En medio de un llamado general del sector privado a la austeridad en el manejo de las cuentas públicas, 2023 será otro año de aumento del presupuesto del Estado y de la deuda, porque los gastos del sector público no financiero superarán sustancialmente a los ingresos.
En concreto, los gastos serán de $18,319 millones, mientras que los ingresos totalizarán $16,125 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó ayer miércoles en la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, que contempla un déficit fiscal de $2,194 millones, una cifra que equivaldría a un 3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el fin del año, el tope marcado por ley para el próximo ejercicio.
Se trata de una disminución respecto a los $2,495 millones de déficit previstos en el presupuesto de este 2022 y una baja frente a los abultados registros de los dos primeros años de pandemia, cuando los ingresos se desplomaron por las restricciones impuestas durante la crisis sanitaria del nuevo coronavirus.
No obstante, el déficit de 2023 será superior a los $1,913 millones de 2019, año anterior a la pandemia, que ya registró un elevado desbalance en las cuentas públicas.
Como consecuencia de las cuentas presentadas ayer miércoles en la Asamblea, el saldo de la deuda pública seguirá creciendo en 2023. Lo hará en 4.9%, según la información compartida ayer por el MEF, donde no figuró la proyección del saldo de la deuda en dólares para el cierre del próximo año.
El saldo de la deuda aumentará, pero se espera que la economía lo haga a un mayor ritmo, de manera que la relación entre deuda y PIB seguiría una trayectoria descendente.
La estructura del presupuesto
$13,411
millones se destinarán al gasto de funcionamiento en el año 2023.
$9,236
millones se han contemplado para el renglón de inversión.
$4,515
millones se necesitarán para el pago de la deuda, incluyendo las amortizaciones.
Actualmente, la deuda se aproxima a $42,940 millones, tras haber experimentado un incremento de cerca de $16,300 millones en los tres años de la administración de Laurentino Cortizo.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo que los años 2020 y 2021 fueron “totalmente anormales” y que ante la caída de los ingresos se optó por mantener los programas de gasto, lo que se compensó con endeudamiento.
Esto generó un fuerte deterioro en las finanzas públicas, lo que se tradujo en rebajas de la calificación de riesgo, aunque Alexander puso en valor que el país conservó el grado de inversión.
El proyecto de presupuesto de 2023 tiene una asignación de $27,162 millones, cifra que representa un aumento de 6.4% o $1,628 millones en comparación con el presupuesto modificado de 2022.
De ese total, $13,411 millones se destinarán al funcionamiento o las operaciones del Estado, un aumento de $551 millones respecto al presupuesto modificado de 2022. Para inversión se dispondrá de $9,236 millones. En tanto, para el servicio de la deuda se han destinado $4,515 millones, incluyendo las amortizaciones.
Estos números contemplan los ingresos y gastos de todo el aparato estatal, que incluye al gobierno central, las instituciones descentralizadas, como la Caja de Seguro Social, y los intermediarios financieros, como los bancos estatales.
Por lo tanto, la mayor parte de los recursos se destinarán a cubrir el funcionamiento del Estado y en una menor proporción a las inversiones que contribuyen al crecimiento económico, resuelven las necesidades básicas de la población y elevan la competitividad del país.
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, reconoció que existe cierta inflexibilidad en el presupuesto por los compromisos de aumentos salariales marcados por leyes especiales y por los compromisos de la deuda, que se deben atender.
Anteriormente, el propio González había explicado que en este proyecto de ley no se han contemplado los eventuales ahorros que se generarían con las medidas de contención del gasto que anunció el presidente Cortizo tras la ola de protestas que se desató en julio reclamando un abaratamiento del costo de la vida y un mejor manejo de los fondos públicos.
Tampoco se contemplan en el presupuesto, por el momento, gastos de subsidios aprobados en virtud de los acuerdos alcanzados en la mesa única de diálogo de Coclé, Penonomé. Estos ajustes se podrían hacer en una fase posterior del presupuesto.
El acto de sustentación celebrado ayer miércoles supone el inicio del primer debate del proyecto de ley 843, que dicta el presupuesto para 2023.
A partir de ahora, cada entidad del Estado deberá pasar por la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar sus cuentas.
