Un día como hoy, el 13 de octubre de 2021, después de cuatro difíciles años de largas y complicadas discusiones en la Asamblea Nacional, el entonces presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 242, que buscaba regular el uso médico y terapéutico del cannabis medicinal en Panamá. Y tal como lo exige la ley, esta fue reglamentada en 2022.
Igualmente, aunque tal vez tardío, se creó el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal y se dio inicio al Programa Nacional para uso y estudio del cannabis medicinal. Se asignaron, a su vez, en enero 2024 las siete licencias que determinaba la ley. El gobierno saliente dejó una hoja de ruta para que este nuevo gobierno siguiera dándole curso a la ley. Los pasos siguientes eran inspeccionar, entregar las licencias y levantar el registro único de pacientes.
En los primeros 100 días de este nuevo gobierno, vemos con impotencia y frustración que la respuesta de las autoridades (tanto a la industria como a las agrupaciones de pacientes) es que no pueden hacer más porque no tienen la información clara, ni las maneras legales de proceder para, finalmente, implementar la ley.
A eso se suman las declaraciones algo insensibles y poco humanitarias a modo de ofensa del presidente, José Raúl Mulino, el jueves en su acostumbrada conferencia de prensa semanal, de que la ley del cannabis medicinal era lo “último” que le preocupaba. Hay miles de panameños pasando dolor, niños incluidos que necesitan de este producto para sobrevivir y vivir con dignidad. No es justo minimizar el sufrimiento humano, y menos si ya existe una ley reglamentada al respecto.
Nos urge que el gobierno asuma la implementación de esta ley con voluntad, empatía, humanidad, transparencia y compromiso, para así poder alivianar la carga de miles de pacientes con patologías como cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, convulsiones, niños con epilepsia refractaria, enfermedades raras, dolor crónico, parkinson, entre muchas otras.
Hoy, a tres años de sancionada la ley, no solamente tenemos a pacientes cuyo padecimiento no cesa, en muchos casos empeora día a día de manera irreversible, estos pacientes siguen esperando un medicamento que podría mejorarles significativamente su calidad de vida y en su desesperación, están obligados a cometer ilegalidades, siendo estafados en el mercado negro, en el que nadie garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Esa es la delicada y peligrosa realidad, con el agravante de que los médicos no pueden recetar el medicamento aun cuando ya es legal, y la industria está en un vacío jurídico porque las licencias fueron asignadas, pero no pueden operar porque no han logrado obtener las aprobaciones finales.
Los pacientes entendemos que el Ministerio de Salud tiene un sinfín de problemas que atender, pero la aplicación de esta ley no es menos importante que el resto. Este también es un tema de salud pública y, como tal, debe ser atendido. La salud es un derecho humano y nosotros, que somos seres humanos y no estadísticas, necesitamos acceso oportuno a un sistema de salud de calidad, seguro, inclusivo y protector.
Nos ponemos a disposición de las autoridades para aclarar las dudas y compartirles la información que sea necesaria para implementar finalmente la ley, de la misma manera en la que hemos venido haciendo docencia del tema con la ciudadanía.
Regular es cuidar y el dolor no espera.
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