La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) expresó su "rotunda condena" al proyecto de ley aprobado de "manera ilegítima" por parte de la Asamblea Nacional, que busca derogar un contrato ley pactado entre esa entidad y la empresa PSA Panama International Terminal, para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman, el cual fue suscrito a través de la Ley 2 de 10 de febrero de 2015.
"La AMP se esfuerza en atraer empresas e inversiones extranjeras, para seguir consolidando nuestra plataforma de servicios internacionales y generar más fuentes de trabajo para los panameños, sin embargo estas actuaciones nefastas de algunos diputados de la Asamblea Nacional, ponen en peligro estos esfuerzos en detrimento del sector marítimo, afectando la generación de empleos dignos y la seguridad jurídica del país", destacó Jorge Barakat, ministro de Asuntos Marítimos.
Recordó que la presente administración se ha enfocado en mostrar al mundo "el potencial que posee nuestro país como Hub Logístico", logrando que se posicione como uno de los más importantes centros logísticos para el transporte y acopio de carga multimodal a nivel mundial, "permitiéndonos ser cada día más competitivos".
"Panamá, por más de 20 años, ha venido desarrollando sus instalaciones portuarias de Panamá y Colón, a través de una serie de estrategias nacionales fundamentadas por el trabajo conjunto entre los concesionarios y las diversas instituciones del Estado", agregó.
Según Barakat, es indispensable una investigación de estos hechos por parte de las autoridades competentes. Además, se deben impulsar mecanismos legales y constitucionales que eviten puedan repetirse estas "actuaciones ilegítimas".
El pasado 18 de abril, el pleno Asamblea Nacional derogó el contrato ley pactado en 2015 para la construcción y operación de la terminal de contenedores en Rodman.
La derogatoria fue incluida en un artículo del proyecto de ley 53, sobre la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales, propuesto por el diputado perredista Iván Picota.
El proyecto original de Picota no incluía nada vinculado a PSA, aunque derogar dicho contrato ley era la razón de ser de un anteproyecto que presentó su copartidario Crispiano Adames el 1 de septiembre de 2016. La propuesta de Adames nunca fue prohijada.
