En la segunda quincena del mes de diciembre del año 2010, se movieron 43.9 millones de dólares de un puñado de personas naturales, y de más de una decena de personas jurídicas, hacia un esquema de opacidad, manipulación y engaño llamado New Business.
Para hacer estos movimientos financieros se usaron testaferros, se crearon contratos ficticios y se elaboró una telaraña de movimientos bancarios con la intención de comprar un medio de comunicación: la Editora Panamá América S.A. (Epasa).
El momento de la transacción no fue accidental. Ese año 2010, la Corte Suprema de Justicia se había doblegado al poder para defenestrar a la entonces procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez. La Contraloría General de la República estaba en manos de la que había sido una empleada de la cadena de supermercados propiedad del entonces presidente de la República.
La Unidad de Análisis Financiero, que debió detectar los movimientos sospechosos de esos fondos transferidos en diciembre de 2010, estaba en manos de una persona, Emma Reyes, que fue condenada a 10 años de cárcel por el delito de peculado, el pasado 16 de mayo.
A su vez, Ignacio Fábrega, un alto funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores en el gobierno del principal acusado, fue condenado el 3 de septiembre del 2015 a 5 años de prisión por haberle pasado información privilegiada a la casa de valores Financial Pacific, una de las empresas que participó de la canasta de New Business.
Un subalterno de Fábrega, Vernon Ramos, estaba investigando a esa casa de valores cuando desapareció (¿desaparecieron?) el 15 de noviembre de 2012. Así, sin instituciones de control y con entes supervisores corrompidos o debilitados, todo el país se volvió un negocio.
El uso de sociedades canastas se repitió en el caso Blue Apple y por supuesto en Odebrecht. Es muy posible que este exitoso modelo de corrupción se repitiera en otras instancias, pero eso nunca lo sabremos, ya que los empresarios corruptos y sus facilitadores suelen ser muy discretos.
El desfile de empresarios de alto vuelo como colaboradores de la fiscalía, y el de abogados, banqueros y testaferros, como parte de los testigos de la defensa, tiene un fuerte sabor a “Panama Papers”. Los bancos participantes no hicieron suficientes preguntas y parece que todo el mundo estaba contento con el hecho de que una sociedad sobregirada un día, terminara en negro con más de 30 millones de dólares en 15 días.
El juicio del escándalo de New Business nos da a la sociedad panameña una imagen propia de una resonancia magnética, de cómo se hacen los negocios en este país. Si se combinan empresarios muy poderosos, bancos sumamente permisivos y estructuras societarias diseñadas para la opacidad, la mezcla es verdaderamente explosiva, y en manos de un político corrupto se convierten en un arma de destrucción masiva de la democracia y el Estado de derecho.
Los infames ataques contra los fiscales del caso, el valiente perito Eliseo Ábrego y la jueza Baloisa Marquínez, habrían provocado una durísima reacción del colegio de abogados de cualquier país serio.
El hecho de que un exfiscal que conoció la causa y que abandonó el Ministerio Público apenas el año pasado, fuera testigo de la defensa está tan fuera de todo principio ético, como buscar un antiguo vínculo sentimental de la juzgadora como abogado sustituto para provocar un impedimento y causar la recusación de la funcionaria.
Está comprobado en la historia de América Latina que las puertas abiertas en la justicia y en las entidades de control, por las influencias de los grandes empresarios, luego se transformaron en autopistas para el narcotráfico y el crimen organizado.
Cualquiera sea la decisión final del caso New Business, Panamá tiene una agenda ética pendiente. Es urgente sanear el sistema financiero. Se necesita transformar la ética de la práctica de los abogados corporativos, al igual que la de los litigantes. No sé cual es la intención verdadera de que delincuentes condenados a la cárcel se puedan convertir en abogados.
Las constantes insinuaciones de que se ha investigado la vida privada de la jueza Marquínez, así como la de los fiscales u otros funcionarios, merece el repudio de toda la sociedad.
El hecho de que los gobiernos de Panamá han querido hacer creer al mundo que aquí de verdad se combate el blanqueo de capitales, se desmiente con las precarias condiciones en las que trabaja el perito Ábrego y el resto de la institucionalidad que tiene que enfrentar este crimen.
Su salario, y el de los fiscales y jueces, debería ser más alto que el de un ministro de Estado. Ellos son la verdadera defensa que tiene Panamá contra el blanqueo de capitales y lo que ha demostrado este juicio es que muy poca atención se le ha dado a sus necesidades y a la verdadera capacidad que debería tener el país para combatir los delitos de cuello blanco.
Este caso se lleva a cabo en el Sistema Inquisitivo Mixto, más favorable al Ministerio Público, por una decisión del gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli.
En su versión original, el Código Procesal Penal entraba en vigencia el 2 de septiembre del 2009, esto habría significado que el caso New Business, ocurrido en diciembre de 2010, habría estado sujeto al Sistema Penal Acusatorio plenamente. Por medio de la Ley 48 del 1 de septiembre del 2009 la fecha de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal fue postergada dos años hasta el 2 de septiembre del 2011. Ese cambio definió la suerte del caso New Business.
