La administración del presidente Laurentino Cortizo pisó el acelerador en materia de contratación de personal a escasos meses de salir del poder. De acuerdo con la Contraloría General de la República al 31 de marzo, que marcó el fin del primer trimestre del año, la planilla estatal contaba con 255,360 funcionarios.
La cifra representa un incremento del 2% al compararla con la reportada un mes antes (febrero de 2024). Porcentaje que parece bajo, pero la realidad es que, en un mes, ingresaron al engranaje gubernamental 5,089 trabajadores.
La calificadora de riesgo Moody’s ha señalado que la rigidez fiscal en Panamá se ha incrementado en los últimos años debido al continuo aumento de la masa salarial, que representa el 30% de los gastos, dejando poco espacio para inversiones públicas. “Si bien las autoridades se han esforzado por reducir los costos de personal y algunos subsidios, la proporción general de gastos rígidos ha aumentado.
Por su parte, los ingresos del gobierno no han crecido en consonancia con la actividad económica, debido a exenciones y evasiones que limitan los ingresos por impuestos, aunque los esfuerzos de las autoridades por aumentar el cumplimiento tributario han mejorado la recaudación”. Una situación que ha incrementado la dependencia del gobierno de las transferencias del Canal de Panamá, destaca Moody’s.
En comparación con marzo de 2023, el número de trabajadores públicos se ha incrementado en 6,046 y aumenta hasta los 22,148 al contrastarse con los datos de marzo de 2020, mes en el que se declaró el primer caso de coronavirus en el país (Covid-19).
Pero, ¿a dónde ingresaron los nuevos empleados públicos?
El informe de la Contraloría señala que las nuevas contrataciones se realizaron en el renglón de eventuales en instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional de Diputados, la propia Contraloría, el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Electoral y la Universidad Tecnológica de Panamá.
A marzo, el número de trabajadores permanentes fue de 235,376, un incremento mensual de 781, mientras que los eventuales aumentaron en 4,307 al pasar de 15,677 a 19,984 al final del primer trimestre del año. El informe preparado por la Contraloría no refleja el monto real del tamaño y costo de la planilla estatal, ya que solo agrupa la información de 92 entidades activas, que se desglosan en: 28 del Gobierno Central, 40 Instituciones Descentralizadas, 16 Empresas Públicas y ocho Intermediarios Financieros.
El documento no incluye los datos de la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento. Igualmente se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
Más gasto
Y así como aumentó el número de trabajadores, el costo de la planilla también se incrementó durante el mes de marzo hasta alcanzar los 428.4 millones de dólares. La cifra representa un incremento mensual de 4.2 millones de dólares, producto de incrementos salariales aplicados a los funcionarios permanentes. En la comparación interanual, el monto de la planilla aumentó 20.6 millones de dólares al compararse con los datos de marzo de 2023. Nuevamente, el incremento fue producto de incrementos al sueldo bruto de los trabajadores permanentes.
Lo cierto es que, como advierte Moody’s, el costo de la planilla estatal se ha convertido en un gran peso para las finanzas del estado. En el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, que alcanza los 30,690 millones de dólares, está incluido un renglón de servicios personales por $6 mil 915 millones, monto que contempla el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
En comparación con el presupuesto de 2023, la asignación para cubrir el pago de los servicios personales se incrementó en 79 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y el Contralor General, Gerardo Solís, han señalado que la mayor alza en el costo de la planilla ha obedecido a incrementos fijados en las leyes especiales a educadores, personal de salud, fuerza pública, entre otros.
En julio de 2019, cuando el presidente Cortizo asumió las riendas del país, la planilla estatal estaba conformada por 238,248 funcionarios, que representaron el pago de 349.5 millones de dólares, un incremento de 55 millones de dólares mensuales al contrastarse con los números del primer trimestre de 2024.
Al final del primer trimestre del año, el Estado pagó 1,255,604 millones de dólares en salarios.
Para René Quevedo, experto en materia laboral y asesor empresarial, los recurrentes aumentos en la planilla forman parte de un patrón histórico de intervencionismo estatal en una economía donde la empresa privada no genera empleo formal, pero sí el gobierno a través de préstamos. “Somos una economía de funcionarios e informales, financiada con plata prestada”, acotó.
En el primer trimestre, Panamá salió a los mercados internacionales para colocar bonos por 3,500 millones de dólares, dinero que, de acuerdo a las propias autoridades, se utilizaría para financiar parte del presupuesto de 2024. Quevedo señala que cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo entre 2013 y 2023 fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, resultado del grave deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en sectores clave. “Este patrón se mantuvo con la pandemia.
Entre 2019 y 2023 se perdieron 19,812 empleos asalariados privados, pero se agregaron 36,482 funcionarios y 49,039 nuevos informales”, explicó.
Añade que Panamá tiene una planilla estatal sobredimensionada, por lo cual debe haber una revisión de todas las posiciones en ella, con miras a la suspensión de contratos temporales y la reducción de al menos un 5% del número de funcionarios durante 2024. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, indica que el aumento en la planilla estatal es cada vez más inadmisible y no se justifica aumento alguno, y más cuando los servicios de salud y educación siguen siendo deficientes.
Reto para el gobierno entrante
Durante el acto de juramentación como presidente electo durante las elecciones generales del 5 de mayo, José Raúl Mulino señaló que ajustará el presupuesto de las distintas instituciones, en especial el de la Asamblea Nacional, para utilizar esos fondos en proyectos en beneficio del país. Dejó entrever que durante su administración se limitará el endeudamiento del país para pagar salarios.
Quevedo recomienda a la administración entrante que la reducción de la planilla estatal debe ir acompañada por la creación de espacios laborales en la empresa privada, porque de lo contrario simplemente se convertirá a un funcionario en un trabajador informal y pasará a incrementar la cifra de desempleados.
También sugiere cancelar la deuda de más de 2 mil millones de dólares que tiene el Estado con proveedores, enviar un mensaje claro a la comunidad internacional con miras a la captación de Inversión Extranjera Directa que no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, así como facilitar la solicitud y otorgamiento de financiamientos por parte del Sistema bancario nacional al sector productivo, cuyo monto en el 2023 fue $2,700 millones menos que en el 2019.
Para el presidente del Conep, que aglutina a la mayoría de los gremios privados del país, el próximo gobierno debe trabajar en reducir el número de funcionarios públicos, generar más eficiencia y menos burocracia, y no utilizar la planilla estatal como un botín político.
