La gran mayoría de los almacenes están saliendo de su inventario para renovar su oferta. Un recorrido por cualquier centro comercial revela los grandes descuentos que están haciendo los comercios para atraer clientes y generar ingresos. Parece que también el Estado panameño está de baratillo.
Las ofertas que está haciendo el gobierno actual para llegar a acuerdos en materias de energías, puertos y minas, son parte de una cuestionable generación de inversiones, que a la larga implicarán una pérdida para el país. Las transacciones anunciadas en materia de energía y de minería, parecen resolver los problemas de intereses específicos (donantes), y no la atención de las grandes necesidades nacionales.
En energía, la decisión de casar la matriz de generación con otra planta de gas natural, dándole valor a una entidad cuestionada como NG Power, es un premio a un donante privilegiado de campaña y un verdadero atolladero para el país. La generadora de 670 MWH aumentará el dominio de AES sobre el mercado energético, aunque la empresa aparece como accionista minoritaria con apenas el 24% de la nueva generadora, gana por doble vía porque también venderá sus acciones en la Hidroeléctrica de Bayano al Estado. Este último elemento es la verdadera clave de las transacciones que está haciendo el gobierno actual.
Me explico. El Canal de Panamá tiene el gran desafío de conseguir agua para su operación. El cambio climático, los patrones de consumo de agua del área metropolitana, junto con la deforestación de la cuenca del Canal han convertido al vital líquido en la Espada de Damocles del futuro de la vía interoceánica.
La ACP venía considerando múltiples soluciones, desde plantas desalinizadoras, el embalse del Río Indio, la creación de pequeños embalses dentro del propio lago Gatún, y el bombeo de agua desde el lago Bayano.
Esto último no era posible porque había que comprarle las acciones de la hidroeléctrica de Bayano a la empresa AES, la que, según rumores, había exigido un precio elevadísimo. Si el gobierno y AES llegan a un acuerdo sobre Bayano, el Canal tiene su nueva fuente de agua, y se libera el interés de la ACP de crear un embalse que sirva como reserva en el río Indio. Ese embalse iba a desplazar familias campesinas que necesitan las tierras para continuar con sus vidas. Las tierras más próximas al embalse de Río Indio colindaban con la minera, y las del norte de La Pintada ahora se van a convertir en otra concesión minera. Así que resolviendo Bayano, se resuelve la competencia por las tierras y aguas del Río Indio, y el norte de Coclé.
Otra parte del baratillo es la renovación del contrato de 25 años de Panama Ports. Se ha mencionado que existe la posibilidad de que se le entregue al gobierno un pago de 150 millones de dólares al momento de obtener la renovación de la concesión portuaria. Dado que han sido 25 años de operación, este pago equivale a 6 millones por año, que se puede dividir entre el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal, serían entonces apenas 3 millones por puerto, por año.
PPC no ha sido el mejor socio de Panamá, ya que hizo todo lo posible para matar al puerto de Corozal, y reducir la competencia del puerto de Rodman. Además, Panamá ha invertido más de 5 mil millones de dólares ampliando el Canal de Panamá, y creando más infraestructura logística como la autopista Panamá-Colón. Además, se amplió la carretera Panamericana entre David y Santiago, lo que beneficia grandemente a los puertos panameños para que reciban y despachen más carga, desde y hacia Centroamérica. Eso a cambio de 3 millones de dólares por puerto, por año, es un super mal negocio.
Los malos negocios no terminan con los puertos. El gobierno nacional está apurado a darle su visto bueno a la mina de Cerro Quema en la provincia de Los Santos. Esta concesión minera no fue renovada por la administración anterior, lo que a todas luces significa que legalmente no existe. Ahora el Ministerio de Ambiente, revivió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina, lo aprobará y se generará la ficción de que con eso se cumplen las condiciones de la concesión. Según el informe de prefactibilidad de esa mina, la operación duraría poco más de 5 años, y luego la abandonarían. Como los términos bajo los que funcionaría la mina de Cerro Quema, son muy parecidos a los que actualmente tiene Minera Panamá, hay que apurarse antes de que empiecen las nuevas condiciones que está negociando el Ministerio de Comercio y la Cámara Minera, bajo la bendición del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esa ficción jurídica que quieren imponer, para la mina de Cerro Quema, es la misma que se busca para la concesión de las 25 mil hectáreas a la empresa canadiense Broadway Minerals. Si esta empresa hereda la concesión de Petaquilla Gold, es la continuidad de la concesión de Petaquilla, y por lo tanto debe operar bajo las mismas condiciones que la gran mina de Donoso.
He escuchado a mucha gente seria en este país afirmar, que Panamá no debería esperar mejores pagos ni imponer muchas condiciones a estas empresas, porque el país no está poniendo dinero en esos proyectos, solo la tierra. Desde 1903 hasta 1977, Panamá luchó para negociar un tratado que le devolviera la soberanía y le transfiriera la operación del Canal de Panamá. Es un sinsentido considerar que Panamá tenía derecho para exigir el Canal que se construyó sin un solo centavo de los panameños, y que no podemos exigir mejores condiciones, o negarnos a inversiones que se apropien de nuestros recursos naturales, nuestro mercado eléctrico, o nuestra posición geográfica.
