La defensa de Novak Djokovic y el gobierno australiano disputaron este domingo el último set de su batalla en el Tribunal Federal, que se retiró a deliberar sobre la deportación del tenista a menos de 24 horas del inicio del Grand Slam.
Después de una mañana de argumentos y contraargumentos de ambas partes, los tres jueces del tribunal dejaron el caso visto para sentencia y se retiraron a deliberar el veredicto, que podría llegar en la misma jornada.
“Esperamos estar en posición de señalar a las partes después por la tarde cuál es la dirección que proponemos”, dijo el presidente del tribunal, James Allsop.
Recluido desde el sábado en un centro de detención, donde ya pasó cinco días al llegar a Australia el 5 de enero, Djokovic fue autorizado a seguir la sesión desde el despacho de sus abogados en Melbourne.
El tenista serbio no solo se juega su participación en este torneo, donde busca ganar su 21º Grand Slam y batir el récord que comparte con Rafael Nadal y Roger Federer, sino una posible prohibición de entrada a Australia durante tres años.
Para el gobierno, la presencia de Djokovic, que no está inmunizado ante el covid, representa un riesgo para la comunidad porque puede fomentar “el sentimiento antivacunas” y provocar “agitación social” y “desprecio” a las reglas sanitarias.
La defensa rebatió estos argumentos y calificó la detención y su posible expulsión de su cliente de “ilógica”, “irracional” e “irrazonable”.
El gobierno “no sabe cuáles son las opiniones actuales del señor Djokovic”, dijo el abogado Nick Wood señalando que, aunque su cliente no esté inmunizado, nunca ha apoyado a los movimientos contrarios a la vacunación.
Por parte del gobierno, el abogado Stephen Lloyd argumentó que el tenista ha tenido tiempo para vacunarse y no lo ha hecho y que ha ignorado repetidamente las medidas de prevención por la pandemia, como aislarse después de dar positivo.
“Se ha convertido en un icono para los grupos antivacunas”, insistió Lloyd, que enumeró las protestas de estos colectivos ocurridas en Australia tras la detención del tenista.
A menos de 24 horas de que empiece la primera ronda del torneo en el Melbourne Park, en la que el número uno mundial debe enfrentarse a su compatriota Miomir Kecmanovic, la decisión de este tribunal apunta a ser la definitiva.
El equipo legal del serbio ya salvó el 10 de enero una primera bola de partido cuando un juez de menor rango revirtió la cancelación del visado de Djokovic y lo dejó en libertad tras días encerrado en el centro de migrantes.
Pero el viernes, el gobierno del conservador Scott Morrison, con unas importantes elecciones generales en cuatro meses, decretó nuevamente su deportación alegando motivos “sanitarios y de orden público”.
La cuestión es especialmente sensible en Australia, cuyos ciudadanos han vivido casi dos años bajo restricciones y un férreo cierre de fronteras y han reaccionado en muchos casos con indignación a la entrada del tenista sin estar vacunado.
El nueve veces campeón del Open y actual ganador obtuvo una derogación médica de la organización por una infección de Covid-19 a mediados de diciembre. Sin embargo, este motivo no bastó para las autoridades, que buscan desde entonces deportarlo.
El caso se ha alargado y enturbiado, con manifestaciones en Serbia y en Australia, a veces con grupos antivacunas implicados, y la aparición de informaciones que ponían en duda las explicaciones del serbio.
A mediados de semana, en un comunicado en redes sociales, Djokovic terminó admitiendo “errores” de su parte, como haberse reunido con un periodista después de haber dado positivo o haber rellenado con información equivocada una declaración de viaje solicitada por las autoridades fronterizas australianas.
