El aumento en el gasto de servicios personales o planilla y los mayores gastos generados por la deuda pública son dos factores que representan una carga importante para el presupuesto general del Estado de 2023.
En la reciente sustentación de las cuentas públicas para el próximo año en la Asamblea Nacional, el director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, se refirió a una tendencia creciente de inflexibilidad presupuestaria.
Esto significa que ante un aumento de gastos fijos y difícilmente eludibles, como la planilla o la deuda, se reduce la capacidad de ahorro e inversión.
La previsión para servicios personales, que contempla salarios, gastos de representación, décimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social, ascenderá el próximo año a $6,836 millones, un aumento de 4% o $270 millones respecto a lo previsto para este 2022. Esta será la principal partida del gasto corriente, es decir, de las operaciones o funcionamiento del Estado.
La cifra engloba a todas las entidades que figuran en el presupuesto, como el gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros.
En estas cuentas no se incluyeron los posibles ahorros generados por el plan de contención anunciado por el Gobierno en julio en medio de la ola de descontento social por el costo de la vida y el manejo de los fondos públicos. Esos ahorros, así como los eventuales gastos que se generen en las negociaciones con los grupos que lideraron las protestas, se incorporarían en una fase posterior en la elaboración del presupuesto.
González detalló que el aumento en el gasto se explica principalmente por los incrementos automáticos establecidos en leyes especiales. Además, explicó que hay entidades como bancos y otras empresas estatales que tienen políticas de incentivos y se rigen bajo sus propios convenios colectivos. No se estarían contemplando, dijo, nuevas posiciones.
Para el próximo año, dentro del sector público no financiero, se contemplan aumentos automáticos en entidades como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, la Caja de Seguro Social y el Órgano Judicial, por una suma de $149 millones. En los dos ejercicios anteriores -2021 y 2022-, los aumentos habían sido de $200 millones en cada periodo, engrosando el tamaño de un Estado que ha venido creciendo tanto en número de funcionarios como en gasto, mientras la ciudadanía reclama un mejor y más eficiente servicio público.
El economista Ernesto Bazán comentó a este diario que “la planilla parece un rubro que no conoce límite”. Dijo que la aplicación de aumentos automáticos hará más complicada la reducción de gasto que pretende lograr el Gobierno. “El reto de reducir la planilla es mayor, porque es como una planta que está permanentemente creciendo”, dijo Bazán.
Por su parte, el exviceministro de Economía, Domingo Latorraca, cuestionó que no se hayan tomado medidas para, al menos, congelar el aumento del gasto generado por leyes especiales.
Dijo que esto es lo que debería suceder ante la realidad fiscal que atraviesa el país, considerando además que los aumentos se conceden sin mayor contraprestación o evaluación de desempeño.
El ingeniero reconoció que acometer un cambio de este tipo en la actualidad sería “políticamente imposible”, debido a la situación de tensión social que atraviesa el país y a la falta de capacidad de maniobra del Gobierno en la Asamblea, pese a tener la mayoría, planteó.
Más deuda e intereses
Otro gasto creciente que pone presión sobre el presupuesto es el servicio de la deuda.
Para el sector público no financiero, se prevé que el servicio de la deuda ascienda a $4,348 millones en 2023, un aumento de $638 millones en comparación con el cierre estimado para 2022, con mayores asignaciones para el pago de amortizaciones y de los intereses generados por la deuda.
Esto sucede en un momento de alza en las tasas de interés, producto de los ajustes efectuados por la Reserva Federal de Estados Unidos para contener una inflación que alcanzó niveles históricos.
Latorraca señaló que es de esperarse que el servicio de la deuda aumente debido al incremento en el saldo de la deuda, que se acerca a los $43,000 millones, y por el incremento en las tasas de interés, lo que se traduce finalmente en un mayor costo de financiamiento.
El país deberá hacer frente al refinanciamiento de deuda en unas condiciones menos ventajosas desde el punto de vista de las tasas comparadas con hace un año.
De igual forma, tendrá que acceder a los mercados para obtener fondos nuevos con los que financiar el déficit fiscal del próximo año, que será de $2,194 millones para el sector público no financiero.
Las presiones en el gasto que generan tanto planilla como deuda limitan la capacidad del Gobierno de invertir en infraestructuras para atender las necesidades básicas de la población, como por ejemplo electrificación, agua potable o centros de salud, explicó Bazán.
Latorraca añadió que probablemente habrá un sacrificio de la inversión o se recurrirá, como de hecho está haciendo el Gobierno, al esquema “llave en mano” para ejecutar obras. Bajo este modelo, el contratista hace la inversión inicial, pero el Gobierno debe pagar la obra en un futuro, limitando entonces los presupuestos venideros.
