El presupuesto modificado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado a la Asamblea Nacional incluye $5,657 millones para el pago de la deuda
Esto representa el 18% del presupuesto general, que asciende a $30,690 millones para la vigencia fiscal de 2024.
Cuando el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, explicó los ajustes que se habían hecho al presupuesto, que originalmente era de $32,754.5 millones, recalcó que el servicio a la deuda era uno de esos renglones inflexibles, es decir, que era poco probable poder modificarlo.
“Un país que no paga su deuda entra en un default y se le cierran las puertas al financiamiento. Y no solo eso, se mandan mensajes en todo sentido, incluso a la IED y al sector financiero. No pagar la deuda afecta el desarrollo y crecimiento de los países”, justificó.
El monto de los pagos que se deben hacer están estrechamente vinculados al saldo que ha escalado la deuda en los últimos años. Mientras más se debe, más se tiene que abonar.
A noviembre de este año, el saldo de la deuda era de $47,299 millones, lo que representa un aumento interanual de $2,163 millones o 4.79%, de acuerdo con información de la Dirección de Crédito Público del MEF.
Este se da en un entorno de altas tasas de intereses que también reciente el país, que termina pagando más por el dinero que pide prestado.
Un 22% de la deuda es a tasa flotante, por lo que al ser renegociada acarreará un costo financiero mucho mayor que cuando fue contratada.
Lo positivo es que ya no se anticipan muchas más subidas de tasa de interés en 2024 y 2025.
Del total de la deuda, $39,901 millones corresponden a préstamos externos y los $7,398 millones a deuda pública interna.
La gestión de Laurentino Cortizo se destaca por ser la más endeudada, llevando a Panamá a niveles sin precedentes.
Desde su asunción a la presidencia en julio de 2019, el país ha experimentado un aumento en su deuda acumulada, pasando de $26,612 millones a una cifra alarmante de $47,299 millones. El alza representa un impactante incremento de $20,687 millones durante la administración actual.
Alexander no ha dejado de justificarse con respecto al endeudamiento. Dice que a diferencia de otros gobiernos, durante la pandemia del coronavirus, la estrategia financiera del país fue solicitar préstamos para mantener activa la economía. Compensaron con deuda la caída de los ingresos y financiando los programas sociales durante la crisis sanitaria.
Pero al mismo tiempo no se observó una reducción significativa de gastos, mientras que los subsidios vinculados a la pandemia- que han estado utilizando como justificación del endeudamiento- se siguieron otorgando hasta este año.
No fue hasta ahora, con la modificación forzada del proyecto de presupuesto de 2024, que tuvieron que proponer excluir el subsidio del vale digital y la subvención a la gasolina, por ejemplo.
Los malabares financieros
Por otro lado, durante los años 2022 y 2023 el Gobierno se ha valido de jugadas contables o de ingresos extraordinarios (no recurrentes), lo cual es observado como un riesgo por las calificadoras en medio del deterioro fiscal que se experimenta.
El año pasado, el MEF llevó a cabo una maniobra financiera que consistió en diferir el pago de $364 millones en intereses de la deuda programados para el año 2022. Esta acción resultó en una disminución del gasto por concepto de intereses y contribuyó a equilibrar las cuentas, permitiendo cerrar el ejercicio fiscal con un déficit del 4% respecto al producto interno bruto (PIB).
Al cierre de este 2023, el Gobierno flexibilizó la norma fiscal; y dejó abierta la posibilidad de emitir deuda para cubrir o pagar gasto corriente.
Establecieron que los recursos provenientes de los créditos externos e internos que contraten las instituciones del sector público no financiero y Tocumen, Etesa o ENA, se destinarán preferiblemente a financiar el gasto de capital, cuando la norma indicaba que expresamente que estos financiamientos no podían destinarse al pago de gasto corriente.
El gasto corriente es básicamente el desembolso que realiza el sector público para pagar el salario de los funcionarios y para adquirir bienes y servicios.
En una nota publicada recientemente en La Prensa, se advirtió de la flexibilización que quedó inmortalizada en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo N°25, del 18 de diciembre de 2023.
Pero cuando el ministro Alexander acudió la semana pasada a la Asamblea Nacional para detallar las modificaciones realizadas al presupuesto de 2024, aprovechó para asegurar que sería “el último en estar empujando que este Gobierno esté pagando operaciones de planilla con préstamos. ¿A quién se le ocurre? Lo hicimos tempranamente en el 2020 y 2021 porque no había otra alternativa, porque los ingresos se cayeron en una economía que estaba en grandes problemas. [En ese momento] mi estrategia fue traer los fondos desde afuera y lo volvería hacer...” en caso que fuese necesario, mencionó el ministro.
Según Alexander el decreto N°25, lo que buscaba era explicar cómo se calcula el aumento de la deuda y “no buscaba ningún truco”.
El economista Carlos Arauz advierte que el ministro trata de restarle importancia al decreto recientemente publicado que da mucha más flexibilidad al uso de fondos y deudas en el esquema macroeconómico de administración de finanzas públicas.
En esa intervención ante la Asamblea, Alexander dijo que ha sido un funcionario que siempre ha exaltado la importancia del ahorro y su significado. En ese momento, Benicio Robinson, diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) interrumpió a Alexander para decir: " me consta, me consta”.
Pero para el economista Araúz “es difícil entender cómo el ministro se enorgullece de resaltar la importancia del ahorro y ha apoyado un gasto sin precedente en la historia”, sentenció.
“El despilfarro está en los números: más gastos y menos ingresos sólo se salvan con deuda que es lo que el señor Alexander ha hecho como ningún otro ministro en la historia”, dijo Araúz.
Araúz precisó que el discurso hubiera hecho sentido si hubiese habido algo de contención del gasto; algún mensaje de austeridad pero no fue así. Al no imprimir moneda y al tener una baja recaudación Tributaria, la deuda queda como única alternativa - para controlar deuda y gasto de intereses por ella teníamos que ser más prudentes con el gasto corriente y volcarnos a la inversión que generara empleos.
Esta nota fue actualizada las 10:30 a.m. para corregir la cifra de $5,757 por $5,657 millones.
