Desde el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), las instituciones de seguridad pública panameñas estrecharon sus vínculos con las fuerzas armadas colombianas. Cadetes de la policía, agentes de investigación judicial, suboficiales de lo que entonces eran el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional fueron a capacitarse a Colombia en las más diversas áreas del conocimiento policivo y militar.
La Policía Nacional de Colombia es un ente militarizado dirigido por un general uniformado, la Policía Nacional panameña se supone que es un ente civil, y hasta hace muy pocos años era dirigido por civiles.
En la administración de Martín Torrijos (2004-2009) se eliminó a la Policía Técnica Judicial, el Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo fueron convertidos en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y se creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que es una entidad idéntica a la vieja Guardia Nacional. Lo de Panamá no solo fue producto de una coyuntura interna, también fue el resultado del realineamiento de la visión de seguridad de Estados Unidos. Es decir, nuevamente se justificó la necesidad de militarizar a Panamá.
Para que la militarización de Panamá funcione es necesario la mayor integración con las fuerzas armadas colombianas. Los síntomas de esa “colombianización” del aparato de seguridad público panameño están por todas partes: los folletos de Cienciología distribuidos por oficiales uniformados de los estamentos de seguridad panameños, el video de solidaridad de los estudiantes panameños en los cuerpos de seguridad con sus pares colombianos, luego de un escándalo de neonazismo en la institución policial colombiana.
En un reciente viaje a Colombia, el ministro de Seguridad Pública, el comisionado del Senan Juan Pino “acordó” con el ministro de Defensa colombiano la creación de una base militar binacional, en el poblado de La Miel, en esa parte de Panamá que es Caribe y selva. Las justificaciones son por supuesto el combate al narcotráfico y el tema de los migrantes.
Lo del combate contra el narcotráfico ha sido el pretexto para todo, que luego se difumina en otra cosa. Panamá tiene instituciones para combatir el blanqueo de capitales y el narcotráfico, que incluyen a la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, el Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un equipo interinstitucional del FBI, la DEA, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos y las instituciones mencionadas en un inicio, y esencialmente todos los cuerpos de seguridad pública. Mientras la seguridad ciudadana se deteriora, la prioridad de las instituciones uniformadas es quedar bien con las agencias federales y el Comando Sur.
Las Fuerzas Armadas colombianas son posiblemente las mejores entrenadas en toda América Latina. Colombia tiene grandes héroes que han vestido el uniforme de sus instituciones castrenses, pero también tienen grandes villanos, y ese es parte del problema de una base binacional: el riesgo de que el Senafront y el Senan sean controlados por los militares colombianos. Entre el 2002 y el 2008 unos mil 500 militares colombianos asesinaron al menos a 6 mil 402 civiles inocentes, en lo que se llamó el escándalo de los “falsos positivos”. A los militares se les pagaba por matar guerrilleros en combate, así que empezaron a emboscar civiles desarmados, secuestrarlos y efectivamente asesinarlos. Esa cultura de impunidad permeó a los subtenientes, tenientes y capitanes del ejército colombiano de entonces, que ahora son coroneles y generales.
También está el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse el año pasado. Entre los perpetradores de semejante crimen se encuentran exmiembros de una unidad élite de las fuerzas armadas colombianas. Para quien siga las noticias del hermano país no es raro el día en que los noticieros o los diarios colombianos destacan escándalos de corrupción en las instituciones castrenses colombianas o la penetración del narcotráfico entre sus filas. Nuestras fuerzas de seguridad pública también tienen sus propios escándalos, pero no es inteligente exponerlos a las redes criminales colombianas. Además, en tres meses, empezará un nuevo gobierno muy posiblemente de izquierda en Colombia. Los militares de dicho país no están cómodos con esto. Panamá no tiene porqué verse arrastrada a otro conflicto interno de la política colombiana.
Luego está el tema de la migración. Colombia tiene una excelente diplomacia, que ha logrado que ese país sea admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus misiones diplomáticas han tenido mucho éxito en cabildear e influir sobre países europeos, incluso sobre Estados Unidos, para generar una opinión internacional adversa a Panamá.
Las visitas recientes de generales, diplomáticos y del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Darién, “confirmaron” el mensaje de que el problema del abuso contra los migrantes ocurría en Darién. Esas visitas bien pudieron hacerse a Colombia, para preguntarle a los migrantes cómo habían entrado, cuánto les costó el traslado, y cuánto les pedían para dejarlos abandonados en el Tapón del Darién. Con una base binacional, lo primero que se va a conseguir es que los coyotes y explotadores de migrantes puedan hacer más negocios en Colombia.
Tengo entendido que en las clases que algunos cadetes o suboficiales panameños han tomado en las academias militares colombianas se les adoctrina que Panamá fue una provincia de Colombia que ellos perdieron, pero que el istmo les pertenecía. Ecuador y Venezuela también fueron provincias de la Gran Colombia. Eso no significa que sean menos soberanos, o que su nacionalidad sea de segunda. Es importante entender que una base militar extranjera en Panamá viola la Constitución Política y el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.
La crisis migratoria que se volverá a producir en las próximas semanas y meses es el resultado intencional de las políticas públicas de Estados Unidos. Todo el planeta sabe que el 22 de mayo cambian las reglas que excluían a los migrantes indocumentados del territorio de Estados Unidos, en razón de la covid-19. El fracaso de demócratas y republicanos en ponerse de acuerdo ha producido la crisis migratoria. La democracia panameña y su soberanía no tienen por qué pagar el precio de los errores ajenos.
