Dirigido a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y demás empresas que contratan con el Estado.
La legislación panameña ofrece protección a los contratistas frente a imprevistos que afectan los proyectos prolongados, promoviendo la justicia económica y la estabilidad en las relaciones entre el sector público y privado.
A través del principio de Equilibrio Contractual, el marco normativo asegura que las empresas contratistas no sufran pérdidas desproporcionadas debido a circunstancias fuera de su control.
Este mecanismo, regulado por la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas y actualizado por la Ley 153 de 2020, permite corregir los desbalances económicos originados por situaciones extraordinarias. En la etapa postpandemia, se ha vuelto una herramienta vital para enfrentar el aumento de los precios de materiales y mano de obra, así como para gestionar los retrasos en la ejecución de proyectos públicos.
El Equilibrio Contractual en Panamá encuentra su base principal en el Código Civil panameño, adoptado en 1917, que es una adaptación del Código Civil español, influenciado por el Código Napoleónico. Este código establece principios de buena fe, equidad y justicia en los contratos. El Código Civil, enmarca y aplica la concepción latina “Rebus Sic Stantibus” el cual sostiene que las condiciones originales del contrato deben mantenerse, salvo que circunstancias imprevistas alteren significativamente la situación de una de las partes, afectando el equilibrio pactado inicialmente.
El Equilibrio Contractual, inspirado en el Derecho Administrativo Francés, busca mantener un balance entre las obligaciones del Estado y del contratista, evitando abusos de poder o riesgos excesivos para el privado. Este principio, adoptado en América Latina y Panamá, que data de los años cincuenta, garantiza que el interés público no anule los derechos del contratista, promoviendo justicia y eficiencia. En Panamá, se consolidó a través de contratos administrativos, jurisprudencia de la Corte Suprema y la Ley de Contrataciones Públicas.
En Panamá, el principio de Equilibrio Contractual ha evolucionado como una necesidad para asegurar que el interés público (administrado por el Estado) no anule por completo los derechos del contratista, así como también protege al Estado en atención a mantener un balance equitativo procurando gestionar una buena administración de los recursos públicos.
EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL, UNA MEDIDA MITIGANTE DE RIESGOS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
El Equilibrio Contractual es una herramienta clave para mitigar riesgos en la contratación pública, ya que garantiza que las partes involucradas alcancen un balance y estabilidad entre los recursos financieros disponibles y las obligaciones asumidas para la prestación del servicio o entrega del bien contratado. Mediante la implementación de medidas orientadas a prevenir y resolver situaciones que puedan desequilibrar el contrato, se optimizan los tiempos y costos previstos, mejorando así los resultados del proyecto. En este contexto, se considera que existe un equilibrio económico adecuado cuando los ingresos generados son suficientes para cubrir los gastos operativos y las obligaciones financieras asociadas al bien o servicio pactado. Este enfoque asegura un funcionamiento continuo y sostenible a lo largo del tiempo, promoviendo la eficiencia y estabilidad del contrato.
IMPACTO FINANCIERO Y AUMENTO EN LOS COSTOS
El desequilibrio financiero que surge de estos imprevistos tiene varias repercusiones. La falta de liquidez obliga a las empresas a recurrir a financiamiento externo, lo que incrementa sus costos financieros y dificulta el pago puntual de salarios y obligaciones operativas. En muchos casos, los contratistas deben ceder sus cuentas por cobrar a bancos o entidades financieras para obtener liquidez inmediata, aunque esto conlleva gastos adicionales.
Otro reto significativo es el aumento en los costos de la mano de obra. En Panamá, los salarios en la industria de la construcción están regulados por la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS, que establece incrementos salariales anuales. Cuando un proyecto se extiende más allá de los plazos previstos, los contratistas deben asumir estos aumentos, afectando los presupuestos originales.
Asimismo, la dependencia de Panamá de la importación de materias primas implica que los precios de los materiales estén sujetos a fluctuaciones internacionales. Esta volatilidad se ha acentuado en los últimos años, generando costos adicionales no contemplados en las licitaciones iniciales y complicando la ejecución de los proyectos.
LOS DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROLONGADA
Las extensiones en los plazos también aumentan los costos administrativos. El personal encargado de la supervisión y gestión de las obras debe continuar trabajando más tiempo del esperado, lo que incrementa los gastos operativos. Al mismo tiempo, se prolonga el uso de maquinaria y equipos en alquiler, junto con otros gastos misceláneos, afectando el presupuesto general de las obras.
Ante estos desafíos, el Equilibrio Contractual permite renegociar los términos de los contratos para garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos. Esto resulta clave para evitar la paralización de las obras y asegurar que las empresas contratistas puedan cumplir con sus compromisos en circunstancias adversas.
CONFIANZA Y ESTABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
El reconocimiento de este principio fortalece la confianza del sector privado en el Estado, creando un entorno más atractivo para la inversión en proyectos públicos. Además de proteger a los contratistas de situaciones imprevistas, el Equilibrio Contractual garantiza que las relaciones contractuales se mantengan estables y justas, promoviendo un desarrollo económico sostenible.
En un contexto donde la inversión en infraestructura es fundamental para impulsar el crecimiento del país, la figura del Equilibrio Contractual se convierte en una herramienta esencial para la estabilidad financiera de las empresas. Esta medida no solo asegura la continuidad de los proyectos en ejecución, sino que también fomenta un clima de confianza y seguridad que impulsa la competitividad y el desarrollo.
BENEFICIOS DE LOS EQUILIBRIOS CONTRACTUALES PARA EL ESTADO
Los beneficios del Equilibrio Contractual en el Estado panameño aporta múltiples privilegios, optimizando el uso eficiente de los recursos públicos y minimizando sobrecostos en proyectos. Esto favorece la transparencia y reduce riesgos de corrupción mediante procedimientos claros, fortaleciendo la confianza entre el sector público y privado, lo que incentiva la inversión y facilita alianzas estratégicas. Además, disminuye conflictos y litigios, garantizando la ejecución eficiente de proyectos en beneficio del interés público. Estos contratos ofrecen adaptabilidad ante crisis, distribuyendo los riesgos de manera justa y promoviendo una gestión cooperativa y equilibrada.
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