El fútbol panameño tuvo el miércoles 4 de septiembre un antes y un después, luego de que se le imputaran cargos al exportero de la selección, Óscar McFarlane, y los futbolistas Lilio Mena y Rolando Gumbs por el supuesto delito contra el orden económico en modalidad de delitos financieros. La fiscalía los vincula con la manipulación en los resultados de los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Liga Prom.
La jueza Sandra Castillo decretó la prisión preventiva para McFarlane, mientras que a Mena y Gumbs se les aplicó el impedimento de salida del país, firma periódica los 15 y 30 de cada mes y la prohibición de hablar con testigos.
Castillo tomó esta decisión, después de que el fiscal Reinier Rivas lograra legalizar la aprehensión y la imputación de los cargos.
Durante la imputación, Rivas señaló a McFarlane como la persona que contactaba a los jugadores para ofrecerles dinero, con el objetivo de intervenir en los resultados de los partidos.
McFarlane, de 43 años de edad y vestido con un suéter verde agua, con el rostro de Pablo Escobar, con el número 100, escuchaba cuando el fiscal comenta sobre las intervenciones telefónicas y entrevistas de varios jugadores en su contra.
Entre estos futbolistas estaban Carlos Escobar, Camilo Villegas y Jean Montenegro.
El fiscal explicó que Escobar se opuso a dicho ofrecimiento debido a los antecedentes de McFarlane.
Villegas le habría contado que fue contactado por McFarlane para pedirle que se dejara meter dos goles en el primer tiempo de un partido a cambio de $10 mil.
De igual forma, Rivas comentó que Montenegro corroboró que había recibido una llamada de McFarlane en la que le ofrecía de $1,500 a $2,000 por el resultado del encuentro.
El fiscal también reveló que Javier Góndola sí aceptó el arreglo de un partido ante la propuesta de Mena. El pago habría sido de $5 mil, pero no se dieron más detalles de ese juego durante la audiencia.
Partido
Rivas volvió a mencionar de forma directa al futbolista Lilio Mena, en el resultado del encuentro entre los clubes San Martín contra Águilas de la U, celebrado el 26 de agosto de 2023, en el estadio Cascarita Tapia.
Según las interceptaciones telefónicas que efectuó la fiscalía, Mena llamó a Gumbs para que aceptara $4,500 a través de criptomonedas.
La investigación arrojó que el partido debía terminar 4-0 a favor de las Águilas y que todos los goles se debían anotar en la primera parte.
El fiscal Rivas expresó que Gumbs, de 22 años de edad, se comunicó con Mena, de 23 años de edad, para saber cómo sería el pago de la misma. Mena le explicó que tendría que ir a una casa de cambio para hacerlo en efectivo.
En este punto, la defensa de Mena y Gumbs, Juan Paulino Rodríguez y Yaritza Lewis, respectivamente, le pidió explicación a la fiscalía, al alegar que sus clientes no disputaron ese partido.
Paulino Rodríguez preguntó cómo su defendido podría alterar un resultado si no estaba en el partido, además de que no eran directores ni formaban parte del cuerpo técnico para alterar el resultado del encuentro.
Sin embargo, la respuesta de Rivas fue que las escuchas telefónicas revelaron que Mena llamó a una casa de cambio para hacer efectivo las criptomonedas y que Gumbs le consultaba a Mena sobre cuándo le iba a dar su parte. Al final, la suma cobrada fue de $4,050, por la comisión con la que se quedó el negocio.
Solicitud alterna
Durante la imputación de cargos, McFarlane y Mena mostraron interés en un arreglo de pena y de colaboración con la fiscalía Contra el Crimen Organizado, pero tras dos recesos otorgados por la jueza Castillo, las partes no lograron llegar a un acuerdo.
Gerardo Payares, abogado de McFarlane, sugirió el pago de $400, a razón de $2.00 por 200 días, pero la propuesta no fue aceptada por el fiscal.
McFarlane tiene un ingreso entre $150 y $200 semanales como conductor de Uber, según su abogado. El guardameta llegó hasta noveno año y que tiene tres hijos.
Gumbs indicó que recibe ingresos entre $300 y $400 mensuales, que vive con su mamá y que estudió hasta décimo año mientras, Mena llegó hasta onceavo año de la escuela y su salario es de $600 dólares mensuales.
Al escuchar la decisión de la jueza Sandra Castillo, McFarlane apoyó su cabeza sobre la mesa en tres ocasiones, se llevó sus manos al rostro. Se movía de un lado a otro. Se veía intranquilo.
Castillo tomó la decisión de detención provisional de McFarlane, porque había sido procesado con anterioridad por los casos de posesión de arma y droga, además de que se le “había dado la oportunidad de trabajo comunitario”.
En lo que respecta a Mena y Gumbs, la jueza consideró que era suficiente con que se reporten y firmen todos los 15 y 30 de cada mes, ya que la fiscalía no supo sustentar las imputaciones.
El semblante de Mena y Gumbs cambió de forma inmediata. Llegaron a sonreír al conocer que quedaban en libertad, pero solo con el impedimento de salir del país. Tampoco pueden tener contacto con los testigos.
Payares, como representante de McFarlane, apeló la decisión de la jueza.
El querellante, Eduardo Guevara, representante de la LPF, apeló la medida otorgada a Gumbs.
Esta audiencia está programada para el 19 de septiembre, en el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna.
