El 16 de junio del 2010, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley 30, mejor conocida como “Ley Chorizo”. Esa iniciativa fue la mayor reforma de la normativa laboral y ambiental que había tenido el país en todo el periodo democrático. La Ley debilitaba a los sindicatos, eliminaba el requisito de realizar Estudios de Impacto Ambiental para proyectos que fueran caracterizados como de interés público.
Las protestas que precedieron a la aprobación de la Ley, palidecieron frente a la gran reacción popular una vez se sintieron los efectos de dicha norma.
En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, los trabajadores de las bananeras se percataron que no se les hacía el descuento de la cuota sindical.
Mientras que en la Comarca Ngäbe Buglé existía el temor de que se autorizara el proyecto minero de Cerro Colorado. Así, ante la anomia del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, las protestas aisladas se fueron convirtiendo en un gran movimiento de resistencia contra la Ley 30 de 2010.
Del 6 al 10 de julio de ese año se desencadenaron las mayores acciones de represión emprendidas por los cuerpos de seguridad del Estado panameño en tiempos democráticos.
Las víctimas de la masacre de Changuinola como constan en el “Acuerdo suscrito entre los afectados de la provincia de Bocas del Toro, sindicatos y gobierno nacional” del 29 de agosto de 2011:
Nótese la cantidad de ciudadanos panameños que perdieron la vista o sufrieron daños irreversibles en alguno de sus ojos producto de los disparos de perdigones a mansalva dirigidos precisamente hacia sus ojos.
Esto está prohibido por las convenciones internacionales, y a pesar de tantas víctimas, no se enjuició a un solo agente de las fuerzas de seguridad del Estado por estos crímenes de lesa humanidad.
Luego de la masacre de Changuinola, el gobierno de Martinelli negoció una tregua y echó para atrás la Ley Chorizo, logrando aprobar una media docena de leyes que restablecieron casi todo lo que había sido reformado por la Ley 30 del 2010. A pesar de esto, en enero del 2012, se recalentó la controversia con el pueblo Ngäbe.
Otro proyecto de ley, el 415, fue presentado a la Asamblea Nacional, supuestamente consensuado con todos los actores, pero fue dramáticamente reformado en el primer debate de la Comisión de Comercio.
El fantasma de la minería y proyectos hidroeléctricos en la comarca volvían al escenario.
El 29 de enero del 2012, la periodista investigativa canadiense Rosie Simms, quien había hecho varias publicaciones sobre las controversiales explotaciones mineras canadienses en Panamá, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando había llegado a Panamá para hacer otro reportaje.
La periodista fue puesta a órdenes del Servicio Nacional de Migración, institución adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, que dirigía José Raúl Mulino.
Ella fue repatriada sin causa alguna, y en una clara demostración de tercer tercermundismo, el gobierno de Canadá no hizo protesta alguna.
El 31 de enero en la tarde, por primera vez, el pueblo Ngäbe cerró la vía Panamericana a la altura de Tolé. Las cosas fueron escalando y para el 5 de febrero, se ordenó la suspensión de los servicios de telefonía móvil por parte de las cuatro operadoras de telefonía celular solo para el área de las protestas.
No había fundamento constitucional o legal, pero la orden fue cumplida. A la vez que esto sucedía, la represión se intensificó con la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí, quien murió por la represión policial, y Mauricio Méndez, que falleció en iguales circunstancias. Se firmó el acuerdo de San Lorenzo para poner fin al conflicto el 7 de febrero de 2012.
A pesar del acuerdo de San Lorenzo, los indígenas mantenían un alto nivel de desconfianza hacia el gobierno de Martinelli por lo que siguieron las protestas y cierres con menor intensidad.
Por esto el 20 de marzo otro indígena Franklin Javilla fue herido de bala por la Policía Nacional, falleciendo por esta causa.
Este terrible incidente presionó a la Asamblea Nacional para que enmendara su error de enero de 2012, y se aprobara una nueva versión del proyecto de Ley 415 con la prohibición de la Minería metálica en la comarca y restricciones a los embalses hidroeléctricos.
Ahora, los carniceros de Changuinola y San Félix quieren regresar al poder para anular las condenas por los casos de corrupción, hacer una Asamblea Constituyente Originaria la que podría destituir a todas las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hasta revertir las tres decisiones de inconstitucionalidad de los contratos mineros.
Los antecedentes del 2010 y del 2012 indican un patrón de intereses y proclividades. El voto responsable de los panameños y panameñas puede evitar que este sea el último proceso electoral de la democracia.
