En el mes de abril, previo a las elecciones generales en las que resultó ganador como presidente de la República, José Raúl Mulino, 2,906 nuevos trabajadores ingresaron a la planilla estatal, según el reporte de la Contraloría General correspondiente al cuarto mes del año.
En total, al 30 de abril, la planilla del Estado cerró con 258,266 funcionarios, de los cuales 234,964 eran permanentes y 23,302 eventuales, correspondiendo 167,683 al Gobierno central y 90,583 al sector descentralizado. La cantidad de funcionarios registrados en abril supera en 8,646 trabajadores el número reportado en igual mes del año pasado.
El Estado comenzó el 2024 con una planilla de 239,223 funcionarios, al terminarse en enero los contratos temporales de 25,421 empleados públicos. La decisión de renovar estos contratos hizo pensar que el Gobierno buscaría reducir el gasto como lo han recomendado las calificadoras de riesgo para darle un respiro a las finanzas estatales. Sin embargo, la realidad ha sido otra, ya que entre febrero y abril las distintas dependencias del Estado contrataron a 19,044 servidores públicos, nuevamente la mayoría fueron eventuales.
La calificadora de riesgo Moody’s ha señalado que la rigidez fiscal en Panamá se ha incrementado en los últimos años debido al continuo aumento de la masa salarial, que representa el 30% de los gastos, dejando poco espacio para inversiones públicas. “Si bien las autoridades se han esforzado por reducir los costos de personal y algunos subsidios, la proporción general de gastos rígidos ha aumentado”, opina la calificadora.
El reporte de la Contraloría indica que las instituciones que lideraron las contrataciones en abril fueron el Ministerio de Educación, la Caja de Seguro Social, la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Tribunal Electoral y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Como es de esperarse, más funcionarios se traduce en más gasto. Es así que en abril se destinaron 434.1 millones de dólares para el pago de salarios, cifra que representa un incremento de 27.2 millones de dólares al compararse con los sueldos pagados en abril del año pasado.
El acumulado de los primeros cuatro meses del año da un saldo de 1,689 millones de dólares, monto que supera los 1,372 millones de dólares que costará la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, cifra que no incluye el costo de financiamiento del proyecto, que podría alcanzar los 716 millones de dólares.
Para el economista Carlos Araúz, las contrataciones temporales no tienen sentido alguno en un país que está desacelerado, donde debe aumentar la austeridad y la inversión. “No hay manera de justificar contrataciones temporales y menos para personal administrativo. Todo hace ver que fueron favores políticos dado que el gobierno quería mantener el poder y prosperar con fondos de todos los panameños”.
Moody’s ha señalado que el costo de la planilla estatal se ha convertido en un gran peso para las finanzas del Estado. En el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, que alcanza los 30,690 millones de dólares, está incluido un renglón de servicios personales por 6,915 millones de dólares, monto que contempla el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
El presidente electo ha señalado que las finanzas del Estado están en una situación crítica, indicando que, tras participar en las reuniones de transición del Ministerio de Economía y Finanzas, pudo comprobar que no hay un número que no esté en rojo.
El incremento en el volumen y peso de la planilla estatal no es cónsono con la realidad de los ingresos del Estado, que hasta abril sumaron 2,297 millones de dólares, dejando un déficit de 113.3 millones de dólares en la cifra proyectada por el Gobierno para ese periodo. En marzo, el MEF colocó una emisión de bonos por 3 millones de dólares con el fin de financiar los gastos operativos del Estado.
El 24 de mayo, el MEF publicó la resolución firmada por el ministro de la cartera, Héctor Alexander, donde solicitaba a todas las dependencias del Estado suspender las licitaciones y nombramientos que no contaran con la partida para su ejecución contemplada en el presupuesto de 2024. “También se procede a suspender todas las acciones de personal que conlleven nombramientos y ajustes salariales. Se exceptúan los cargos amparados por leyes especiales”, indicaba la Circular MEF-2024-26201.
El ministro de Economía designado por Mulino, Felipe Chapman, ha indicado que después del primero de julio podrá comprobar el estado real de las finanzas del Estado y estará en posición de realizar comentarios con propiedad sobre el manejo que se le dará a distintos temas de la economía, como el manejo de la planilla.
Panorama incompleto
En su reporte, la Contraloría aclara que los 434.1 millones de dólares pagados en salarios no incluyen el desembolso por pagos de horas extras, vigencias expiradas, decimotercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión. El documento tampoco incluye la planilla de la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
En julio de 2019, cuando el presidente Cortizo asumió las riendas del país, la planilla estatal estaba conformada por 238,248 funcionarios, que representaron el pago de 349.5 millones de dólares, un incremento de 84.6 millones de dólares mensuales al contrastarse con los números del primer trimestre de 2024.
Para René Quevedo, experto en materia laboral y asesor empresarial, los recurrentes aumentos en la planilla forman parte de un patrón histórico de intervencionismo estatal en una economía donde la empresa privada no genera empleo formal, pero sí el gobierno a través de préstamos. “Somos una economía de funcionarios e informales, financiada con plata prestada”, acotó.
Agrega que el abultamiento de la planilla estatal ha recibido atención mediática porque ha sido manejado con poca transparencia y financiado con préstamos. “De hecho, el número exacto de funcionarios es un misterio, ya que informes de la Contraloría con la misma fecha difieren en las cifras”, advirtió.
Por su parte, Araúz es de la opinión que la digitalización y la tecnología son el camino para reducir la burocracia, tramitología y la corrupción. “Estamos en un modelo donde el Estado es un gran generador de empleo, cuando debe ser todo lo contrario. Los Estados pequeños reducen la corrupción y son más ágiles en sus procesos”, explicó.
“Ojalá la próxima administración implemente una austeridad y que el nuevo contralor cumpla con su función de velar por el buen manejo del presupuesto”, expresó Araúz.
Nueva escala
El 23 de abril, once días antes de las elecciones generales del 5 de mayo, el contralor Gerardo Solís firmó la resolución 486-24-DNDRH que establece el nuevo reglamento de aumento por mérito para los funcionarios de esa entidad.
La nueva escala establece un incremento de salario del 6.5%, ajuste que entraría en vigencia en enero de 2025. En la sustentación de este incremento, la Contraloría indica que “en la actualidad, el Sistema de Clasificación de Cargos y Política de Sueldos que rige en la Entidad data del año 2013, por lo que han pasado más de 10 años”.
Agrega que la “escala de sueldos de los servidores públicos de la Contraloría General de la República no ha sido revisada ni actualizada de conformidad con las tendencias modernas de la administración, así como a las exigencias del cambio organizacional, a través de la transformación digital de esta entidad, por lo que hay casos de servidores de la institución que están próximos a llegar, ser alcanzados o sobrepasar la etapa máxima del sueldo de la escala salarial correspondiente al cargo y grado que ocupan.”
Adicional al incremento salarial, la resolución, que ya fue publicada en Gaceta Oficial, también actualiza el Manual del Sistema de Clasificación de Cargos de Gestión por Competencias de la Contraloría. “Se revisan los grados de los Cargos Clasificados del personal Operativo y Directivo de la Contraloría General de la República, para reclasificarlos a partir del grado 3 hasta el grado 23, según la Escala de Sueldo del Reglamento”, señala el documento.
