La lógica impositiva mundial también se está transformando. La nueva realidad incluye la adopción de la mayoría de los países de la Convención impositiva de las Naciones Unidas, que fue votada el pasado 22 de noviembre con 125 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones.
La adopción de esta convención desplaza la mayoritariamente adoptada por los países hasta ahora, el modelo impositivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que aunque no incluye a todos los países, muchos de sus no miembros han adoptado sus modelos de tasación de impuestos, como en el caso de Panamá.
Cabe resaltar la postura de Centroamérica en esa votación y empezar a trazar lo que esto significaría para los estándares fiscales de la región a corto, mediano y largo plazo.
De los siete países centroamericanos, cinco votaron a favor de adoptar esta convención fiscal de las Naciones Unidas, estos fueron Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Por el contrario, dos países se abstuvieron: El Salvador y Costa Rica. Este último es el único país de la región que es miembro activo de la OCDE.
Cabe destacar el giro que tuvieron Panamá y Honduras, que en votaciones anteriores se oponían a adoptar la convención, pero este año votaron a favor, lo que significa un cambio de visión en cuanto a la justicia fiscal, un tema álgido especialmente en Panamá, cuya economía dolarizada no funcionaría sin la IED por la falta de un banco central.
El Convenio sobre la doble imposición entre países desarrollados y países en desarrollo 2021 es fruto del espíritu internacional que busca evitar la doble tributación, que al globalizarse la economía y las trasnacionales desde la postguerra, encontró un asidero importante en la agenda de los países. En este marco se inspiró también el modelo de la OCDE que aspira a lo mismo pero en condiciones no siempre equitativas, porque al ser un grupo con países miembros, los tratados bilaterales de tributación que se firmen entre los países, usualmente benefician más a los sospechosos usuales: los grandes países del Norte auto etiquetados como “desarrollados” en detrimento de los del Sur, los “subdesarrollados”.
En concreto, de acuerdo al manual del convenio de la ONU, “las áreas importantes de divergencia ejemplifican y permiten centrar la atención en algunas diferencias clave en los enfoques y en el énfasis, como se ejemplifica en la práctica de los países. Tales diferencias se relacionan, en particular, con la cuestión sobre qué tan lejos un país u otro deberían renunciar, bajo un tratado tributario bilateral, a los derechos tributarios a los que tendrían derecho al amparo de la legislación interna, con miras a evitar la doble imposición e incentivar la inversión”.
El país que se adhiera al Modelo de Convenio Tributario de las Naciones Unidas buscaría “una mayor preservación de los derechos de gravamen del llamado “país fuente” –los derechos de gravamen del país sede de la inversión-, en comparación con aquellos del “país de residencia” del inversionista. Esto ha sido considerado por un largo tiempo como un tema de especial importancia para países en desarrollo, aunque es una postura que algunos países desarrollados también buscan en sus tratados bilaterales”, explica el documento fuente.
Finalmente, cabe resaltar que este modelo tributario de las Naciones Unidas no tiene el propósito de una norma sino de guía, es decir, sus principios no son ejecutables por sí mismos, sino que buscan dar la información necesaria para los diferentes enfoques que podría tomar un país al adoptar su política tributaria a fin de facilitar la negociación, interpretación y aplicación práctica de los tratados tributarios bilaterales.
Esta votación debe poner en marcha discusiones bastante técnicas por un lado, pero que al final eclipsan el corazón de la justicia tributaria que tanto reclama la región, que se ha avocado en los últimos años a políticas erráticas que han profundizado las brechas de desigualdad.
Discusiones como los regímenes fiscales territoriales, el impuesto regresivo, el aumento del IVA, la carga fiscal sobre los salarios, el impuesto a las fortunas, los paraísos fiscales, entre otros, son temas pendientes en la agenda fruto de esta inédita votación en las Naciones Unidas.
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