Cerca de 40 proyectos hoteleros habían enfilado su artillería para sacarle provecho a dos leyes aprobadas por el gobierno de Laurentino Cortizo, las cuales imponen que el Estado, es decir, los ciudadanos, reembolsaran a los inversionistas la totalidad del dinero que estos destinaban a infraestructuras turísticas fuera del distrito de Panamá.
El ministro de Turismo, Iván Eskildsen -el gran defensor de las normas- reveló al cierre de esta semana que esas decenas de empresas habían presentado su solicitud de certificación en la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para hacerse acreedoras de los beneficios fiscales estipulados en las leyes No.122 de 2019 y No. 314 de 2022.
Y que de este gran total de 40 empresas turísticas, ya 23 habían registrado sus emisiones ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Obvió revelar que —justo cuando el país enfrenta estrechez financiera y los ciudadanos están asfixiados por la elevada inflación— estos proyectos con certificaciones de la ATP representarían más de $1,500 millones que el Estado debía sacrificar al emitir créditos fiscales a favor del inversionista que adquiriera bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por las llamadas empresas turísticas para financiar el desarrollo de sus proyectos.
Las declaraciones de Eskildsen se dieron a raíz del mandato que dio el presidente Cortizo, quien como parte de las reclamaciones sociales de las últimas semanas, decidió derogar las leyes No.122 de 2019 y No. 314 de 2022.
En este sentido, Eskildsen dijo que “la paz social se convirtió en la prioridad del Gobierno nacional, de allí la decisión del presidente Cortizo de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para derogar las leyes” existentes.
Cortizo manifestó que la ley que derogue las normas vigentes será de carácter retroactivo, pero Eskildsen —quien reconoció que esta es la línea dictada por el Ejecutivo— precisó que le tocará a la Asamblea “decidir cómo queda”, ante la insistencia de los medios en saber si finalmente algún inversionista resultará beneficiado de los incentivos fiscales para los proyectos que habían iniciado sus gestiones.
A pesar de que las leyes fueron iniciativas que nacieron en el Órgano Legislativo, y su alcance fue defendido en múltiples ocasiones por Eskildsen y la subdirectora de la ATP, Denise Guillén, ahora Cortizo intenta dar un giro de timón y encomendó a Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias, para que lleve a la Asamblea Nacional el proyecto que derogue las normas vigentes.
Se esperaba que Alfaro cumpliera con esta orden el pasado jueves, pero esto no ocurrió.
Respecto a la retroactividad, Carlos Barsallo, abogado y presidente de la entonces Comisión Nacional de Valores, recordó que cuando se habla de seguridad jurídica no debe pensarse en proteger expectativas futuras, sino inversiones que ya se han hecho.
En este sentido, no importaría qué tanto hayan avanzado los proyectos con sus certificaciones y los procesos de enlistar sus emisiones en la SMV.
En todo caso, y apelando a la seguridad jurídica, sólo tendrían derecho a entrar en disputa los beneficios fiscales que se deriven de emisiones que ya fueron colocadas y no las que están en cualquier trámite.
Desde ahora se vislumbran posiciones totalmente opuestas que generarán pulseo en la Asamblea Nacional.
La Cámara Panameña del Mercado de Capitales (Capamec) emitió un comunicado en el que indicó que los constantes cambios en las reglas del juego aplicables a las emisiones de valores, destinadas a las inversiones en proyectos de construcción, no contribuyen a generar un ambiente propicio para la atracción de inversionistas locales y extranjeros. Incluso hizo un llamado a la Asamblea y al Gobierno para que protejan los derechos de los emisores y los inversionistas.
Barsallo recordó en una entrevista vía zoom, que las leyes que se derogarán son injustas y desproporcionadas porque se rompe con la equidad tributaria, donde cada uno debe contribuir según su capacidad.
Y son desproporcionadas, dijo, porque ya existe una gran variedad de incentivos para el sector hotelero y también para los inversionistas. “Esto venía era a añadir un incentivo exagerado, desproporcionado y que lo hacía inequitativo”.
La Ley No. 122 de 2019 permite que las sociedades o personas naturales que adquirieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, recibieran un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Esta norma se intentó reformar con la Ley N° 314 de 2022, que redujo el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%. Pero se introdujo un parágrafo transitorio que permitió que quienes estuviesen en trámite para obtener los beneficios fiscales siguieran gozando de lo que establece la Ley 122 de 2019, es decir, del 100% de la exoneración si habían iniciado dichos trámites hasta el 30 de julio del año 2022.
La primera ley y su reforma adolecían de pasos elementales, como por ejemplo, el hecho de que se necesita un estudio técnico para demostrar cuáles eran los beneficios tras el sacrificio fiscal, y eso nunca se hizo, recordó Barsallo.
Y con el hecho de que se cambiara el porcentaje del 100% al 60%, se reconoce que algo estaba mal. “... Sin embargo, parece más bien un tipo de negociación, un regateo en un bazar, donde uno dice bueno, si eran 100%, ahora te lo dejo en 60%”.
