El 23 de marzo del 2010, luego de 20 años de la recuperación de la democracia por vía de la invasión de los Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, la agencia calificadora independiente Fitch Ratings le dio el grado de inversión al país.
Esto fue el resultado de 20 años de sacrificios, errores que se pagaron caros, aciertos y consensos en materia de la economía del país.
Además, la perspectiva económica de ese año 2010, era sumamente buena ya que estábamos en medio de la ampliación del Canal de Panamá, se había lanzado el proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá, mientras que otros proyectos como el programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá y un conjunto de importantes inversiones privadas nacionales y extranjeras, todas juntas pintaban muy bien a la economía panameña.
El 28 de marzo de 2024, Fitch le quitó el grado de inversión a Panamá. Esto no fue una sorpresa. Al menos desde el año 2021, se habían hecho llamados al gobierno nacional para que controlara el gasto público e hiciera una reforma fiscal.
En esta columna pedimos un aumento de impuestos y una contención del gasto para el año 2022. Nada de eso sucedió, tampoco se atendió la situación del programa de Beneficio Definido del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
Los millones de dólares en gasto público siguieron sin control para pagar a la Asamblea Nacional, a la descentralización paralela, a los más de 275 mil funcionarios, y por supuesto al universo de licitaciones cada vez más caras.
Al Gobierno actual le quedan 86 días calendario, que en realidad son muchos menos días hábiles, así que lo que hay es lo que tenemos hasta el cambio de gobierno. Recuperar el grado de inversión no va a ser fácil ni mucho menos rápido. Según los expertos de Indesa el promedio que tarda para que un país latinoamericano, que ha perdido el grado de inversión, lo recupere, es de 11 años.
En la tragicomedia electoral que llevamos adelante, se han perdido muchas oportunidades para cuestionar y repreguntar, con interrogantes de fondo a los aspirantes presidenciales. Preguntarles sobre “¿cómo va a resolver el problema del Seguro Social?” y solo darle dos minutos para que de una respuesta no es apropiado para el tamaño del problema.
Necesitamos saber que no solo tienen la capacidad de repetir como papagayos lo que sus asesores les han enseñado, sino también debemos entender lo que piensan, lo que sienten, y cómo van a funcionar ante decisiones críticas.
El tamaño del problema
La deuda pública de Panamá anda por los 50 mil millones de dólares, oficialmente hablando, sin embargo, hay obligaciones del Estado con sus proveedores, con el sector privado y con el propio sector público (CSS, Idann, Tasa de Aseo y otros). Si se toman en cuenta esos adeudos, debemos estar en unos 53 mil millones de dólares. Súmese a esto, que en los próximos 5 años el déficit actuarial de las jubilaciones sumará un estimado de hasta 11 mil millones de dólares.
Por cierto, el nuevo gobierno, sea quien sea, tendrá que endeudarse los primeros meses mientras arranca y decide si hará recortes, si subirá impuestos, si venderá lo poco o mucho que le queda al Estado y otras medidas similares. He escuchado en algunos corrillos algunas ideas “geniales” que merecen ser examinadas antes de que a alguien se le ocurra que Panamá necesita su propia moneda para quitarse tanta deuda en dólares de encima.
- Buscar un fondo soberano de un país como Noruega o Qatar, para negociar gran parte de la deuda pública para obtener mejores términos, menos intereses y más plazo por supuesto. ¿Por qué Noruega, Qatar o China van a querer hacernos semejante favor? la respuesta no creo que sea por nuestra linda cara y porque les gusta el sancocho de gallina. Sacrificar la soberanía no es negociable.
- Hacer un “factoring” con los ingresos del Canal, tomar los aportes que entrega el Canal al Estado panameño y venderlos por los próximos 15 años a cambio de 20 mil o 25 mil millones de dólares ya. Aunque la idea suena descabellada, técnicamente es posible, pero las consecuencias son muy serias. Por una parte ese dinero serviría principalmente para atender a la Caja de Seguro Social y arrancar algún programa de inversiones públicas. A cambio, el Estado pierde a una de sus principales fuentes de liquidez por tres gobiernos, y no tenemos la seguridad de que el Canal no se quede sin agua en esos 15 años, o que algún evento impredecible pueda afectar significativamente al comercio mundial, que esos ingresos del Canal no se produzcan. Por cierto, que esta solución afecta muy poco a la deuda pública. Quizás, puede existir el escollo de que el propio grado de inversión del Canal de Panamá no permita semejante operación financiera.
- Reabrir la mina. Desde el punto de vista económico, sin tomar en cuenta los factores jurídicos, ambientales o de gobernabilidad, esta solución no es lo que se pinta. Si la mina estuviera activa y el Estado recibiera los 375 millones de dólares en pagos anuales, eso tendría muy poco impacto sobre la hacienda de la nación, y no habría evitado la pérdida del grado de inversión.
Primero porque ese dinero fue repartido de forma tal que a la hacienda pública no le tocaba nada.
Segundo, aunque los aportes indirectos como salarios, seguro social, y otros gastos locales no eran poca cosa, distaban muchísimo de lo que el país necesita para salir del atolladero fiscal. Por supuesto que tenemos que buscar los medios para atender las necesidades de esos colaboradores que quedaron desempleados, al igual que las micro, pequeñas y medianas empresas que también formaban parte de esa economía.
Sin embargo, para tener un dato comparativo, una tonelada de cacao cuesta más que una tonelada de cobre.
EL cacao está cerca de los 10 mil dólares la tonelada y Panamá produce del mejor cacao del mundo. Esa y otras actividades más ecológicas pueden generar más divisas que la minería, sin tantos efectos problemáticos.
Un menú de opciones verdes
Posiblemente existan esquemas financieros más exóticos y excéntricos que Panamá podría explorar para enfrentar a las causas de la pérdida del grado de inversión. Vale la pena recordar, que países como Colombia, Costa Rica y República Dominicana, no tienen grado de inversión. A pesar de esto, esos y otros países han tenido muchos éxitos de los que Panamá puede aprender muchísimo.
Lo primero que debemos hacer es entender quiénes somos y qué valor agregado le damos al mundo que no estamos monetizando. Una respuesta que se puede ensayar a estas interrogantes es que Panamá es uno de los 8 países carbono negativo del mundo, es decir cuyos ecosistemas absorben más gases de efecto invernadero que los que emite su economía.
En un mundo actual, tenemos hasta el 2050 para ser carbono neutral, nosotros somos carbono negativo, es decir nuestra tarea es mantener lo que tenemos, mientras que casi todo el resto del planeta tiene que buscar una condición inferior a nosotros tenemos.
Ante esto, Panamá tiene créditos de carbono no monetizados, tenemos una biodiversidad única en el planeta en la que hay zonas de vida, precisamente el área donde está la mina, en la que una hectárea de bosque tropical panameño tiene más biodiversidad que una hectárea de la selva amazónica. Veamos qué podemos hacer con esto.
Panamá puede vender en los mercados miles y decenas de miles de millones de dólares en créditos de carbono, que no son deuda ni son privatización de algún bien del Estado.
Existen diversas formas de colocar estos créditos de carbono, ya sea a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores en Panamá, la Bolsa de Fráncfort en Alemania, o por transacciones con otros actores del mercado. A cambio de esos créditos de carbono, el país va a tener que cuidar y ampliar sus bosques, reforestar mucho más, y acelerar la movilidad eléctrica en la flota de vehículos particulares y estatales de todo el país. En este campo, Panamá ya ha recibido ofertas con 9 ceros por los créditos de carbono de uno solo de los parques nacionales.
Otra opción, es la de hacer un megacanje de deuda por conservación de la naturaleza o acción climática. Esto es un mecanismo inventado por el gobierno de los Estados Unidos a finales de la década de 1980. Básicamente, lo que sucede es que un gobierno, una empresa, una fundación filantrópica, o incluso un individuo, compran deuda pública panameña y se la devuelven a Panamá a cambio de un compromiso verificado de conservación de la naturaleza o acción climática, financiada con los fondos que el país hubiera pagado para amortizar el capital y los intereses de esa deuda. El dinero no se va de Panamá sino que se invierte localmente.
Panamá ha hecho tres canjes de deuda. Unos a principios de 1990 con el cual se constituyó la Fundación Natura. Otros dos canjes se hicieron en años siguientes, para la protección del Parque Nacional Chagres y del Parque Nacional Darién. Aunque las cantidades de los canjes de deuda que hizo Panamá son pequeñas en comparación con lo que se necesita ahora, el principio del mecanismo sería el mismo.
El 9 de mayo de 2023 Ecuador, que no es carbono negativo, hizo el canje de deuda por conservación de naturaleza más grande de la historia. Se cambiaron 1,100 millones de dólares en deuda ecuatoriana a cambio de invertir unos 600 millones de dólares a lo largo de un periodo de años en la conservación de las Islas Galápagos.
Panamá no tiene a las Galápagos pero tiene sitios mejores como la isla de Coiba, la isla Escudo de Veraguas, todo el archipiélago de Bocas del Toro (denominado por el doctor Stanley Heckadon como las “Galápagos del siglo XXI”), además, tenemos al Parque Internacional La Amistad, al Parque Nacional Darién, al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico panameño, (que necesita mucha restauración), tenemos a los parques nacionales Chagres, Portobelo y Soberanía.
Por si fuera poco, tenemos 700 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral y una riqueza submarina apenas conocida. Es claro, que si un gobierno responsable se sienta a la mesa con un puñado de países como Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza (país que hizo el canje con Ecuador), bien pudiéramos negociar decenas de miles de millones de la deuda pública, a cambio de conservar lo que es nuestro.
La clase de protección de la naturaleza que tendríamos que hacer sería mucho más estricta que lo que hacemos ahora. Tendríamos que vigilar nuestros ecosistemas con drones, helicópteros, lanchas, satélites y muchos guardaparques bien entrenados y bien comprometidos. No se podría permitir que un diputado titule tierras en un área protegida. Tampoco se podría permitir que alguien muy bien conectado se dedique a talar el bosque, traficar especies, o secar lagunas y pantanos para vender la tierra, sembrar arroz o meter ganado.
Otra opción como el color de las hojas tiene que ver con el principal recurso estratégico de Panamá: el agua. El Idaan es un gigante en harapos. Si transformamos a esta institución en una verdadera empresa autónoma con la capacidad de convertir el agua de los mares y ríos panameños en hidrógeno verde para el consumo local y para la exportación, muy rápidamente Panamá tendría las divisas necesarias para normalizar sus finanzas públicas.
En este negocio también debería entrar la Autoridad del Canal de Panamá, ya que la naviera más grande, entre sus usuarias, la danesa Maersk está convirtiendo sus barcos portacontenedores a combustible verde. Si en Panamá no se produce, y actualmente es difícil conseguirlos para importarlos, esa y otras navieras no pasarán sus barcos por el País.
La pérdida del grado de inversión es un síntoma de una enfermedad que debemos atender. La fiebre panameña no está en la sábana del grado de inversión, está en el irresponsable endeudamiento causado por la corrupción, el clientelismo y el capitalismo de amiguetes, en el que no se cobran los impuestos a los sectores influyentes y con poder económico. Las opciones verdes son el comienzo de la reconstrucción económica de Panamá, una economía sostenible necesita para ser viable de mucha integridad y mucha responsabilidad. Manos a la obra.
