Los actos públicos de las entidades gubernamentales que compran tecnología por más de $50 mil tienen que ser certificados por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
Así lo explicó ayer el administrador de la AIG, Irvin A. Halman, en medio del anuncio del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) sobre la declaración de culpabilidad del exvicepresidente de cuentas globales y estratégicas de SAP International, Vicente Eduardo García, de pagar “sobornos” a tres funcionarios del gobierno anterior, a fin de garantizar contratos millonarios entre 2009 y 2013.
Halman aclaró que la entidad “no tiene contratos con SAP” y que cualquier denuncia por anomalías en entidades del Gobierno debe ser investigada por el Ministerio Público (MP).
“Lo que hace la AIG es que para todos los actos públicos en los que se adquiera tecnología por valor superior a $50 mil, la entidad solicita previamente una certificación”, dijo.
Si se cumple con los criterios requeridos de viabilidad técnica, económica y de sostenibilidad, se otorga un concepto favorable, añadió.
Sin embargo, precisó que cuando se hacen las evaluaciones para otorgar una certificación se desconoce quiénes son los proveedores.
Luego de la publicación del FBI, la Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que SAP International, a través de su filial Advanced Consulting Panamá, firmó un contrato por $14.5 millones con la institución, que está vigente.
El contrato fue firmado en 2012 por el entonces director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, quien ayer declaró a TVN que el pliego para ese contrato tuvo la aprobación de la AIG.
En ese momento, la AIG era dirigida por Eduardo Jaén, detenido actualmente por supuestas irregularidades en un contrato suscrito en marzo de 2014, dos meses antes de las elecciones generales, para la compra de un software para encriptar mensajes en celulares de varias instituciones.
El vocero de la CSS, José Miguel Guerra, dijo que la actual administración auditó todos los contratos que encontró y en este caso le corresponde al MP investigar de oficio.
Al preguntársele sobre el caso, el presidente Juan Carlos Varela dijo ayer que le toca al MP y a las agencias de seguridad de Panamá pedir la información a Estados Unidos para que se inicien los procesos locales.
El trámite del contrato de la CSS comenzó en febrero de 2010 cuando García y otro empleado de SAP viajaron de Miami, Estados Unidos, a Panamá, para una reunión con un alto oficial del Gobierno, que no se identifica en las notas publicadas, para discutir oportunidades de inversión en el sector público.
A mediados de 2010, las autoridades de Estados Unidos encontraron que García escribió correos en los que detallaba cómo se realizarían las coimas a los funcionarios, que correspondían a entre 2% y 10% del monto del contrato.
En abril de ese año, García envió una propuesta para vender, por $29 millones, licencias para programas de computación a la CSS.
A SAP les dijo que esa venta podía ser la primera de muchas para el Gobierno de Panamá, toda vez que podían lograr contratos por hasta $100 millones.
