La joven que denunció a Dani Alves por violación notificó este lunes al Tribunal Supremo de España que recurrirá la sentencia que absolvió al exfutbolista de agresión sexual, por lo que se suma así a la Fiscalía, que aprecia vulneración de preceptos legales o constitucionales.
En declaraciones a los periodistas, la abogada Ester García, que representa a la denunciante, confirmó que hoy mismo, último día habilitado para que las partes comunicaran al Supremo si iban a recurrir, notificó su recurso contra la absolución del exfutbolista hispano-brasileño, acordada el pasado 28 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En concreto, la denunciante ratificó ante el Supremo que recurrirá, a la espera de formalizar su escrito en los próximos días con todos los argumentos contra la sentencia absolutoria.
De esta forma, se suma a la Fiscalía, que ya anunció el pasado 2 de abril que su recurso de casación se basaría en los únicos resquicios legales que le facultan a apelar la sentencia, vulneración de preceptos legales o constitucionales, dado que el Supremo no puede revisar las pruebas de un proceso penal, incluidas las testificales o la documentación.
Según fuentes judiciales, el recurso de la denunciante pivotará sobre los mismos argumentos que el de la Fiscalía, sobre la vulneración de preceptos legales o constitucionales.
En su sentencia de marzo, el TSJC resolvió en sentido contrario a los recursos planteados por las acusaciones y absolvió a Alves, como pedía su defensa, por considerar que el testimonio de la víctima no es “fiable” y que no hay suficientes pruebas para desmontar su derecho a la presunción de inocencia.
La denunciante había pedido al TSJC que elevara la condena a Alves hasta los doce años de cárcel, al cuestionar la atenuante de reparación del daño que la Audiencia de Barcelona aplicó el año pasado al exfutbolista por los 150.000 euros que entregó al juzgado para hacer frente a una eventual indemnización para la víctima, lo que permitió reducirle la pena a que se exponía por agresión sexual.
Días después del alud de críticas a la absolución de Alves, incluso desde el Gobierno español, la nueva presidenta del TSJC, Mercè Caso, pidió “respeto” a las resoluciones judiciales para no “debilitar el Estado de derecho y las instituciones que lo protegen”, pese a reconocer que en ocasiones es “difícil de entender”.
Una vez interpuestos los recursos en el Supremo, el margen de maniobra en el alto tribunal para revisar la sentencia absolutoria será, sin embargo, limitado, ya que no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior.
Por ello, en el caso de apreciar que la absolución esté basada en argumentos erróneos, puede ordenar que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia, según fuentes jurídicas.
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