Faltan menos de cuatro meses para las elecciones del 7 de noviembre, que se llevarán a cabo sin transparencia ni competencia política. La dictadura Ortega Murillo mantiene en la cárcel a los seis precandidatos presidenciales de la oposición, que tienen mayor opinión favorable e intención de votos en las encuestas, y que competían para ser “el candidato único de la oposición”.
Eliminada la oposición de forma anticipada, con un Consejo Electoral controlado por el FSLN y sin observación internacional, la pregunta que todo mundo se hace no es quién va ganar las votaciones, sino cuáles serán las consecuencias políticas y económicas de la cuarta reelección de Daniel Ortega sin legitimidad nacional e internacional.
¿Cómo va a gobernar Ortega en 2022 en medio de una condena mundial, sin reconocimiento político ni diplomático, y con el consecuente aislamiento de su Gobierno en los organismos multilaterales y regionales de crédito (FMI, BM, BID, BCIE), y ante las alianzas comerciales con Estados Unidos y Europa (CAFTA y ADA)?
¿Cuáles son los costos económicos y sociales adicionales que le impondrá Ortega a la sociedad nicaragüense, para prolongar su agonía en el poder, y cómo reaccionarán las fuerzas vivas del país, ante un régimen dictatorial sin legitimidad política?
Ortega primero eliminó a todos los competidores políticos que podrían derrotarlo en una elección libre. Ahora está decidiendo, con la fuerza de la represión y su discrecionalidad política, qué partidos y candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional, pueden participar en la contienda. Su objetivo es seleccionar a sus interlocutores políticos en la Asamblea Nacional para intentar mitigar la crisis de legitimidad que estallará después de su toma de posesión el 10 de enero de 2022.
La posición de la comunidad internacional en el continente americano, en Europa, y los organismos internacionales, es cada vez más clara y contundente sobre la ilegitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre. Aun con la participación de la opositora Alianza Ciudadana (CxL), que está empeñada en inscribir a un candidato presidencial entre “los que queden” para preservar su personería jurídica, no habrá ningún reconocimiento diplomático para la dictadura Ortega Murillo y, por lo tanto, al no reconocer los resultados, se impondrá la demanda de realizar nuevas elecciones.
¿Cuál será la posición de la futura bancada minoritaria de los diputados de CxL que se disputarán el segundo lugar con el PLC? ¿Cuál será el rol del liderazgo del sector privado y de los grandes empresarios, y el papel del liderazgo moral de los obispos de la Iglesia católica?
¿Se acomodarán a la dictadura de Ortega y Murillo, apostando a que la solución política a la crisis nacional venga del exterior, o invertirán su capital político, social, y moral, para ejercer una presión cívica que contribuya a promover una transición democrática?
Como ocurrió en Perú en el 2000, cuando el dictador Alberto Fujimori se reeligió a través de un fraude electoral, previamente denunciado por la oposición que se abstuvo de participar en la elección, y seis meses después estalló una crisis política que desembocó en su salida del poder, y su sustitución por un Gobierno de transición que convocó a nuevas elecciones que ganó Alejandro Toledo, en Nicaragua la única salida democrática es sin Ortega y sin Murillo en el poder.
Al enterrar las elecciones del 7 de noviembre, Ortega y Murillo perdieron su última oportunidad de ser parte de la solución política a la crisis nacional. Al decantarse por la represión, la radicalización política, y un nuevo fraude electoral el 7 de noviembre, Ortega y Murillo también asestaron el golpe final a una posible transición democrática, que solo será posible a partir de su salida del poder para negociar una reforma electoral con sus sucesores constitucionales y convocar a nuevas elecciones libres.
La salida del poder de la pareja dictatorial como resultado de un proceso de máxima presión política, nacional e internacional, representa el mayor desafío para la unidad nacional en Nicaragua –incluidos los servidores públicos, civiles y militares–, y la comunidad internacional. El primer paso es el desconocimiento del Gobierno y de la Asamblea Nacional, resultantes de las elecciones del 7 de noviembre, que debe dar lugar a la liberación de todos los presos políticos, así como la suspensión del estado policial para restablecer las libertades democráticas y permitir el regreso al país de todos los exiliados, tal y como Ortega se comprometió con la Alianza Cívica en marzo de 2019 en el segundo diálogo nacional, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y la OEA.
La transición democrática en Nicaragua, y la convocatoria a nuevas elecciones, solo será posible sin Ortega y Murillo.
