De enero a mayo de 2023, se registró el pago de $2,030 millones en salarios a los funcionarios, lo que representa un alza de $38 millones respecto a los primeros cinco meses de 2022.
Para poner en perspectiva lo que representa el gasto acumulado en salarios durante este año, con $2,000 millones se podrían financiar dos ciudades hospitalarias -con sobrecostos- o una línea del Metro.
El Estado acumuló una planilla de 252,907 personas al cierre del mes de mayo. Al comparar el número de funcionarios de mayo de 2023 con mayo de 2022, se observa una disminución de 1,906 funcionarios, pero los pagos han aumentado.
La razón detrás de eso es el alza automática de salarios para ciertas posiciones, de acuerdo con los pactos legales trazados en el pasado, aunque también puede ser el reflejo de la contratación de personal que no necesariamente equipara todas las plazas que han dejado los funcionarios eventuales, pero ganan más.
Asfixiante gasto en planilla estatal
Hasta el mes de mayo de 2023, la planilla estatal mostraba una disminución en la cantidad de trabajadores, pero esta tendencia puede ser revertida en lo que resta del año, como ha ocurrido en el pasado. Y aunque hay menos funcionarios, por ahora, el monto pagado en salario ha seguido en su ruta de ascenso.
Solo en el mes de mayo, el sueldo bruto acumulado del sector público totalizó $413.9 millones.
Al compararlo respecto a mayo 2022, éste presentó un aumento de $2.5 millones (0.6%).
Con respecto a abril de 2023, en la planilla pagada de mayo de 2023 se observa un aumento de $7 millones, lo que es igual a un 1.7% de incremento.
En el Estado hay un constante movimiento de trabajadores, en especial por los miles de eventuales que entran y salen de las filas de cada gobierno, categoría que se ha ido reduciendo para entonces contar con más personas en posiciones permanentes.
Esto viene ocurriendo desde hace años y podría responder a una necesidad del Gobierno de aferrar a sus allegados políticos a las plazas de trabajo más allá de su gestión. Al menos eso es lo que aparenta, cuando se aproxima el fin de los cinco años del actual gobierno y se aprueban reformas a las leyes de carrera administrativa.
Justo este año, el 27 de enero de 2023, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 353 de 2023, que modificó a su vez la Ley 12 de 1998, sobre la carrera legislativa.
La ley 353, que fue propuesta por el diputado perredista Raúl Pineda, establece un procedimiento especial para que cualquier funcionario que tenga al menos dos años en la planilla permanente de la Asamblea Nacional pueda ingresar a la carrera legislativa, “sin necesidad de concurso”.
La otra norma es la número 351 del 22 de diciembre de 2022, que reformó la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Dicha ley confería “estabilidad” en el cargo a todo aquel funcionario que haya laborado “a satisfacción”, por un mínimo de dos años.
El Gobierno Central registró un total de 149,427 funcionarios permanentes. Al comparar el número total de funcionarios permanentes de mayo de 2023 con mayo de 2022, se refleja un aumento neto de 2,748 funcionarios. Pero por otro lado, en mayo de 2023 habían 15,026 funcionarios eventuales, 3,162 menos que hace un año.
El economista Olmedo Estrada alerta que la planilla es uno de los tantos reflejos de una política de gastos poco seria, que no prioriza y que puede ser riesgosa, considerando que la obtención de ingresos no marcha al ritmo estimado. “Cómo seguiremos financiando tantos gastos”, se pregunta.
El primer semestre del año cerró con números negativos para el Estado en materia de ingresos.
En el periodo entre enero y junio de 2023, los ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central totalizaron $3,256 millones, lo que refleja un déficit de $444.9 millones comparados con el presupuesto vigente.
Aún así, los gastos no paran. La planilla aumenta y cuando se obtienen ingresos adicionales, como la venta de tierras al Canal, el gobierno central utiliza los fondos para hacerle frente a los gastos corrientes.
Esta semana, la Asamblea aprobó un crédito de $44.9 millones que se financia con la venta de tierras al Canal. Los ministerios de la Presidencia y de Educación y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados están entre las instituciones que solicitaron créditos extraordinarios para el pago de servicios y obras.
Esa misma Asamblea que aprueba los presupuestos del Estado y los traslados o asignaciones de partidas extraordinarias, gasta cerca de $7 millones mensuales en el pago de la planilla, mientras que no hay forma que los estudiantes de medicina puedan realizar la residencia que les otorga su idoneidad, por la falta de presupuesto para el nombramiento como nuevos profesionales de la salud. En este caso, son $13 millones anuales que se necesitan para el costo de las residencias médicas.
“El Gobierno se comprometió a tomar como referencia la reducción de la planilla, cosa que no se ha hecho. Es cierto que hay leyes especiales para algunos funcionarios, que cada dos años establecen un incremento de salario. Pero también es cierto que no se toma una decisión seria de disminuir el gasto público. Hay muchos gastos improductivos, exagerada planilla y subsidios que por pandemia debieron ser restringidos paulatinamente, pero esto no ha ocurrido”, dijo Estrada.
Hablando de prioridades, se observa -por ejemplo- que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), encargado de proteger los recursos naturales del país, preservar y restaurar el ambiente, ha pagado en cinco meses $12.9 millones en salario, a razón de cerca de $2.5 millones por mes. Mientras que la Asamblea Nacional ha destinado en igual periodo $35.7 millones, es decir, más de $7 millones al mes.
El mes de mayo fue el de de mayores desembolsos. fueron Enero 395,269
MiAmbiente- entidad encargada de supervisar la compleja actividad minera- tiene 1,755 funcionarios, mientras que la Asamblea mantiene 4,483 empleados.
Desglosado por sector, el monto de la planilla de mayo de 2023 ($413.9 millones) comprende $260.3 millones pagados a funcionarios del gobierno central y $153.6 millones a funcionarios del sector descentralizado, del cual corresponden $120.8 millones a las instituciones descentralizadas, $21 millones a las empresas públicas y $11.8 millones para los intermediarios financieros.
" No se puede seguir dependiendo de un sector público que genere tantos empleos. El Gobierno debe buscar inversiones extranjeras y promover la instalación de empresas que garanticen empleos en el sector privado”.
Olmedo Estrada, economista
En mayo, entre los mayores incrementos con respecto a un año atrás, destacaron el Ministerio de Salud ($2.3 millones), el Ministerio de Seguridad Pública ($1.3 millones) y la Asamblea Nacional ($1 millón).
