El artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá es el principio general bajo el cual se organizan las universidades estatales. Este artículo dice:
Artículo 103. La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo.
Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas nacionales así como la difusión de la cultura nacional. Se dará igual importancia a la educación universitaria impartida en Centros Regionales que a la otorgada en la capital.
De una lectura simple se entiende el alcance y los límites de la autonomía patrimonial y administrativa de las universidades estatales. El diseño curricular no puede ser variado por los cambios de gobierno. Los catedráticos de una u de otra tendencia política no pueden ser despedidos al arbitrio de un gobierno de turno o de un rector imperial. Las precondiciones fundamentales para la buena enseñanza y la buena investigación requieren el pleno respeto a las ideas, la libre deliberación académica y por supuesto el avance o ascenso según el mérito y la excelencia. Todos los contribuyentes, incluso aquellos que no fueron a las universidades o cuyos hijos no tendrán esa posibilidad, han aportado recursos significativos para el funcionamiento de las universidades estatales, y por eso se requiere garantizar la mejor educación universitaria posible.
La guerra por el poder
Posterior a la invasión de 1989, y quizás como una reacción al periodo autoritario de los gobiernos militares, se implantó primero en la Universidad de Panamá y luego fue copiado por otras universidades estatales, un sistema electoral “democratista”. En las elecciones universitarias votan administrativos, estudiantes y profesores. Sus votos no valen lo mismo, y por supuesto muchos de los electores no tienen idea del propósito o los fines de la universidad. Para convertirse en rector, decano o director de un Centro Regional se necesita predominantemente el voto de los profesores, lo que ha creado a su vez una casta académica y un clientelismo brutal y desaforado.
En el modelo que ha evolucionado en los últimos 30 años, los profesores de las universidades estatales panameñas se han convertido en los mejores pagados de América Latina. Un profesor o profesora gana más que un ministro de Estado. Un decano o decana tiene mayor salario que el presidente de la República y los privilegiados rectores de la Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) tienen un salario mensual que duplica al de cualquier funcionario del gobierno central, y alcanza en promedio la friolera de 182 mil dólares al año agregando el décimo tercer mes.
Para mantenerse en el poder esos rectores, decanos y directores de Centros Regionales deben dispensar el maná al profesorado, asignándoles cargos administrativos para los que no tienen preparación, creando institutos de investigación que solo tienen el nombre y la planilla (salvo honrosas excepciones), e inventando una y otra forma de justificar aumentos salariales o mejoras de categorías que tienen el mismo efecto. El director de las cafeterías debe ser un profesor, el mandamás de mantenimiento debe ser un profesor, y así sucesivamente los altos cargos administrativos se han vuelto premios para la lealtad del cuerpo docente.
Las rebeliones
En los últimos diez años se han conformado coaliciones administrativas, docentes y estudiantiles que han promovido cambios. Así llegó el doctor Eduardo Flores Castro a la rectoría de la UP en el 2016. La insurgencia fracasó en UELAS cuando con total impunidad la candidata ganadora, para el cargo de rectora de la Universidad, la profesora Gianna Rueda fue emboscada en una telaraña de ardides y trampas urdidas por el rector eterno, quien finalmente logró sacar de esa universidad a los profesores y administrativos rebeldes, para conseguir que la rectora fuera Nicolasa Terreros Barrios. De nada valieron las acciones judiciales para defender los derechos de los profesores defenestrados, la Corte Suprema de Justicia fue también cómplice por su inacción en este caso.
Por otra parte en la UMIP, el profesor Víctor Luna Barahona, quien ejercía como rector y buscaba la reelección, fue separado de su cargo cuando finalmente “apareció” la resolución UMIP-R-023-15 del 28 de septiembre de 2015, firmada por la entonces rectora Fernanda Villar, que sancionaba al profesor Víctor Luna Barahona, lo que se constituía en un impedimento para su elección como rector. El documento había estado extraviado por casi una década, hasta que oportunamente fue rescatado del olvido. En el proceso electoral de la UMIP se dieron despidos de profesores y cambios en los encargados del proceso electoral, sin embargo, no tuvo el mismo destino de UDELAS porque la UMIP tiene un Consejo Superior, una Junta Directiva en la que participan personas ajenas a la institución.
La tragedia de la gobernanza
En las universidades estatales panameñas existen dos sistemas de elecciones. En la UP, UTP, UNACHI y UMIP existe el método de la elección directa ponderada en el que administrativos, estudiantes y profesores votan por las autoridades universitarias pero su voto tiene una valoración diferenciada con un sesgo favorable a los profesores. En la UDELAS existe el método del claustro universitario por el cual representantes elegidos en cada uno de los tres estamentos universitarios escogen al rector y a los decanos de la institución.
En principio el sistema más favorable para una universidad sería el del claustro, pero el proceso electoral de UDELAS demostró la vulnerabilidad del método. Sea cual sea la forma de elección de las autoridades universitarias, deberán existir dos reglas fundamentales: la no reelección y la supervisión externa de dicho proceso electoral por parte del Tribunal Electoral. Temas tan sencillos como los nombramientos de profesores o administrativos a última hora, la asignación de fondos a actividades favorables a una candidatura, y por supuesto el sabotaje de las candidaturas opositoras requieren de un mayor control y regulación.
Estas dos medidas no lo van a resolver todo. Existen problemas sistémicos de las universidades estatales y de toda la educación pública panameña que requieren atención, pero al quitar la distracción de la neblina de las elecciones universitarias y sus malas prácticas, se dará una oportunidad al análisis, la discusión y la construcción de un mejor futuro para las universidades estatales y por ende para país.
