Luego de que se revelaran las declaraciones juradas de bienes patrimoniales del exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino, las autoridades judiciales impulsaron acciones legales contra el exfuncionario del gobierno de Ricardo Martinelli.
La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Nahaniel Murgas, ordenó ayer la aprehensión provisional de tres propiedades de Ferrufino.
Horas después, en la tarde, los cuatro fiscales Anticorrupción presentaron en la Contraloría General de la República una denuncia por presunto enriquecimiento injustificado contra el también expresentador de televisión.
Cautelación de bienes
Tras varios días de búsqueda en el Registro Público, el fiscal Murgas ordenó a esa institución la aprehensión provisional de propiedades vinculadas a Ferrufino.
En primer lugar decretó la cautelación de la vivienda ubicada en Los Altos de Albrook.
Esta propiedad se identifica en el Registro Público con la finca número 221720, y era propiedad de la sociedad anónima Japaca Investment Inc., que segrega un globo de terreno madre de mil 213.91 metros cuadrados y que se convirtió en el lote número 10. Este lote fue adquirido por la sociedad anónima Villa Icaria, S.A.
En mayo de 2011, el exministro adquiere un préstamo con la Caja de Ahorros por la suma de $365 mil 727, para cancelar la deuda que Villa Icaria, S.A. tenía con The Bank of Nova Scotia.
Ferrufino pagó la deuda, pero quedó con un saldo de al menos $321 mil, pues la propiedad en Los Altos de Albrook se vendió por un valor de $687 mil. La propiedad ha sido remodelada con piscina y otras restauraciones y estructuras, por lo que su valor actual se estima por encima del millón de dólares.
El exministro se comprometió a pagar el saldo pendiente a la Caja de Ahorros en un término de 30 años, con una letra mensual de mil 980 dólares.
La fiscalía también ordenó cautelar la casa de playa que adquirió Ferrufino en Coronado por $500 mil, en junio de 2013. Sobre esta obligación abonó $150 mil, y el resto, $350 mil, lo pagó a través de otro préstamo con el Banco Nacional de Panamá (BNP).
Esta propiedad, situada en el corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame, aparece en el Registro Público con el número 158738. Fue vendida por la sociedad Rafe, S.A. cuyos dignatarios son Jayson Pastor –exgerente de la Caja de Ahorros en el mandato de Martinelli– y su esposa Frances Michelle Sousa Lennox de Pastor.
Pastor adquirió ese terreno en 2007 por apenas $60 mil. Con el pasar del tiempo hizo varias mejoras en la propiedad por un total de $337 mil.
La casa de playa tiene dos plantas, un área abierta, una segunda semiabierta y otra totalmente cerrada. Exhibe una piscina, y en la terraza se observaron dos vehículos four wheel.
Ferrufino incluyó en su declaración jurada de bienes los dos préstamos hipotecarios. Uno por $350 mil con la Caja de Ahorros, y otro por $380 mil con el Banco Nacional de Panamá.
El exministro es cuestionado porque apenas con un salario de $7 mil mensuales obtuvo dos préstamos hipotecarios de varios ceros.
En el lustro frente al Mides acumuló salarios por $420 mil, menos impuestos y otros descuentos.
La Fiscalía Primera Anticorrupción también ordenó cautelar una finca en El Jobo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.
En esta finca de aproximadamente tres hectáreas tiene varios caballos finos. Sin embargo, en la declaración jurada de bienes de 2014 aseguró que poseía un caballo cuarto de milla por un valor de $25 mil aproximadamente.
El fiscal anunció que continúa el proceso de recopilación de información referente a las propiedades del expresentador de televisión, a quien se le vincula con otros tres bienes inmuebles en las afueras de La Chorrera. Uno de ellos de 24 hectáreas a nombre de su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino.
También se le atribuyen derechos reales sobre sendas casas campestres en El Valle de Antón, provincia de Coclé, y en Boquete, provincia de Chiriquí.
Enriquecimiento sin causa
Los cuatro fiscales Anticorrupción –Nahaniel Murgas, Lizzett Chevalier, Víctor Barrios (suplente) y William Parodi– acudieron ayer a la Contraloría General de la República para interponer una denuncia contra el exfuncionario por supuesto enriquecimiento injustificado.
El fiscal cuarto Anticorrupción William Parodi informó que las pruebas allegadas integran las averiguaciones adelantadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en las que se encontraron elementos probatorios que pueden señalar la posible comisión de enriquecimiento injustificado.
“Básicamente las pruebas se basan en la información publicada en los medios de comunicación, que fue legalizada y que permitió la apertura de las investigaciones”, explicó Parodi.
El fiscal Murgas detalló que seguirá en el Ministerio Público el proceso por el supuesto delito contra la administración pública en el que se investiga a Ferrufino; y la Contraloría es responsable, por mandato legal, de averiguar lo correspondiente al enriquecimiento injustificado.
Murgas se refiere a la Ley 59 de 1999, que en sus artículos 8 y 9 establece que la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, deberá iniciar de oficio o previa denuncia el proceso para determinar si los hechos denunciados constituyen, efectivamente, un enriquecimiento injustificado.
La ley establece que el denunciado deberá presentar las pruebas pertinentes que justifiquen el origen y la procedencia de sus bienes, ya sea por sí mismo o por interpuesta persona, natural o jurídica, y que sobrepasen a aquellos declarados o los que probadamente superan sus posibilidades económicas.
Si la Contraloría determina que existe enriquecimiento injustificado deberá remitir copia auténtica de lo actuado a la Procuraduría General de la Nación, para que realice las investigaciones que correspondan sobre la responsabilidad penal que haya lugar.
El partido Cambio Democrático (CD) expresó su rechazo y condena a todo acto de corrupción y apropiación indebida del patrimonio que le pertenece a todos los panameños, mediante un comunicado. “Toda denuncia legítima que se presente ante las instancias legales correspondientes debe ser investigada de forma objetiva y a profundidad”, destaca el comunicado del partido dirigido por el expresidente Ricardo Martinelli.
El CD también solicitó que cualquier decisión que implique la formulación de cargos contra personas señaladas debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Las fiscalías Anticorrupción investigan por la supuesta comisión del delito contra la administración pública al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y al exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén. Afrontan otros procesos por corrupción, además, la exdirectora de Migración María Cristina González, el exviceministro de Comercio Luis Eduardo Camacho y el expresidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada.
Eduardo Mendoza
Guillermo Ferrufino, extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli habló ayer a RPC Radio desde el despacho de su abogado, Luis Carlos Cabezas, pero no quiso aclarar nada sobre cómo adquirió propiedades en la urbanización Los Altos de Albrook, una casa de playa en Coronado, una residencia campestre en Boquete y fincas en La Chorrera.
“Han sido muchos días de golpes y ha sido difícil... he sido disciplinado con mi abogado y he seguido al pie de la letra sus indicaciones y así nos vamos a mantener hasta el momento preciso”, afirmó el exfuncionario.
Agregó que a partir de la próxima semana dará una explicación al país.
“La próxima semana daré mis descargos, mi declaración; estaré en los medios de comunicación dando entrevistas y dando la cara para explicar todo lo que se ha dado, toda esta injusticia, porque hay cosas que uno logra con esfuerzo”, precisó Ferrufino.
Dijo que en su casa en Albrook sus hijos no pueden jugar en el patio, porque algunos medios están a la caza, “como si uno fuera una mala persona”. Insinuó que las investigaciones judiciales en su contra son una persecución política.
Luis Carlos Cabezas, abogado de Ferrufino, es esposo de Jackeline Robinson de Cabezas, exasesora del exministro del Mides. Ella conformó el equipo de asesores legales de esa entidad hasta 2010 con un salario de $3 mil mensuales. Luego, la abogada pasó a realizar consultorías para el Mides.
Según información de la Contraloría General de la República, Robinson de Cabezas desde 2012 hasta 2014 cobró 17 cheques por un total de $119 mil 981.
Once de estos cheques fueron por la suma de $5 mil 175, uno de $3 mil y otro por $64 mil. Este último pago fue refrendado por la Contraloría General el 16 de julio de 2013. Este medio intentó contactar al abogado Cabezas, pero una persona que contestó su celular dijo: “El licenciado está ocupado, se encuentra en una reunión a puertas cerradas, cuando se desocupe le daré el mensaje”. Al cierre de esta edición, el abogado Cabezas no había respondido.
