Panamá enfrenta una multiplicidad de crisis, problemas sistémicos y necesidades estructurales, que reclaman la atención de la clase política y de la ciudadanía. Necesitamos aterrizar las prioridades que queremos resolver para evitar que caigamos en un abismo de una crisis de ingobernabilidad de categoría mayor.
Los especialistas en administración pública y en alta gerencia tienen distintos sistemas para fijar prioridades. Algunos consideran hasta una veintena de prioridades y otros, escogen hasta cinco por ser esta la cantidad de dedos de una mano, lo que facilita recordarlas. Para poder atenderlas como es debido propongo que en este momento actual se asuman tres prioridades: una sanitaria, una económica, y una política.
La crisis sanitaria
Para cuando se cumpla el aniversario del primer caso de coronavirus en Panamá, el próximo 9 de marzo, estaremos bordeando las 6 mil víctimas fatales. Es posible que para entonces tengamos unos 100 mil vacunados. A esa velocidad tomará más de un año vacunar dos veces a la población necesaria para alcanzar la inmunidad comunitaria. Eso es demasiado tiempo. Los cierres, toque de queda y suspensiones de labores por los rebrotes, siguen siendo una amenaza paralizante para este país.
Aunque gran parte de la vacunación depende de la disponibilidad de las casas farmacéuticas, hay medidas transitorias que pueden bajar muchísimo más los contagios y permitir que se mantenga la economía abierta. El profesor Joseph G. Allen de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, propone el uso universal de mascarillas N95, ya que las mismas son la mejor forma de filtrar el aire y evitar los contagios. Por su parte, el famoso doctor Fauci recomienda usar doble mascarilla como protección frente a los contagios. Cualquiera de las dos fórmulas puede ser masificada en Panamá. Recordemos, que la gran mayoría de la población tiene grandes limitaciones económicas, por lo que un esfuerzo gubernamental para proveer a cada panameño de centenares de mascarillas para cortar los contagios puede acelerar la superación de esta pandemia, mientras todos nos llegamos a vacunar. Esa iniciativa le daría al país una salida de la crisis sanitaria muchos meses antes, que debería ser complementada por la más amplia de las campañas de vacunación contra el coronavirus.
La crisis económica.
¿Cuál de todos los problemas económicos debemos priorizar como país? En realidad todos los problemas económicos que enfrenta Panamá son de altísima prioridad: aumento de la pobreza, incremento del desempleo, fragilidad de las finanzas de la Caja de Seguro Social, y la explosión de la deuda pública panameña. No podemos esperar 5 años para que la economía se recupere, o patear el balón para la próxima administración. Todos los problemas económicos enunciados necesitan una mayor intervención del Estado, pero el Estado está casi en la ruina. La cifra más reciente del monto de la deuda pública es de 38,907.9 millones de dólares. El pago de capital e intereses para este año supera los 4 mil 200 millones de dólares, una cantidad mayor que todo el ingreso del Canal de Panamá. Es posible que este año perdamos el grado de inversión, y caigamos en manos de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Fondo Monetario Internacional.
En el radar de economistas y financistas no aparece un antídoto que prevenga el inminente coma económico causado por un Estado paralizado. Es tiempo de desempolvar una vieja propuesta del científico panameño Rodrigo Tarté: un megacanje de deuda externa por naturaleza. El presidente Biden está preparando una cumbre sobre el clima para el próximo 22 de abril, Día de la Tierra. Panamá debe juntarse con un grupo de países “confiables” con una situación parecida: Costa Rica, Ecuador, Guatemala y República Dominicana. Con ese grupo pequeño de países vecinos, debemos proponer antes de la cumbre del clima un canje de nuestras deudas externas, a cambio de inversión para enfrentar el cambio climático. Para que sea interesante para la administración Biden, Estados Unidos se puede quedar con la mitad de los créditos de carbono que produciría dicha transacción. Mientras que para el fisco de los Estados Unidos, lo condonado sería insignificante, quizás aproximadamente un 1% del PIB de Estados Unidos. Para Biden sería una victoria fácil, y para nosotros una oportunidad para rescatar y transformar nuestra economía. La nueva libertad financiera le permitiría al Estado inyectar fondos en la recuperación económica, apoyar a la CSS y sacar a muchos panameños de la pobreza. Para ayer es tarde.
La crisis política
Senniaf, corrupción, representatividad política, nuevos corregimientos, impunidad de los grandes delincuentes, explosión del tamaño de la burocracia pública, militarización, mayor presencia de la delincuencia organizada, y muchas otras situaciones se presentan como síntomas de un sistema político institucional agotado. Según los voceros de la plataforma Ágora ya existen más de 100 mil sugerencias y quejas para el Diálogo del Bicentenario. Si de verdad se quiere atender el clamor nacional y enrumbar al Estado por el camino del desarrollo sostenible y de un mercado eficiente, solo hay una vía posible: una convocatoria a una Asamblea Constituyente. Está claro que el diseño del edificio constitucional tiene serios defectos, todavía hay tiempo para construir pacíficamente y de forma pluralista un nuevo Estado de derecho. Esa puede ser la mejor recomendación proveniente del Diálogo del Bicentenario, para que se convoque en el 2022 a la elección de la Asamblea Constituyente, de forma tal que en el 2023 tengamos una nueva Constitución, que regule las reglas del juego democrático y la gestión del Estado, antes de que se inicien las primarias y colectas de firmas para definir a los candidatos para las elecciones del 2024. Esa es la vacuna más necesaria y urgente para un país enfermo.
