Que los Estados apliquen en toda su extensión la voluntad popular emanada de las consultas –previas, libres e informadas- es el mayor reto de los Estados, especialmente en la región centroamericana, una de las más vulnerables para la seguridad de los defensores ambientales.
Alrededor de este clamor giró la primera reunión del Segundo Foro Regional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) e inaugurado ayer martes en la capital panameña.
El Acuerdo de Escazú es como se le conoce al pacto regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, un instrumento al que están adheridos la mayoría de los países de la región. Fue firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y negociado por los países con participación de la sociedad civil y público en general, lo que “confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible”.
Guatemala, Panamá, Belice, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua negociaron el acuerdo de constitución entre 2014 y 2018 junto con otros países de toda Latinoamérica. Luego algunos como Costa Rica y Guatemala lo llegaron a firmar pero no lo han ratificado. De la región, sólo Panamá y Nicaragua han ratificado el acuerdo y formalizado su adhesión al mismo.
La vinculación de los marcos mundiales y nacionales en el acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, la cooperación Sur-Sur, plantea las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Este instrumento procedimental es importante porque promueve la inversión sostenible, impulsa la economía verde, mejora la gobernanza ambiental y fomenta la cooperación regional en asuntos ambientales.
Uno de los objetivos del foro es generar mayor conocimiento y elaborar un diagnóstico de la situación de los derechos humanos de la región, además de compartir experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente y continuar con discusiones y consultas para un Plan de Acción.
Dicho plan de acción se centra en que los Estados, como responsables de implementarlo, puedan hacerlo efectiva y ampliamente. Urge estudiar y articular figuras para aplicar el Acuerdo de Escazú en los distintos países, para lo que se requiere una constante evaluación de la norma, según lo que plantearon representantes de la Cepal en la ponencia inicial.
César Artigas, representante del componente de los miembros del público en el foro regional, dijo que “estamos en la región más peligrosa del mundo”. Esto también con base en el informe de Global Witness sobre los asesinatos de líderes ambientales y la conclusión definitiva de que, en efecto, Latinoamérica es la región con mayor cantidad de asesinatos a activistas y/o defensores en diferentes ámbitos de los derechos humanos y el ambiente.
Artigas es representante elegido por los componentes del público, que pueden registrarse de manera libre -tanto personas como pequeñas organizaciones que no requieren ninguna acreditación previa, esto les da derecho de escoger cada 4 años a los dos representantes de cada región: Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
La radiografía de la situación del Acuerdo pasa por hablar de la situación política de los países de Centroamérica: “hay mucho retroceso en materia de derechos, de democracia, una ola de autoritarismo muy fuerte y una tendencia al populismo muy notable en algunos países. Luego para los grupos con intereses en que la agenda de derechos no se amplíe porque reta los intereses expresados en sus inversiones, hace que Escazú en Centroamérica no esté avanzando en la medida en que debería”, explicó.
Sobre los retos, Artigas admitió que la región tiene muchos todavía en cuanto a la aplicación: que más Estados sean parte del Acuerdo -son solo 15 en la región y solo 2 de ellos están en Centroamérica-, que se rompan los espacios cerrados a la participación, la criminalización de la defensa ambiental, la limitación de derechos, la poca apropiación del instrumento por parte de las mayorías, entre otros.
En el panel también se denunciaron los estereotipos, inconsistencias que hay con el Acuerdo de Escazú. Dirigentes de la región como Oneida Suárez, una activista antiminera de Colombia, denunció que ha recibido amenazas por su lucha en defensa del territorio.
Cristóbal Bancas, otro defensor del ambiente que viajó desde Bolivia para asistir al foro, dijo que el gobierno de su país no cumple “nada” sobre los acuerdos, dando como ejemplo un caso de muertes ocurrido en su ciudad por el consumo de pescado contaminado.
Por otro lado, otras denuncias que se hicieron en forma general para proteger la identidad de los afectados incluyeron las de representantes indígenas del Perú que viajaron con vestidos tradicionales y pasaron malos ratos por la incomprensión de autoridades migratorias en distintos aeropuertos. Además de que al menos tres defensores del ambiente que venían desde Honduras no pudieron viajar a Panamá porque a última hora les pidieron la vacuna de fiebre amarilla. Esto lo denunció César Artigas, representante del público en el foro.
De Perú también denunciaron asesinatos y persecución a los líderes comunitarios y defensores ambientales. “No buscamos reconocimiento, lo que queremos es que respeten nuestros territorios y los derechos humanos”, dijo uno de ellos, al tiempo que exaltó la prevención y la importancia de que los países apoyen iniciativas propias de comunidades, porque “el Estado no llega inmediatamente a todos lados”.
En las intervenciones del público se abordó también el tema de la seguridad y de la militarización de los territorios.
El evento fue organizado por la Cepal como Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza con el Gobierno de Panamá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y el apoyo del Banco Mundial.
