El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aprobó 34 mil 525 permisos de trabajo a extranjeros que residen en el país para que puedan desempeñar alguna actividad remunerada durante el año 2019.
El informe que emite la entidad estatal no especifica cuántos de esos permisos fueron aprobados por primera vez o cuántos corresponden a renovaciones o trámites de reconsideraciones.
El mes de noviembre (578) y diciembre (236) fueron los periodos en los cuales se aprobó la menor cantidad de permisos a trabajadores extranjeros, según detalla el reporte, mientras que febrero (4 mil 841) fue el de mayor aprobación.
El informe oficial detalla que la mayoría los permisos a extranjeros aprobados el año pasado fueron otorgados por razones humanitarias (19 mil 470); seguido por permisos temporales (3 mil 154); autorizaciones a casados con nacionales (2 mil 658); extranjeros profesionales (2 mil 209); permisos dentro del 10% que se permite en las empresas (mil 839) y países específicos (mil 261), que entre otros casos incluyen a inversionistas, diplomáticos y beneficiados por acuerdos firmados por Panamá con otros países.
En Panamá hay 23 categorías para solicitar un permiso de trabajo, entre ellas están: casado con nacional; tratado Panamá–Italia; empleado de confianza y refugiados.
También se aplica el llamado Acuerdo de Marrakech a extranjeros que ingresen a trabajar en empresas con menos de 10 panameños.
La regla general indica que para trabajar en el país se requiere visa y permiso de trabajo, los cuales se expiden ante el Servicio Nacional de Migración y en la sede del Mitradel, respectivamente.
Además se solicita la afiliación y cotizaciones a la Caja de Seguro Social.
La semana pasada, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que crea el Juzgado Ejecutor del Mitradel, en el cual el juez es autorizado para el cobro coactivo de créditos morosos, producto de incumplimiento de pago de sanciones por faltas laborales.
“Hay empresas que continúan cometiendo infracciones, consistentes en contratar trabajadores extranjeros sin contar con el permiso de trabajo vigente. Desprotegen en la práctica a esta población, al someterlos a condiciones laborales que implican incertidumbre, explotación y desconocimiento de sus derechos”, afirmó Zapata.
Con la creación de la nueva figura legal, la entidad espera garantizar el cobro de las sanciones por incumplimiento de las normas laborales.
Zapata además mencionó la necesidad de aumentar las multas por reincidencia.
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