La bancada legislativa del partido Realizando Metas (RM), nominalmente el partido del gobierno, anunció ayer martes 3 de diciembre su rechazo al aumento de la edad de jubilación propuesto en el proyecto de ley 163 que reforma a la Ley 51 de 2005, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). En el tiempo tan comprimido que tiene la deliberación de este proyecto de ley al que se le puso fecha de cumpleaños el 31 de diciembre del presente año, la decisión del partido RM no es más que un salvavidas a la principal propuesta del gobierno del presidente José Raúl Mulino, dado que el propio mandatario declaró a Castalia Pascual, en una entrevista televisiva que ese tema era negociable, la bancada legislativa lo marcó para el cesto de basura no reciclable.
El complicadísimo tema de la seguridad social ha sido objeto de análisis divergentes y recomendaciones contrapuestas sin que la sociedad panameña haya tenido tiempo de respirar y pensar suficientemente. Dada la desconfianza heredada sobre nuestra clase política, las sospechas, la confusión y el poco dominio ciudadano sobre esta temática son ingredientes para una crisis totalmente evitable.
Entendiendo el problema
De una forma muy simplista se podría decir que la CSS tiene tres grandes problemas. El primero es que la CSS es una organización sumamente compleja con dos mandatos fundamentales que requieren respuestas muy especializadas. En papel, el mandato más importante de la institución es atender el tema de las pensiones de sus afiliados. En la práctica, el problema que consume más tiempo y atención de la CSS son los servicios de salud. Tal y como está estructurada la entidad no puede hacer ambas cosas bien. Dado que ya existe otra entidad que presta servicios de salud, lo ideal sería que el Ministerio de Salud cargara y pagara por todo el sistema de salud pública.
El segundo gran problema de la CSS es que es la empresa estatal más grande de Panamá, mucho más grande que el Canal de Panamá. A pesar de esto, la estructura de la Junta Directiva y del alto nivel ejecutivo de la organización carece de la remuneración que serviría para atraer el mejor talento y retenerlo. Al director de la CSS lo debería remover el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no el presidente de la República. Si queremos decisiones de peso, no se le puede pagar a un miembro de la Junta Directiva de la CSS 1,200 dólares al mes pensando que de esa forma se desalienta la ‘reunionitis’. La CSS necesita gigantes en su Junta Directiva y en todos sus niveles estratégicos, no se les puede pagar con migajas. Por si fuera poco, la institución necesita de un regulador que la supervise y de una entidad especializada que gestione sus inversiones. Todo eso sin hablar de la reforma sistémica de su estructura de personal y de toda la gestión de su recurso humanos.
El plato fuerte de los problemas de la CSS es la falta de dinero para pagar las pensiones comprometidas por la institución. El subsistema de Beneficio Definido está en ruta al agotamiento de todos sus fondos y aunque el subsistema Mixto de Cuentas Individuales tiene 10 mil millones de dólares, en principio ese dinero es de sus cuentahabientes o cotizantes. Para resolver este problema hay que verlo en tres escalas temporales: a corto, a mediano y a largo plazo.
Los tiempos
A corto plazo, las pensiones que debe pagar la institución en el año 2025 no están completamente cubiertas por los ingresos del subsistema de Beneficio Definido. Si se toma una perspectiva de corto plazo, se puede atender este déficit pidiendo un préstamo entre subsistemas en el cual el pagador sería el Estado. Esto le daría liquidez al subsistema de Beneficio Definido y permitiría implementar las otras estrategias.
A mediano plazo hay que sumar. Es necesario tomar en cuentas las paramétricas, la propuesta 3 más 3 del gobierno es un punto de partida. El que los empleadores paguen un 3% más de cuotas se puede hacer gradualmente gracias a la solución de corto plazo. El que los cotizantes se jubilen con tres años más de edad ya está pautado para después de 2032, pero bien se pudiera empujar la fecha hasta el 2035 para darle cierta paz social necesaria para este tipo de cambios. Aún así, faltaría dinero. Si el Ministerio de Salud (Minsa) carga con el sistema de salud, digamos a partir del año 2027, eso libera al menos 1,165 millones de dólares que fue el monto de la cuota obrero patronal dedicado a salud en el año 2023. Aunque la cifra mejore, falta más para darle estabilidad a las pensiones panameñas. Si los trabajadores quieren mantener su edad de jubilación, qué tal si aportan de vuelta a la CSS la segunda partida del décimo tercer mes; son otros 400 millones de dólares que sumados a los 1,165 millones de dólares del gasto de salud de la CSS y los 500 millones de dólares del aumento de la cuota patronal se acerca muchísimo a la meta. Nadie gana por estar cerca, se gana pasando la meta y para eso se necesita otro ingreso. Pongamos en la mesa el 25% de las utilidades que el Canal de Panamá le entrega al Estado. Supóngase que a partir del año 2028 el Canal le aporte al menos 800 millones de dólares a la CSS, se tendría la frioletra de 2,865 millones de dólares al año (monto que aumentará gracias al crecimiento de la economía) con lo cual se puede enfrentar el déficit hasta el año 2032 o 2034. Falta algo más.
A largo plazo, las heroicas medidas arriba descritas quedan superadas por el crecimiento de los desembolsos relacionados con las pensiones. Para enfrentar el desafío de largo plazo se necesita un ingreso que sea estable y que tenga una característica progresiva. Este nuevo ingreso no puede castigar a quienes menos tienen, sino a quienes disponen de más dinero. Intentar una reforma fiscal ambiciosa en esta coyuntura no es realista, ya que todo proyecto de ley que sea un filete se transformará en carne en palito en la Asamblea Nacional. La propuesta tiene que ser entonces muy focalizada, sumamente fácil de administrar con la menor tasa de evasión posible. Esa propuesta es la de un impuesto a las transacciones financieras por vía electrónica.
En el año 2023 el monto total de transacciones por ACH, Yappy, Nequi, Quara y todas las demás alcanzaron los 130 mil millones de dólares. Un impuesto de 2% a estas transacciones generaría 2,600 millones de dólares al año que pagaría todo el mundo, cuyo cobro sería facilísimo porque lo harían los bancos que actúan como intermediarios de la red financiera y no habría evasión. Este impuesto le agregaría 20 centavos a cada transacción de diez dólares. Es decir sería de bajo impacto. Los ingresos de este impuesto irían a un fideicomiso que solo se usaría cuando se agoten las medidas de mediano plazo. Si en el año 2032 se necesitara usar el fideicomiso, este tendría al menos 18 mil 200 millones de dólares. Como cada año aumentarán las transacciones digitales, los aportes a este fideicomiso seguirán creciendo. Así, en su conjunto, las acciones de corto, mediano y largo plazo resolverán la gran deuda que la generación presente le estaría dejando de forma injustificada a las generaciones futuras.
