Los defensores de la renovación “automática”, de la concesión portuaria de Panama Ports Company (PPC), celebran con alegría los millonarios ingresos que el Estado panameño ha percibido y percibirá de esta concesión.
Según un audito de la Contraloría General de la República, de febrero de este año, PPC le pagó al Estado panameño, entre 1997 y el 2020 la suma de 445 millones de dólares. Si esto fuera el guion de una cuña del gobierno aquí se insertarían los comentarios de fondo, de aplausos y algarabía por semejantes números, aunque la verdad sea dicha, incluso con los términos de la nueva contratación, Panamá ha perdido enormemente.
Veamos. De haberse mantenido el contrato original, Ley 5 del 16 de enero de 1997, PPC tenía que hacer tres tipos de pagos al Estado panameño: un canon fijo de 22.2 millones de dólares que podría ser aumentado hasta un 10% cada 5 años. Luego, la concesión establecía el pago mensual del 10% de los ingresos brutos provenientes de todas las operaciones de PPC, y finalmente la concesión original reconocía que el Estado panameño era dueño del 10% de las acciones de PPC, con su respectivo derecho a percibir utilidades como accionista de una empresa muy rentable. Como es público y notorio, estas cláusulas fueron cambiadas durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004). Sin embargo, mis estimados son el resultado del cálculo del contrato original.
Por el canon fijo de 22.2 millones de dólares al año, que “podía” ser revisado cada 5 años e incrementarse hasta un 10%, tenemos que en 25 años de concesión, de haberse hecho las revisiones máximas, el Estado panameño habría recibido 677.73 millones de dólares. A esto se le sumaría el 10% de los ingresos brutos, que según publicaciones recientes han sido hasta la fecha unos 4.400 millones de dólares, lo que representaría 440 millones más para Panamá. Finalmente, estaría el 10% de las utilidades que como accionista deberíamos haber recibido. Se ha divulgado que la empresa ha tenido utilidades por unos 900 millones de dólares, lo que significa que la tajada del Estado panameño habría sido de 90 millones de dólares. Sumando las tres cantidades: 677.73 millones, correspondiente a los cánones; más los 440 equivalentes al 10% de los ingresos brutos; sumado a los 90 millones de dólares de las utilidades del 10% de las acciones del Estado panameño, nos da mil 207.73 millones de dólares, por los 25 años de la concesión. Es decir que dejamos 762.73 millones de dólares en la mesa ¡Gracias Mireya!
El futuro
De nada sirve llorar sobre la leche derramada, pero sí tiene un impacto en la toma de decisiones, en hacer el cálculo de lo que representaría los próximos 25 años de la concesión de PPC. Por si acaso has estado en un retiro espiritual, en un submarino o probando la nave espacial de Jeff Bezos, debes haber enfrentado la saturación mediática de las cuñas de PPC. Según lo divulgado, tanto por el gobierno nacional, como por la empresa, los próximos 25 años producirán al país rentas directas por unos 800 millones de dólares, de la siguiente forma: 7 millones de canon anual fijo, y 24 millones de dólares por el manejo de contenedores (12 dólares por cada contenedor). Eso da 775 millones, y me imagino que redondearon los 800 millones, pero les acepto la cifra.
Imaginemos que aplicamos la misma matemática que a la primera parte de la concesión. Supóngase que para la nueva concesión de 25 años congelamos el canon fijo en la cantidad que quedó después del aumento quinquenal de 10%, que ocurrió 5 veces de forma originaria en la primera concesión. Ese canon quedaba en 32 millones 562 mil dólares por año, a los 25 años eso representa 814 millones con 50 mil dólares. Si se aplicara la regla del 10% de los ingresos brutos, se estima que en los próximos 25 años PPC tendrá 17 mil millones de dólares en ingresos. El 10% de eso es mil 700 millones de dólares. Finalmente para determinar las utilidades, voy a usar una “regla de 3” en base a las utilidades de la concesión que está por terminar. Si de 4 mil 400 millones de dólares de ingresos brutos, la empresa tuvo 900 millones de utilidades, eso equivale al 20.4% de margen de utilidades. En 17 mil millones de dólares de ingresos brutos, ese mismo margen de utilidades nos da 3 mil 468 millones de dólares, en utilidades futuras. De eso, le tocaría a Panamá el 10% es decir 346.8 millones de dólares.
Ahora bien, si sumamos todo lo que hipotéticamente habría ganado el Estado panameño, es decir, si se hubiesen respetado las condiciones originales de la concesión de PPC, y se hubiesen aplicado en la nueva concesión, eso equivaldría a 2 mil 860.895 millones de dólares, si se le restan los 800 millones de dólares que dice el gobierno que ganaremos en la nueva concesión, dejamos sobre la mesa 2 mil 60.85 millones de dólares (gracias Gabi). Si se suman las cantidades que quedaron en la mesa en los dos periodos de la concesión, tenemos un gran total de: 2 mil 823.58 millones de dólares que se perderían en total producto de una serie de malas negociaciones y conflictos de intereses.
El costo de las oportunidades perdidas
Todas las cifras anteriores son de naturaleza especulativa. Eso es lo que hubiera resultado del fiel cumplimiento de la concesión original. Eso no iba a pasar. A finales de 1997 fui parte del grupo de servidores públicos panameños que atendió una comitiva del más alto nivel del Senado de Estados Unidos, que venía a visitar a Panamá por el escándalo que causó que una empresa china se quedara con los principales puertos del Canal de Panamá. Los senadores argumentaban que lo ofrecido por PPC era una cortina de humo, y que tarde o temprano le pedirían al gobierno panameño cambiar los términos de la concesión, que solo habían sido propuestos con la finalidad de sacar de la competencia al consorcio estadounidense y al japonés que también participaron en la licitación de 1996. El tiempo les dio la razón. Esa concesión portuaria a PPC envenenó las relaciones de Panamá y Estados Unidos durante años.
A ese impacto diplomático de la concesión de PPC, hay que sumarle los otros dos puertos que no llegaron a nacer en la entrada sur del Canal de Panamá: Farfán y Corozal. Para nadie es un secreto que PPC fue el gran beneficiario de que estas dos iniciativas colapsaran. Si ambos puertos estuvieran en funcionamiento, los ingresos de PPC serían menores, pero los de Panamá serían mucho mayores.
Imaginemos la entrada del pacífico del Canal de Panamá con cuatro puertos: Farfán y Rodman en el oeste; Balboa y Corozal en el este. Este sistema prácticamente doblaría la capacidad portuaria del litoral pacífico. Esto significaría decenas de miles de empleos adicionales, bien pagados, en Arraiján y La Chorrera, así como en Chilibre y San Miguelito. Más puertos significan más barcos con contenedores, que requieren más camiones para su trasbordo, más operaciones del ferrocarril, así como más trabajo en los puertos de Colón. Ese aumento de barcos representa a su vez más ingresos por venta de combustibles y alimentos, así como clientes para hoteles y restaurantes, para atender a las tripulaciones. Más barcos con contenedores significan más tránsitos por el Canal, o que los navíos que transitan el Canal bajen su carga en Panamá.
Todo lo anterior se perdió de vista. La junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá ni siquiera fue capaz de negociar una cláusula de la nueva concesión para que PPC no entorpeciese otras concesiones portuarias. Una negociación tan deficiente representa un terrible fracaso de la institucionalidad del país, ya que hace muchos años el Estado pudo haber negociado o demandado judicialmente por inconstitucional, la cláusula que obligaba a la renovación automática. Ninguno de los gobiernos que desde 1997, formó parte de esa concesión, nos quitó de encima esa obligación tan nefasta.
Los multimillonarios fondos que se quedaron en la mesa, y las oportunidades perdidas para nuestro sector marítimo-logístico son los trofeos de una clase política que sigue siendo incapaz de amar a Panamá sobre sus propios intereses, y defender al país frente a propios y extraños.
