A partir del próximo lunes 16 de septiembre, el país se avoca a un proceso de conciliar y conocer propuestas para salvar a la Caja de Seguro Social (CSS). El primer mandatario José Raúl Mulino expuso el pasado jueves 12 las reglas de este gran esfuerzo nacional. Todas las propuestas serán recibidas y tendrán que justificar su matemática.
Por otra parte el propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó a principios de semana que todos los panameños tendríamos que poner de nuestra parte para salvar a las pensiones de la CSS. Esto deja claro que aún con las medidas paramétricas más generosas, el Estado panameño tendría que hacer importantes aportes y asumir mayores responsabilidades en materia de la seguridad social.
Lo sucedido hasta la fecha con la CSS ha sido el resultado de una sucesión de gobiernos cleptocráticos, gremios corporatizados que han capturado importantes segmentos de los recursos de la CSS, y por supuesto, la gran transición demográfica y económica de Panamá que está dejando de ser un país de jóvenes para convertirse en una nación cada vez más adulta. A esta transición la ha acompañado una crisis general del empleo formal, por razones propias de Panamá y por tendencias globales, lo que ha llevado a la creación cada vez de menos empleos formales, y a la vez a la masificación del empleo informal no cotizante de la CSS.
La radiografía
Con el diagnóstico completo, es necesario entender que desde hace 14 años la CSS no tiene estados financieros auditados. Los gobiernos pasados, en los últimos 19 años, debieron consignar cerca de 500 millones de dólares al año al fideicomiso que reforzaba a la institución pero no lo hicieron. La Caja tendría 9 mil 500 millones de dólares en capital si nuestra clase política hubiese sido responsable. Complica el panorama el hecho de que la CSS es también el proveedor más importante de servicios de salud del país.
Una primera recomendación podría ser cumplir con el Libro Blanco de la Salud, propuesto hace ya una década, dentro del cual se había consensuado que los servicios de salud de la CSS y del Ministerio de Salud se fusionarían en uno solo, y se eliminaría la dualidad. A esta aspiración hay que ponerle una fecha de cumpleaños: el 1 de enero de 2027 por ejemplo, para arrancar con un sistema de salud pública unificado y con un alcance universal a toda la población sin distingo alguno.
Este sistema de salud pública sería responsabilidad del Estado, y por lo tanto esto debería liberar la parte de la cuota obrero patronal de la CSS que se gasta en los servicios de salud en la institución. En el año 2022, esa parte de la cuota obrero patronal significó 1,165 millones de dólares. Ese dinero podría ir al Programa de Beneficio Definido y el panorama empezaría a verse menos nublado.
La mejor estrategia para enfrentar el enorme agujero de las finanzas del Programa de Beneficio Definido es tratar de recapitalizar lo más posible el fideicomiso que respalda este programa, y a la vez darle liquidez que le sirva para pagar sus obligaciones corrientes. En otras palabras, hay que pagar lo que se debe, y ahorrar todo lo que se pueda.
Para el año 2025 se estima que el déficit del Programa de Beneficio Definido será de 1,080 millones de dólares y para el año 2026 alcanzará los 1,277.8 millones de dólares, es decir los 1,165 millones de dólares que se liberarían de la cuota obrero patronal se quedan cortos.
Un ingreso que podría complementar este flujo de fondos podría ser pellizcar un tercio de las utilidades que el Canal de Panamá le entrega al Estado. Para el año 2025 se estima que las utilidades del Canal superarán los 2,800 millones de dólares, por lo que un tercio sería al menos 933.3 millones de dólares. Esto nos daría 2 mil 98.3 millones de dólares para el Programa de Beneficio Definido. Parece mucho, pero la cifra se queda corta en cuanto al déficit de las jubilaciones a partir del año 2031, en que se estima que el faltante será de 2 mil 136.5 millones de dólares. Seguramente el lector o lectora dirá que los ingresos del Canal subirán en el tiempo, pero eventualmente los déficit volverán a superar a esta fórmula.
Un mecanismo que necesitamos incorporar a este escenario es el de capitalización. Se estima que para el año 2045, el déficit de las pensiones será de unos 7 mil 500 millones de dólares anuales, para entonces gran parte del Polo Norte se habrá derretido de acuerdo con los escenarios del Panel intergubernamental del Cambio Climáticos (IPCC), y eso bajará los ingresos del Canal.
El hermano menor del Programa de Beneficio Definido, el Programa Mixto que incluye las Cuentas Individuales, tiene un superávit de unos 9 mil millones de dólares. El Estado le podría pedir prestado a este programa unos 5 mil millones, le entregaría bonos al Programa Mixto y metería los 5 mil millones en el Programa de Beneficio Definido, eso le daría más o menos tres años de capital, mientras los 2 mil 98.3 millones de dólares de la cuota obrero patronal y de los aportes del Canal de Panamá se acumularían, es decir se ahorrarían para años futuros. Incluso con este esquema volveríamos a caer en déficit a principios de la próxima década, por lo que necesitamos otro empujón.
Los bonos verdes
Panamá es uno de los 8 países del mundo carbono “negativo”, es decir que la cantidad de CO2 que produce nuestra economía (11.4 millones de toneladas) es menor en 7.74 millones de toneladas de la capacidad de absorción de nuestros ecosistemas.
El gran compromiso mundial en el Acuerdo de Paris es que para el año 2050 los países debían ser carbono “neutrales”, Panamá es carbono “negativo”. Esa condición no la hemos sabido convertir en una ventaja competitiva para el país. La crisis de las pensiones de la CSS da una enorme oportunidad para hacerlo.
En tiempos recientes, un grupo financiero internacional ofreció 5 mil millones de dólares por los créditos de carbono del Parque Nacional Chagres (129 mil hectáreas).
La interesante propuesta no fue acogida por una variedad de razones que se explican más adelante. pero demuestra que hay un potencial enorme. Si al Parque Nacional Chagres le sumamos los créditos de carbono de la parte panameña del Parque Internacional La Amistad (207 mil hectáreas), y el bosque protector de Palo Seco, en Bocas del Toro (167 mil hectáreas), Panamá podría obtener unos 15 mil millones de dólares en créditos de carbono. Este dinero no es deuda, ni es privatización.
El país podría asignar unos 12 mil millones de dólares al Programa de Beneficio Definido para reforzar el fideicomiso y sumarse a los aportes del Canal y a la parte de la cuota obrero patronal que iba para el programa de salud de la institución conocido como (Enfermedad y Maternidad). Esto podría darnos un ahorro de 18 mil a 20 mil millones de dólares para la CSS antes de finales de la década, lo que le quitaría un enorme peso a las generaciones futuras de panameños y a las finanzas del Estado.
¿Por qué no darle todos los 15 mil millones al fideicomiso de la CSS? En este escenario se propone que se inviertan los 3 mil millones de dólares restantes en actividades ambientales como el saneamiento de Cerro Patacón, la reconversión y ampliación de la flota de metrobuses a vehículos eléctricos, y mucha reforestación.
Para compensar las decenas de millones de créditos de carbono que le vendimos al mercado internacional, vamos a tener que reforestar muchísimo en los próximos años. Fácilmente podríamos estar frente a la reforestación más ambiciosa de América Latina, quizás cientos de millones de árboles tendrían que ser plantados en Panamá. No se refiere a Teca, palmas ornamentales o el Pino Indú. Tendrían que ser árboles de Guayacán, Corotú, Ceiba, Corazón de María, Cocobolo, Cuipo, Espavé y por supuesto el árbol Panamá entre otros. Este es un trabajo para múltiples, que por cierto generarían decenas de miles de empleos formales, que le pagarían cuotas al Seguro Social.
Megacanje de deuda
Desde 1987 se han dado canjes de deudas por naturaleza. Un proceso por el cual un país disminuye su deuda externa gracias a la donación de otro gobierno, donantes particulares o un banco multilateral. Los canjes de deuda externa tienen como propósito que el dinero que el país no tiene que pagar en intereses y capital, lo use para una finalidad relativa al desarrollo sostenible.
En los últimos 15 años, desde el 1 de julio del 2009 hasta el 30 de junio de 2024, la deuda pública panameña creció un 500%, se quintuplicó sin que haya habido un correspondiente incremento en la calidad de vida, la prosperidad o la competitividad del país. Reducir esa deuda en términos absolutos debe ser un gran propósito nacional, ya que los países con gigantescas deudas en moneda ajena la pasan muy mal. Si se reduce la deuda pública panameña de forma significativa, los fondos públicos que quedarían liberados podrían ser destinados a la CSS.
Entendamos los números. Supóngase que la deuda pública panameña es de 52 mil millones de dólares. Un 86% es externa y un 14% es interna. De ese 86%, unos 44 mil 720 millones de dólares en deuda externa pudieran ser reducidos a 28 mil 720 millones de dólares, es decir le quitamos 16 mil millones de dólares a ese balance, Panamá contaría con un importante flujo de fondos para gastarlos internamente.
Esa negociación la tendría que hacer el propio presidente Mulino con mandatarios de otros países como el presidente Joe Biden de Estados Unidos, a quien visitará en unas semanas. Panamá tendría que desplegar un esfuerzo de cabildeo ante congresistas demócratas y republicanos para conseguir su apoyo a este megacanje de deuda.
En estos momentos Panamá es vista como una de las pocas naciones aliadas de Estados Unidos en temas como migración y Venezuela, además de que ambos países comparten un gran interés común en la operación y protección del Canal de Panamá. Este es un esfuerzo político, que está dentro del reino de lo posible.
El impuesto digital
Incluso con el megacanje de deuda, el Estado panameño perdería ingresos importantes en el esquema presentado. El gobierno nacional tendría que sacrificar una parte de los ingresos del Canal de Panamá y a su vez debería procurar los fondos que sustituyan los 1,165 millones de dólares que la CSS paga en servicios de salud. Por si fuera poco, los ingresos del Estado han caído, y la actividad económica del país no está boyante. Queda entonces muy poco espacio para medidas impositivas que recauden más de las fuentes tradicionales.
En el año 2023 se realizaron en Panamá al menos 330 millones de transacciones electrónicas por un monto de 100 mil 522 millones de dólares. Muchas de estas transacciones son de segmentos de la economía que no pagan impuestos, o cuya carga impositiva es muy inferior a la proporción regular que pagan los asalariados del país.
Estas transacciones incluyen a yappy, ACH, Quara, Nequi, y otras plataformas que se han convertido en las llaves de la economía digital. En contraste, la economía de ladrillo se va reduciendo, y es esta la que produce la mayoría de los impuestos.
Un tributo del 3% de las transacciones digitales, le generaría al Estado más de 3 mil millones de dólares al año con lo que compensaría los otros fondos asignados a la CSS, y en el tiempo con el crecimiento de la economía digital este ingreso serviría para mejorar el balance fiscal del Estado. La belleza de este impuesto es que es universal dado que lo paga todo el mundo, es sumamente fácil de cobrar, ya que el Estado lo cobraría a través de los bancos y tendría un bajísimo nivel de evasión.
El presente ejercicio intelectual busca aportar oxígeno a un gran desafío nacional. De paso, convertimos ventajas competitivas latentes en realidades concretas para el beneficio de todos los panameños y panameñas, y nos convertimos en una sociedad más justa con sus adultos mayores y más sostenible para las generaciones futuras.
