El pasado 10 de junio una corte federal del distrito sur de Florida condenó a la empresa Chiquita Brands International a pagar 38.3 millones de dólares a las familias de 8 víctimas colombianas que fallecieron a manos de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), en las regiones de Urabá y Antioquia, ambas muy cerca de la frontera con Panamá.
La condena en este proceso civil se obtuvo en este tribunal de primera instancia, luego de 17 años de litigio emprendido por la ONG de defensa legal EarthRights International, que representa a los familiares de unas 500 víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, que consideran está directamente vinculada a las acciones de Chiquita Brands. La decisión del lunes se refirió al primer grupo de nueve víctimas cuyos reclamos fueron aceptados de las que ocho fueron consideradas merecedoras de una indemnización por el jurado de este proceso.
La historia de una bananera
La multinacional bananera tuvo sus orígenes en 1870, y para 1899 adquirió el nombre de Unite Fruit Company, que mantuvo hasta 1990, cuando se lo cambió a Chiquita Brands. Los panameños de cierta edad recordarán la etiqueta azul ovalada que aparecía pegada en los perfectos bananos chiricanos y bocatoreños, que tenían la silueta de una mujer joven con una canasta en la cabeza y el nombre “Chiquita” en letras blancas. Esa denominación calificaba a la mejor clase de banano producido en América Latina.
A lo largo de sus más de 125 años de existencia la empresa fue denunciada por infracciones a los derechos laborales de sus trabajadores así como afectaciones ambientales. El 6 de diciembre de 1928 ocurrió una masacre en Colombia, que tuvo su origen en una protesta de los trabajadores bananeros que exigían ser contratados directamente por la Unite Fruit Company y no por intermediarios, dado que así no podían obtener mejores condiciones de vida. El ejército colombiano fue llamado a terminar la huelga y, según cifras oficiales, murieron 13 trabajadores, aunque en fosas comunes cercanas al área de la protesta, se encontraron restos de unos mil cuerpos. El escritor colombiano Gabriel García Márquez inmortalizó esta masacre en su novela Cien Años de Soledad, en la que afirmó, a través de José Arcadio Segundo Buendía, que los muertos superaban los tres mil.
Chiquita y los paramilitares
En el año 2007, Chiquita Brands llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el cual reconoció que en los años 1997 al 2004 le pagó 1.7 millones de dólares a las AUC, equivalente a 3 centavos de dólar por cada caja de banano producida. Supuestamente el pago era para procurar protección para los ejecutivos y trabajadores de la empresa y sus filiales colombianas Banadex y Banacol. Estos pagos se llevaron a cabo a pesar de que desde el año 2001 el gobierno de los Estados Unidos había declarado a las AUC como grupo terrorista. El acuerdo entre la empresa y las autoridades incluyó el pago de una multa de 25 millones de dólares, pero no incluía indemnización alguna para las víctimas de la violencia armada directamente vinculada a la AUC en la zona bananera.
La ONG ambientalista EarthRights International tomó el caso a nombre de los familiares de 500 supuestas víctimas y litigó en el Estado de Florida contra la empresa bananera. El caso se demoró muchos años porque la empresa interpuso una impugnación a la competencia de la justicia federal de los Estados Unidos, bajo el supuesto de que los hechos ocurrieron en Colombia y por lo tanto debía ser en ese país donde se debió llevar adelante la demanda civil. Tras nueve años de litigio, en los que se agotaron todas las instancias de la justicia de los Estados Unidos se reconoció el derecho de reclamarle a una empresa de dicho país, en dicha jurisdicción por la responsabilidad civil emanada de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el extranjero.
En el año 2016, cubierto el tema de la jurisdicción, el caso se desarrolló en la esfera federal del distrito sur de Florida. Este año se realizó la audiencia del proceso en la cual fueron testigos altos ejecutivos y exejecutivos de la empresa, así como un exagente de la CIA que le recomendó a la empresa no pagar estos sobornos y como testigos destacados participaron algunos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso.
La decisión de primera instancia del pasado lunes es susceptible de apelación e incluso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ninguna decisión judicial puede desconocer los hechos constatados en este fallo, lo que hace poco probable que la impugnación cambie significativamente la condena. Este precedente judicial llevó al presidente de Colombia Gustavo Petro a reclamar en las redes sociales, ayer martes 11 de junio: “¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?. ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”.
Chiquita Brands cerró sus operaciones en Colombia en el año 2004. El litigio de las víctimas de los paramilitares en Colombia no es la única reclamación de derechos humanos que enfrenta la empresa, Existen dos casos judiciales en los Estados Unidos a nombre de trabajadores de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá que quedaron estériles por el uso inapropiado de pesticidas en particular el Di-bromocloropropano (DBCP), que había sido prohibido en los Estados Unidos en 1979, pero que siguió siendo usado en algunos casos hasta 1985, y que causó la esterilidad irreversible de algunos de los trabajadores que aplicaban el pesticida sin la protección adecuada. A estas reclamaciones no les ha ido tan bien como a la de los paramilitares, ya que una corte federal de California negó en el 2010 que tuvieran jurisdicción sobre un daño causado por una empresa estadounidense en otro país, lo que le cerró la puerta a muchos de los trabajadores estériles por el uso de DBCP en Panamá.
Así, la justicia para este capítulo de la historia latinoamericana sigue pendiente. El fallo del 10 de junio recuerda lo que es posible cuando un país tiene instituciones y verdaderamente considera a toda persona y empresa igual ante la Ley. El trabajo de las organizaciones no gubernamentales como EarthRights International no es cogobernar, sino procurar que los gobiernos cumplan a cabalidad con sus obligaciones.
(Con información de BBC Mundo, CNN, el espectador, El País, El Sol de México, Infobae y EarthRightsInternational) )
