empeora ante el gran desempleo que existe en el país, el cierre de muchos negocios, y la inminente cancelación de obras públicas por falta de presupuesto.
La receta usual de los dogmas económicos es que se deben subir los impuestos, bajar los gastos, eliminar subsidios y rezar mucho para que el gobierno de turno no se caiga por la aplicación de semejante receta económica. Sin embargo, aplicar un nuevo paradigma a las finanzas públicas, bien puede ser una buena noticia para los panameños.
El dogma tributario tiene una trinidad compuesta por el principio de territorialidad de la carga fiscal, acompañada por el criterio de que la mejor forma de atraer inversiones y generar empleos, es por vía de las exoneraciones, culminando con el más sacrosanto de los mandamientos: al sector financiero no se le toca. Es hora de un poco de herejías.
Un nuevo ordenamiento tributario
Las primeras víctimas probables parecen ser la concesión portuaria de Panamá Ports y el contrato de Minera Panamá. En el caso portuario hay que tener mucho cuidado con la fórmula que se usa, ya que si se aprieta mucho podemos perder el negocio. Sin embargo, mientras haya Canal habrá puertos con negocios, por lo que un pago más justo es posible. En el caso minero, me encontré con un estudio de la Comisión Chilena del Cobre sobre lo que se paga en los distintos países líderes en esta actividad: “...en Australia Meridional llegan a 44,6%; en México a 41,6%; en Perú a 40,7% y a 40,1% en Columbia Británica [Canadá].”. En Chile la renta que recibe el Estado es del 41% del ingreso de la explotación minera. Por muchas razones en Panamá es solo el 2% de regalía.
Así que hay un buen margen para alcanzar la norma de la industria. Entendamos los números con un ejemplo: si la tonelada de cobre está a 10 mil dólares, y la minera dice que va a sacar 320 mil toneladas al año, eso equivale a 3,200 millones de dólares. El 40% de eso es mil 280 millones de dólares, en un año.
Los puertos y la minería no son los únicos beneficiados de un régimen tributario anoréxico. Existe algo llamado “zonas libres de petróleo”, que en Panamá representan un negocio de 2 mil a 3 mil millones de dólares al año.
Estos son los que les venden combustible a los barcos que cruzan el Canal o atracan en nuestros puertos, igualmente le proveen jet fuel a los aviones que usan los aeropuertos locales, y a las plantas de energía térmica en el país. Aquí hay un negocio maduro, bien definido que necesita aportar un poco más al fisco.
Pareciera que el pastel se achica para cortar más tajadas tributarias, pero en realidad hay un pastel más grande guardado en la refrigeradora.
El sistema fiscal panameño es esencialmente territorial, solo se le cobra impuestos a las actividades generadas y consumidas localmente. El otro sistema se denomina universal, allí se le cobra impuestos a toda empresa o ciudadano que genere una renta, sin importar si es local o foránea.
Frente a la situación actual, Panamá podría adoptar un sistema híbrido, se le cobra impuestos a aquellas actividades que tienen que ver con el país. Por ejemplo, si una empresa tiene una sociedad anónima panameña y hace negocios en Bélgica, no tiene que pagar impuestos a Panamá, pero si de Panamá se le venden bienes o servicios a esa empresa extranjera, si debería pagar impuestos. Se excluirían de esta regla a las agroexportaciones, y a la Zona Libre de Colón, pero no a actividades como la venta de electricidad, los pasajes aéreos, o los pagos a entidades financieras panameñas provenientes de clientes en el exterior.
Un desafío mayor es el cobro de impuestos al sector financiero que no le resten demasiada competitividad ni encarezcan los créditos a la economía local. Existe un impuesto perfecto para esto: el impuesto Tobin nombrado así por el premio Nobel de Economía James Tobin.
Aunque el impuesto tiene algunas variantes, la forma más simple es el cobro de un pequeño porcentaje del monto de las transacciones financieras interbancarias. Imagínese algo así como 25 centavos por cada 100 dólares, que usted saque de un cajero, pague con una tarjeta de crédito, o transfiera entre cuentas. Se eximirían las cantidades muy pequeñas, los pagos de impuestos y servicios públicos, así como los de préstamos hipotecarios y personales. Con este impuesto se incluyen a casi toda la economía, y cuanto mayor sea el monto, mayor será el impuesto.
La otra tarea
Acompañando a los cambios fiscales anteriormente mencionados, y los que surjan, debe implementarse una política de ahorros y optimización de las finanzas públicas. Hay que eliminar aquello que es inútil o redundante en el gobierno. Por ejemplo la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario solo recoge la basura en el distrito de Panamá, de eso se puede encargar una empresa privada.
Los Bingos Nacionales son totalmente irrelevantes, deben eliminarse del todo. A esa lista sumo a la Lotería Nacional de Beneficencia, que se ha convertido en una fuente permanente de corrupción y clientelismo, se puede vender la mitad de la entidad y darla en administración a un operador de lotería que le entregue dividendos al Estado, y que persiga a las casas grandes.
Igual suerte puede tener el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que cada gobierno inventa su propia estrategia con el aeropuerto y recarga de nombramientos, casados con proyectos faraónicos como la ampliación a cargo de Odebrecht. Hay mucho espacio para que la iniciativa privada aporte eficiencia y capacidad en temas en los cuales el Estado ha sido secuestrado.
Este listado es una invitación a pensar fuera de la cajita de fósforos que es nuestra política fiscal, entender que Panamá tiene a diferencia de Colombia, sectores de la economía que pueden tributar. Lo más claro de todo, es que ya es tiempo de examinar el más grande tabú de todos: la gigantesca planilla de instituciones ineficientes. Esa discusión tiene que hacerse, y seguramente tomará un poco más, pero es tiempo de examinar esa hoja de ruta.
