DAVID, Chiriquí.- El obispo de la diócesis de David, José Luis Lacunza, hizo un llamado a los grupos originarios de la Comarca Ngäbe Bugle a deponer actitudes y a buscar, mediante el entendimiento y el diálogo, una solución a la crisis que enfrentan por los conflictos internos que tienen.
Lacunza dijo que se deben agotar los mecanismos que otorga la ley de la comarca y la ley del país, no sólo a la cacique general Silvia Carrera, sino a los demás miembros de la junta directiva del Congreso General.
Resalto que la Cacique General tiene todo el derecho a la defensa, a presentar los descargos que ella sienta y vea conveniente para responder a las acusaciones que les hace la directiva del Congreso General.
Sobre un papel mediador que podría estar aportando la Iglesia Católica en Chiriquí, para evitar que el conflicto entre los dirigentes indígenas Ngäbe y Bugle llegue a la población, afirmo que para llegar a este punto, debe haber un acuerdo entre las partes de solicitarla. Afirma que la Iglesia católica, cada vez que se le llama para atender este tipo de situaciones nunca ha dicho que no.
En tanto dirigentes del Congreso Tradicional de Masas de la Comarca Ngäbe Bugle, volvieron a solicitar la derogación del decreto ejecutivo 537 y exigieron la renuncia masiva de los actuales directivos del Congreso General Ngäbe Bugle y de la Cacique General, Silvia Carrera.
“Nosotros los miembros del Congreso General de Masas, verdaderos representantes de las poblaciones de la Comarca, siempre hemos desconocido a estas autoridades, que fueron electas con un decreto nefasto que fue ideado y ejecutado por el ex presidente Ricardo Martinelli para apoderarse de los recursos mineros e hídricos en la comarca”, dijo Domingo Palacios, del Congreso Tradicional de masas.
Palacios asegura que desde que se creó el decreto y se llamó a elecciones, la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas lo rechazaron, por considerar no representaba los mejores intereses para ellos y sus tradiciones.
“Le estamos solicitando a las actuales autoridades de gobierno a derogar este decreto, porque no nos representa y que desde su creación ha provocado la división y el enfrentamiento entre los pueblos de la comarca”, afirmo Palacios.
Para Bernardo Sittón, también del Congreso Tradicional de Masas, este decreto ejecutivo, que les fue impuesto al pueblo indígena Ngäbe y Bugle por la anterior administración, derivó en la realización de unas elecciones en donde sólo participaron cerca del diez por ciento de la población, lo que lo hace ilegitimo.
Resalta que por este motivo, por no representar a los intereses de la comarca es que ellos, la coordinadora indígena y campesina, al igual que las autoridades tradicionales de masas, exigen que todos renuncien, porque no les interesa el pueblo indígena, sólo sus intereses.
Resalto que fueron nombrados caciques locales, regionales y la cacique general, tan sólo con un 10 por ciento de la población Ngabe y Bugle, mientras que la población de forma masiva, con más de esta cantidad eligió a Celio Guerra y a otros ciudadanos de la comarca como caciques, que sin nos representan, dijo Sittón.
