Todos los años la estación seca panameña, a la que aquí llamamos “verano”, está marcada por tres hitos: el arranque, con el Desfile de las Mil Polleras, el clímax con los carnavales, y el cierre con el inicio del año escolar. Técnicamente hablando nuestra estación seca se extiende más allá de marzo, pero ya lo divertido del verano queda atrás. Las portadas de los periódicos, los titulares de radio y televisión y las redes sociales, se llenan con la queja casi universal del mal estado de las escuelas públicas. Algunas en una situación crónica de abandono y ruina.
El Estado desarrollará un esfuerzo encomiable intentando reparar escuelas por doquier desde Darién hasta las comarcas y desde Cerro Punta hasta el Archipiélago de Las Perlas. La tarea es en verdad apoteósica y, por lo tanto, no se puede realizar con los medios y métodos usualmente aplicados a este tema.
Mantener escuelas no es solo asunto de verano sino de todo el año. Una parte importante de este problema se debe al diseño y construcción de las propias escuelas que en gran medida dificulta el mantenimiento apropiado. Otra cara de la misma moneda es la debilidad de la comunidad educativa que no cuida las escuelas. Muchas de estas edificaciones son víctimas del vandalismo, los hurtos y la destrucción irracional del patrimonio educativo.
El otro gran problema, es que el Ministerio de Educación no está diseñado para desarrollar una actividad de mantenimiento permanente en sus instalaciones. El mantenimiento permanente es un arte que domina la Autoridad del Canal de Panamá, por ejemplo. La organización tiene que tener el personal responsable y con su protocolo de actuación para hacer todas las intervenciones cuando sean necesarias. Si un baño se dañó en mayo, es canalla esperar hasta el siguiente enero para meterle la mano. Ese tiempo de reacción tiene que abreviarse.
Volver al pasado
Después de la post-guerra, cuando el Estado panameño hizo un esfuerzo por modernizarse, el Ministerio de Obras Públicas era responsable de darle mantenimiento a la mayoría de la infraestructura estatal incluyendo las escuelas. Paralelamente, el Colegio de Artes y Oficios fabricaba sillas, bancas, escritorios, tableros y gran parte del mobiliario educativo todo el año. El rol para contratistas estaba muy limitado. Todo eso empezó a cambiar en la década de 1960, y luego con la enorme ampliación de la cobertura del sistema educativo, efectuada por el régimen de Omar Torrijos la capacidad de mantenimiento en tiempo real se vio sobrepasada.
Desde entonces hasta ahora, las “soluciones” han sido la desconcentración de fondos a través del FECE, la creación del viceministerio de Infraestructura Educativa y sin olvidar el 7% del PIB asignado al sector educativo. Hay que reconocer que se han dado algunas mejorías, pero no es suficiente y las necesidades crecen día a día.
Cifras del 2022 nos dicen que en el país habían 3,107 centros educativos oficiales. De estos 2090 tenían electricidad y 1726 tenían acceso a internet. El Meduca quiere introducir una plataforma digital para identificar las necesidades de mantenimiento. Hay que tomar en cuenta que solo el 55% de las escuelas públicas tienen acceso a internet (no todo el tiempo), pero al menos ese es un primer paso.
El problema de la falta de mantenimiento de las escuelas también lo sufren las calles, los puentes, los sistemas de agua potable, los hospitales y otras estructuras estatales. Lo ideal sería copiar el sistema que usa la Autoridad del Canal de Panamá. Esto implicaría contratar a los mejores para el servicio público, someter a concurso las posiciones abiertas dentro del Estado, ascender por mérito al recurso humano y por supuesto respetar la Carrera Administrativa en todo el sector público. Esa es una transformación necesaria, pero no suficiente para resolver el problema de mantenimiento.
Actualmente el sector educativo recibe el 7% del PIB en la asignación presupuestaria del Estado. Estos son cerca de 6 mil millones de dólares para este año. Y aunque se asignaran 10 mil millones más el problema de falta de mantenimiento no se resolvería. El quid del asunto no estriba en la cantidad de recursos económicos disponibles sino la disponibilidad a tiempo y en la eficiencia del uso de dichos recursos, en otras palabras, se necesita cambiar el ciclo presupuestario para mejorar el mantenimiento de las escuelas y otros bienes públicos.
Existe una diferencia entre la entrada en vigencia de la Ley del Presupuesto General del Estado y la disponibilidad de recursos en dicho presupuesto para hacer tareas distintas a pagar salarios. Técnicamente hablando, el presupuesto del Estado aprobado en octubre solo funciona para salarios y gastos fijos, a partir del 1 de enero de cada año, para los otros usos, se debe esperar que tanto la liquidez financiera de los fondos del Estado, como otros trámites internos del gobierno pongan a andar a la rueda de la fortuna.
La forma más simple de cortar este nudo gordiano es cambiando el año fiscal. En Panamá, el año fiscal es el año calendario. Eso favorece la simplicidad, pero desfavorece entre otras cosas al buen mantenimiento y a la construcción de infraestructura, ya que los mejores meses para hacer esas tareas son precisamente los primeros meses del año calendario. Una idea muy simple sería que el año fiscal empezará el 1 de octubre de cada año, lo que permitiría arrancar debidamente las grandes y pequeñas obras del estado, sobre todo las tareas de mantenimiento de edificaciones como las escuelas oficiales.
Puede parecer muy pueril o insignificante, pero toda mejoría en la calidad del entorno educativo significa un aumento en el aprendizaje. De eso necesita más este país, mucho más aprendizaje.
