Panamá ante un callejón con salida constituyente

Panamá ante un callejón con salida constituyente
Un cambio de Carta Magna puede enrumbar a Panamá por senderos más democráticos e institucionales. Archivo


Desde hace 4 décadas se ha venido cultivando un clamor ciudadano intermitente en favor de un llamado a una Asamblea Constituyente. Justo después de la invasión de 1989, el gobierno de Guillermo Endara se negó a darle curso a esta iniciativa, prefiriendo un referéndum tardío de reformas constitucionales que fracasó. Posteriormente se conformó la única comisión de notables exitosa, que redactó una reforma constitucional, la que fue aprobada por dos asambleas legislativas distintas en 1994, creando el título del Canal de Panamá y desmilitarizando al país.

En su plataforma electoral, Juan Carlos Varela prometió el llamado a una Asamblea Constituyente. Al llegar al solio presidencial en el 2014, los ecos de dicho clamor le dieron algo de gobernabilidad, con la dócil complacencia de la bancada del PRD. Pasado el segundo año de gobierno, y con la certeza de que no se haría una Constituyente, la capacidad de manejo de Varela cayó en picada, y la promesa quedó olvidada en el baúl de los recuerdos panameñistas.

Ahora, múltiples fuerzas con diversas agendas empujan una Asamblea Constituyente. A punta de firmas ciudadanas se puede lograr el consabido 20% del padrón electoral en 6 meses para que el Tribunal Electoral convoque las elecciones de constituyentes, que redactarían la nueva Carta Magna.

Los apellidos constitucionales

En la doctrina constitucional se le asignan apellidos grandilocuentes a las Asambleas Constituyentes: el de originaria para decir que ella constituye el germen del gobierno y que como tal puede destituir presidentes, sustituir al Poder Legislativo y defenestrar al Poder Judicial. El otro apellido, el de paralela significa que los delegados deliberantes solo van a producir una Constitución que respetará a quienes ya están en sus cargos, pero que regirá hacia el futuro. Este último hecho provoca que algunos sectores descalifiquen a las Asambleas Constituyentes paralelas como más de lo mismo, mientras que la originaria se convierte en un ideal político.

En la historia panameña, se han dado varias Asambleas Constituyentes Originarias. La de 1904 que produjo la Constitución Política de ese año y organizó al Estado panameño. La siguiente Asamblea Constituyente Originaria fue la de 1945, que parió a la Constitución Política de 1946, que amplió la gama de derechos de los ciudadanos y diseñó un Estado con una fuerte función social.

Las fraudulentas elecciones de mayo de 1948, demostraron que el poder real se come a cualquier Constitución. La de 1946 fue derogada en 1951 por Arnulfo Arias Madrid, restablecida de nombre, e ignorada por José Antonio Remón Cantera. Los gobiernos de Ernesto de la Guardia y Roberto Chiari le dieron su sitio, pero la política sucia de finales de la década de 1960, hirió de muerte a la Constitución de 1946, la que fue finalmente enterrada por el gobierno militar de 1972. En el proceso constituyente de ese año, un pequeño número de delegados redactó la Constitución Política de 1972 que luego fue aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Esa Constitución es la que más tiempo ha durado en esta República, siendo la que está en vigencia.

El alcance de una nueva Constitución

Una nueva Constitución no va a terminar de la noche a la mañana con la corrupción, la mala educación, el clientelismo, o la impunidad delincuencial. Pero mantener la actual Carta Magna empeorará estos y los demás fenómenos y problemas sociales que azotan al país.

Un cambio de Carta Magna puede enrumbar a Panamá por senderos más democráticos e institucionales: Crear un Tribunal Constitucional, establecer la revocatoria de mandato ciudadana, hacer elecciones parciales para ratificar o controlar el mandato del gobierno, prohibir la reelección de cualquier funcionario de elección popular o designación constitucional; cambiar el funcionamiento del aparato de justicia sin fueros ni extorsiones políticas, puede independizar a la Caja de Seguro Social como a la Autoridad del Canal de Panamá, y hasta puede mejorar una parte importante de la vida cotidiana de los panameños con gobiernos provinciales electos, encargados de fondos y responsabilidades para el desarrollo de sus conciudadanos muy lejos del centralismo asfixiante de la actualidad.

La Constitución colombiana de 1991, tan admirada internacionalmente, y por muchos interlocutores del patio, fue hecha por una Asamblea Constituyente Paralela. La Asamblea Constituyente que elegirá Chile el próximo mes también será paralela. Esa es la ruta democrática para cambiar el sistema.

En cambio para obtener una Asamblea Constituyente Originaria sólo hay dos vías: un golpe de Estado que establezca un “gobierno Transicional”, que luego de probar las mieles del poder decida entregárselo a una Asamblea Constituyente Originaria como lo hicieron Ricardo Adolfo de la Guardia en 1945 y Omar Torrijos en 1972. La otra vía para obtener una Asamblea Constituyente Originaria es por medio de un levantamiento popular masivo, acompañado de huelgas generales, y lamentablemente, como es usual, cargado de muchos muertos.

La gran crítica de las Asambleas Constituyentes Paralelas es que no “derrocan” al poder establecido, y si se maneja mal el tiempo de la convocatoria y la redacción constitucional, la nueva Carta Magna pudiera entrar en vigencia hasta el periodo de gobierno 5 años más tarde de su aprobación, demasiado tarde para la situación panameña, ya que estaríamos hablando del año 2029.

¿Cuestionamientos válidos o justificación de la parálisis?

Un cuestionamiento contra el proceso constituyente, válido para ambas Asambleas Constituyentes (la originaria y la paralela), es que los miembros de esta Asamblea deben ser electos por el pueblo, por lo que resultaría la misma gente en su mismo ambiente, ya que los partidos políticos son los únicos que tienen organizaciones capaces de conseguir votos para un cargo de elección popular. Esto es una afirmación derrotista, y va contra la propia historia panameña en la que la oposición siempre gana la elección presidencial. El sistema electoral de circuitos manipulados, reelección perpetua, circuitos plurinominales y clientelismo a costa de fondos públicos es el alimento fundamental de la rosca de diputados que extorsionan al país.

¿Cómo salió Juan Diego Vásquez o Gabriel Silva? Si se cuentan como un solo bloque independiente, los votos de Lombana y Ana Matilde representaron una cantidad importante de todos los electores. Es decir, no estuvieron tan lejos del candidato ganador, a pesar de ser novatos en la política. Un acuerdo de las fuerzas responsables que piden una Constituyente Paralela, bien puede producir una lista común con 60 candidatas y candidatos para la constituyente. Con que se obtenga una mayoría simple, o una robusta pluralidad, se puede decidir el diseño constitucional para el futuro de este país.

Uno de los sinsabores que se amarra al proceso de convocatoria de una Asamblea Constituyente, es que los tiempos requeridos para recoger las firmas, convocar a las elecciones, producir un documento y someterlo a referéndum, todo lo cual establece la Constitución actual, nos dejaría en el 2024, en ese momento ya estarían decididas las reglas de las elecciones, y los candidatos para los codiciados cargos públicos. Lo que causaría que en la práctica, la nueva Constitución no afectaría las reglas del juego del 2024, si no hasta el 2029 como se mencionó anteriormente.

Panamá es un país de grandes proezas y hazañas, si se recolectan las casi 600 mil firmas necesarias para la convocatoria a la elección de constituyentes lo más rápido posible, entonces el proceso se iniciaría mucho más temprano lo que daría tiempo suficiente para tener una Constitución nueva, que entraría en vigencia en el primer semestre del 2023, a tiempo para prohibirle la reelección a los bandidos de siempre, y acabar con la impunidad de la gran corrupción y la delincuencia organizada.

Si a usted no le gusta como van las cosas en Panamá, firme lo más pronto posible, prepárese como candidato o candidata a la constituyente, y consulte a su entorno para saber qué quieren cambiar y que necesitan establecer en una nueva Constitución. La responsabilidad de rehacer al país es de todos y de cada uno de nosotros.


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