El Consejo de Gabinete aprobó la resolución 80 del 18 de julio de 2022 mediante la cual se aportarán $200 millones a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad Marítima de Panamá para estabilizar el precio de los combustibles en $3.25 el galón. Se calculan ventas de 60 millones de galones de combustibles por mes. En abril y mayo el promedio de ventas fue de 55 millones de galones de combustibles en el país.
A través de esta resolución, que modifica la resolución 60 del 19 de mayo de 2022, el Gabinete autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a llevar a cabo los procedimientos y acciones presupuestarias para estabilizar por tres meses el precio de la gasolina y el diésel bajo en azufre para uso en el transporte público de pasajeros, flota comercial y particular, entre otros. La vigencia del precio de los combustibles a $3.25 es del 18 de julio de 2022 al 18 de octubre de 2022, sujeto a las variaciones de precios que se reflejen en el mercado internacional.
Con el primer precio que anunció el presidente Laurentino Cortizo, a $3.95 el galón se había estimado en un aporte de $100 millones, pero con el nuevo acuerdo alcanzado con las organizaciones que mantienen las vías cerradas, de fijar el precio del galón en $3.25, el monto de aporte estatal será de $200 millones.
El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburu Porras, destacó en una conversación con este diario la presión fiscal que el aumento de los subsidios y otros desafíos sin resolver que tiene el país, generan para las cuentas públicas.
Ya en 2020 y 2021 los subsidios se dispararon por la pandemia, y la respuesta que encuentra el Gobierno para atender la crisis actual es otorgar más subvenciones.
Aramburu Porras recuerda, además, que aún no se ha resuelto la crisis del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social y vaticina que “para hacer frente al Seguro Social y a subsidios como el que estamos aprobando hoy [por ayer] se tendría que hacer una reforma fiscal”, teniendo en cuenta los elevados niveles de deuda y déficit en que ha incurrido el Gobierno.
