Imagínese un incendio en un rascacielos. Se trata de un edificio lleno de gente que en medio del humo, el calor y la confusión, necesitan ayuda. Al llegar las autoridades al sitio del incendio, en vez de atender y rescatar a las víctimas, caen en un discurso bizantino de a quién se va a demandar por el incendio, mientras las víctimas son calcinadas por las llamas.
En el caso Senniaf es exactamente lo mismo. mientras una parte de la atención de la opinión pública se ha enfocado en cuestionar a los altos cargos del Mides y de la Senniaf, la línea de acción política determinada por el presidente Laurentino Cortizo, es la de instar a la ministra del Mides y a la directora de la Senniaf a poner querellas, y a la vez que el ministro de Economía y Finanzas provea de más fondos al sistema judicial para que disminuya la mora en los juzgados especializados en temas de niñez.
¿Y las víctimas para cuando? Este es un problema muy serio. Panamá necesita pedir ayuda internacional de Unicef o la Unión Europea para encontrar a todas las víctimas, no solo quienes están actualmente en albergues, si no también se debe buscar a todos aquellos que estuvieron en albergues en la última década. No debe quedar una sola persona sin entrevistar o examinar.
A corto plazo se necesita fortalecer la capacidad de la Senniaf de atender estos casos. En promedio un menor de edad puede pasar 4 años y medio en uno o más albergues, antes de que recupere su libertad, sea entregado a su familia, o a algún otro hogar. Esto es imperdonable. Sucede porque la Senniaf carece del personal técnico especializado que se requiere para darle curso a los trámites de estos menores. Faltan psicólogos, trabajadores sociales, educadores y enfermeras, que puedan darle acompañamiento a los menores de edad en los albergues.
¿Cómo se hará justicia? Según el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, hay 8 denuncias ante el Ministerio Público, y una de estas será juzgada en el año 2023.
Con ese diseño institucional y esa asignación de recursos, tomará hasta el año 2030 para procesar todos los casos de la Senniaf. No es una exageración, esos 10 años son el término que tomó el caso del envenenamiento del Dietilenglicol. Ante esa terrible realidad se necesita que el procurador Ulloa designe una fiscalía especial dedicada exclusivamente a atender estos casos.
Adicionalmente, hay que buscar un esquema para proveer de asistencia legal a cada menor de edad. El Mides y la Senniaf no pueden por definición representar a las propias víctimas de su incapacidad o corrupción.
Ahora que el ministro de Economía y Finanzas se metió en el tema, es justo que recuerde que la Senniaf ha tenido un presupuesto constante por muchos años de alrededor de 6 millones de dólares. La institución es la responsable de velar por el bienestar de 1 millón 319 mil 923 menores de edad según estimado de población del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para julio del 2020. Datos divulgados este mes de febrero, revelan que hay unos mil 200 menores en albergues.
Con la crisis de la Senniaf, aparecieron los expertos y nos recordaron la mora de la Asamblea Nacional en materia de legislación. Claro que nuevas leyes pueden ayudar, pero se necesita mucho más. Es necesario conformar una brigada de psiquiatras, psicólogos, maestros y trabajadores sociales, que le den acompañamiento a las víctimas.
Un menor de edad que carga un trauma, una autoestima lastimada, o un rezago de aprendizaje, es un adulto que se enfrenta al mundo con serias dificultades y muchas limitaciones. Eso no se cura con un cambio de albergue, ni tampoco con una nueva ley. Esas víctimas necesitarán años de terapia y acompañamiento educativo para que puedan llevar adelante sus vidas con dignidad.
Con la ayuda internacional y fondos del Estado panameño, se tendría que constituir un programa de becas de largo plazo que garantice que estos menores de edad, y los jóvenes adultos que salieron del sistema de albergues, bajo la jurisdicción de la Senniaf, cuenten con las mejores oportunidades educativas y formativas. Es justo que tengan tutores, mentores y orientadores, que los ayuden a superar la terrible ancla que el Estado panameño les puso a sus vidas.
Nada de lo anterior exime la responsabilidad penal de los funcionarios y ex servidores públicos, que conociendo los abusos no hicieron nada. Por supuesto, tampoco exime de responsabilidad a los abusadores y perpetradores del maltrato.
También debe quedar claro que nada excusa al Estado panameño por semejante atrocidad. Es justo que las víctimas sepan que mantienen todo el derecho de demandar al Estado por el incumplimiento de su deber más fundamental: proteger la vida y la integridad de los más vulnerables.
