En 1991, el gobierno del entonces presidente Guillermo Endara otorgó una concesión de exploración minera que sería el antecedente de lo que en el tiempo se convirtió en la mina de Petaquilla, y con posterioridad en la concesión minera de Donoso, a cargo de Minera Panamá S.A. En los 32 años transcurridos, la clase política panameña fue muy capaz de otorgar concesiones mineras. Pero no fue capaz de regular adecuadamente el cierre de dichas minas.
Cerrar una actividad con un impacto ambiental significativo no es tarea fácil ni se puede realizar rápidamente. Panamá tuvo la experiencia del cierre de las bases militares de Estados Unidos, que operaban en la antigua Zona del Canal. Cuando se hizo el tratado Torrijos Carter en 1977, la intención implícita era que las bases militares de un país se convirtieran en bases militares del otro. Eso cambió el 19 de diciembre de 1989.
Aunque el tratado del Canal tenía una normativa ambiental, la misma fue de muy difícil aplicación, porque no había estándares definidos para el saneamiento ambiental, y porque a la institucionalidad panameña le era extraña la causa ambiental. Así, en la reversión, se saneó aquello para lo cual hubo presupuesto y lo demás se quedó sin atender. Esto incluyó las miles de hectáreas de los polígonos de tiro de Emperador y Piña, así como el área de bombardeo de Balboa Oeste, que quedaron algaretes. Con la ampliación del Canal se obtuvo tierra suficiente, de las excavaciones, para tapar gran parte del área de bombardeo de Balboa Oeste, en lo que parece fue un riesgo neutralizado. El polígono de Piña al parecer quedó en manos del Servicio Nacional Aeronaval que opera lo que antes fue Fuerte Sherman y el polígono de Emperador, que quedó en parte definido como “área de operación del Canal”, pero la mayoría de su superficie sigue siendo un riesgo para la población.
Otro riesgo ambiental y a la salud humana que la República de Panamá debió enfrentar era el de la isla San José en el archipiélago de Las Perlas. Durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta diciembre de 1947, la isla fue una base militar de Estados Unidos en la que se probaron armas químicas por parte de ese país y del Reino Unido. A diferencia de las obligaciones ambientales establecidas en el Tratado del Canal, Panamá pudo reclamar ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, Holanda, el estado de abandono de restos de esos armamentos químicos que habían quedado en la isla San José. Tomó unos 20 años para que el gobierno de Estados Unidos hiciera una limpieza focalizada de la isla San José bajo las obligaciones del Tratado de Prohibición de Armas Químicas. Fuera de todo esto quedaron las 7 mil hectáreas del campo de tiro de Río Hato utilizado durante los 40 años de vida de la base militar que funcionó allí, y deshechos militares en Isla Iguana, en donde se ensayaban los bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial.
El reto de una mina abandonada
Actualmente hay dos esfuerzos por definir el cierre de la mina de Donoso. El esfuerzo oficial es una mesa de cuatro ministros (Ambiente, Comercio, Seguridad y Trabajo) de la cual no hay mayor información disponible. El otro esfuerzo es el de la mesa técnica del Capítulo Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN es para el sector ambiental lo que la OIT es para el sector laboral. Esta mesa técnica ha convocado a decenas de especialistas, profesionales, activistas, campesinos, pescadores y científicos que en 5 grupos de trabajo vienen desarrollando un amplio número de planteamientos sobre el tema. Uno de los organismos que contactó al capítulo panameño de la UICN es la iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés). IRMA es una iniciativa global multisectorial que tiene un estándar que mide las mejores prácticas a nivel de la mina, incluyendo el cierre y rehabilitación de la misma. Actualmente una mina en Panamá está realizando una autoevaluación contra el Estándar IRMA para la Minería Responsable, pero no se trata de la mina de Donoso.
Seguramente debe haber otras instituciones como IRMA alrededor del mundo. Para encontrarlas y saber cuales son de verdad las que pueden ser aliadas de Panamá, el gobierno va a tener que pedir ayuda y muy rápido. Quizás, los mejores entes que puedan ayudar al Estado en este tema son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUDE) y la Unión Europea. Panamá debe pedir asistencia para identificar a empresas serias que puedan hacer la auditoría ambiental de toda el área impactada por la mina de Donoso. A la vez hay que establecer los términos de referencia para la licitación internacional de la empresa que se encargará del cierre y de la primera etapa del saneamiento de la mina de Donoso. Por razones obvias no puede ser Minera Panamá S.A. ni su matriz First Quantum Minerals Limited.
Este proceso de seleccionar a la auditora ambiental y a la empresa para el cierre y el saneamiento inicial, debe ser realizado lo más rápido posible. Lo que significa que muy posiblemente lo deba realizar una comisión de alto nivel compuesta por funcionarios, representantes de la sociedad civil, y científicos con el acompañamiento del PNUD. La licitación internacional la podría hacer el PNUD o una oficina especial de las Naciones Unidas que se llama UNOPS. Una vez se haya hecho esta licitación Minera Panamá S.A. debe entregar las facilidades e instalaciones de la mina de Donoso con un inventario. En ese momento, la empresa encargada del cierre pasará a controlar toda el área impactada por la concesión bajo la supervisión del Estado panameño. ¿Cómo se pagará esto? Minera Panamá S.A. entregó en noviembre pasado más de 500 millones de dólares al Estado que fueron puestos en una cuenta especial del Banco Nacional. Allí hay dinero para todo esto y mucho más.
Es claro que la ciudadanía panameña no confía en el gobierno actual, y que las actuaciones de muchos funcionarios son muy poco transparentes y aumentan las dudas. A esta crisis de confianza no ayudan los comunicados de la minera y el silencio sobre lo que está sucediendo dentro de la mina. Actualmente se necesita que entre mucha cal al proyecto minero para neutralizar la acidificación de las gigantescas tinas de relave. Algunos grupos de campesinos de la zona colindante con la mina están bloqueando la llegada de esa cal, lo que pudiera devenir en una catástrofe ambiental innecesaria. Eso lo provoca la falta de transparencia y la falta de confianza. Quizás, una comisión de veedores conformada por profesores e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, personal retirado de la Autoridad del Canal de Panamá, y miembros del Comité Ecuménico pudieran ser parte de estos veedores que informarían lo que sucede dentro de la mina y ayudarían a la paz social en esa región del país.
La necesidad de un plan de cierre para esa mina no fue una sorpresa, fue la tarea que nunca se hizo en 32 años. El abandono de las minas de Santa Rosa, Remance y Petaquilla demuestra claramente que a los políticos panameños les importó muy poco la protección ambiental y mucho menos la salud de sus compatriotas. Ahora, con la mina de Donoso tiene que ser diferente, no solo por el tamaño y escala de la afectación y el riesgo que esta implica, sino también por la tremenda oportunidad que representa para Panamá demostrar que es capaz de hacerlo, y que puede recuperar su territorio para usos pacíficos y sostenibles.
Esta nota fue modificada el lunes 18 de diciembre de 2023, a las 12:40 p.m.
