$3,123 millones ha sido la ganancia bruta de la mina de cobre

El Gobierno elevó el tono de voz con relación a la firma del nuevo contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, para continuar con la extracción de cobre, oro y plata de las montañas de Donoso, provincia de Colón.

Sin dar mayores detalles y a través de un comunicado emitido el pasado viernes por el Ministerio de Comercio e Industrias, (MICI), el Ejecutivo advirtió a Minera Panamá que si no firma el nuevo contrato antes del 14 de diciembre (como lo pidió hace casi un mes), “se tomarán medidas alternas para la operación de la mina”. Es decir, que la empresa debe entregar una respuesta a más tardar el próximo miércoles.

Esta semana, Keith Green, gerente país de Cobre Panamá, declaró a la agencia de noticias EFE que “estamos en la negociación, seguimos hablando, esperamos llegar a un buen acuerdo, un acuerdo de ganar-ganar por ambas partes. Ojalá que así sea”. No dijo nada respecto a la fecha límite del 14 de diciembre.

Mientras, el Gobierno quiere fijar un pago mínimo de 375 millones de dólares basado en pagos de regalías utilizando un cálculo entre 12% y 16% sobre las ganancias. La empresa ha indicado que necesita de protecciones especiales en caso de que el precio del cobre disminuya en los mercados internacionales.

Esta semana, la libra de cobre cerró en 3.85 dólares, un 14% por debajo de los 4.50 dólares, que alcanzó en enero pasado, cuando Minera Panamá aceptó los términos del Gobierno para reemplazar el porcentaje de 2% sobre las ventas brutas que se utiliza desde 1997.

Desde el segundo semestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2022, el proyecto Cobre Panamá ha generado ventas por 7 mil 424 millones de dólares, cifra que supera con creces el presupuesto de 5 mil 250 millones de dólares destinado para la ampliación del Canal de Panamá, por ejemplo. También es cercano al monto destinado para la construcción de la 3 línea del metro.

Luego de reducir el pago de impuestos, el proyecto administrado por Minera Panamá dentro de la concesión de 13 mil 600 hectáreas ha dejado una ganancia bruta de 3 mil 123 millones de dólares, hasta finales de septiembre de 2022.

Solo entre enero y septiembre de este año, la mina de cobre ha generado ventas por 2 mil 285 millones de dólares y una ganancia bruta de 876 millones de dólares.

Para los 12 meses de 2022, First Quantum proyecta que Cobre Panamá procese entre 85 millones y 90 millones de toneladas de material y genere entre 349 mil y 350 mil toneladas de cobre y 130 mil onzas de oro.

De acuerdo con los términos acordados en enero pasado, el pago de regalías oscilaría entre el 12% y 16%. Es decir que de haberse implementado este nuevo cálculo el 12% sobre las ganancias brutas sería de 274 millones de dólares, muy por encima de los 59.8 millones de dólares que recibió el Estado entre 2019 y 2021 en concepto de regalías.

Según los nuevos términos, Minera Panamá realizará un pago anual al Estado que no podrá ser inferior a los $375 millones, transferencia que estará compuesta por regalías, por el 25% en impuesto sobre la renta (ISR) y de otros tributos que actualmente no se aplican, como el pago de intereses y utilidades.

En enero se había anunciado que el pago mínimo de $375 millones al año no sería obligatorio, si el precio de la libra del cobre es menor a 2.75 dólares.

En el acuerdo de enero pasado no se estableció el pago retroactivo basado en el nuevo esquema negociado con base a las ganancias y es probable que el nuevo contrato entre en vigencia con un promedio de la libra del cobre en 3.80 dólares, según los cálculos de los analistas internacionales para 2023.

El comunicado emitido por el Mici señala que las discusiones sobre la celebración de un nuevo contrato no han avanzado lo suficiente y se encuentran estancadas. También advirtió que no está dispuesto a ceder en nada de lo anunciado en enero pasado.

“El gobierno de Panamá reitera que cualquier contrato nuevo debe reflejar fielmente el acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno en enero de 2022″, dice el comunicado del viernes pasado.

Adicional al nuevo esquema para calcular el pago de regalías, Minera Panamá también aceptó algunos cambios respecto a la contratación de trabajadores extranjeros. Sobre este tema la empresa se regirá por lo establecido en el Código de Trabajo, es decir, 10% de la planilla o 15% de los trabajos especializados.

Se pactó el financiamiento de la capacitación técnica de los trabajadores por parte de la empresa a través de organismos y universidades estatales o a través del centro de enseñanza que funciona dentro de la empresa. La capacitación se hará a través de un fondo que creará Minera Panamá para este fin.

En cuanto al tema ambiental, la minera se comprometió a instalar estaciones de monitoreo para vigilar la calidad del agua y el aire dentro del proyecto, y destacó que los técnicos del Ministerio de Ambiente tendrán acceso a esos datos, en tiempo real.

También se acordó la instalación de una oficina permanente dentro del proyecto, que permitirá al Estado supervisar la operación de la mina, así como vigilar el cumplimiento de las normas ambientales y laborales.

Desde el inicio de las negociaciones, la empresa ha señalado que favorece un nuevo acuerdo, pero dentro del marco de la “seguridad jurídica” y que no afecte la inversión realizada en el proyecto, que supera los $6 mil 700 millones.

Grupos ambientales han calificado de ilegal la negociación con Minera Panamá, ya que -según ellos- el Gobierno no ha respetado el debido proceso, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Ley 9 de 1997, que permitió la explotación de cobre en Donoso.

Sobre la legalidad de la operación en Donoso, el gerente país de Cobre Panamá señaló que sí hay contrato vigente, por lo menos hasta el año 2037, porque se renovó en 2017 (un año antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia).

“Es totalmente legal la extracción de mineral, pagamos regalías por la extracción del mineral”, agregó a la agencia EFE.

Sin embargo, en mayo de 2019, durante la presidencia de Juan Carlos Varela, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, dominada por diputados del Partido Revolucionario Democrático, rechazó un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que pretendía mantener la vigencia de la concesión de Minera Panamá en Donoso.