Las investigaciones judiciales han delineado bajo qué argumentos, cómo y quiénes aprobaron dos créditos millonarios, cuyo impago ha dejado al descubierto irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios en la Caja de Ahorros (CA) durante la administración de Ricardo Martinelli.
Fue directamente el entonces presidente de la junta directiva de la CA, Riccardo Francolini, quien avaló los dos préstamos que totalizan $5 millones, a favor del grupo R.G. Hotels.
Luego de pasar la revisión de un comité de crédito, Francolini le dio el visto bueno a los préstamos, cuyas garantías son fincas en las que se encuentran las áreas comunes de dos proyectos residenciales y turísticos.
El lobby, terrazas, un gimnasio y el área de un bar en los condohoteles el PH Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Corona y el Ibiza Playa Coronado eran lo que la CA aceptó como repago en caso de que R.G. Hotels no honrara su deuda.
De acuerdo con la información entregada el pasado 8 de junio a la Fiscalía Sexta Anticorrupción, la actual administración del banco estatal certificó que Francolini aprobó la operación el 12 de marzo de 2013.
Se consideró la capacidad de repago del cliente, el estado de sus finanzas y su experiencia como grupo económico en el mundo turístico. Según el análisis, la empresa era candidata para la hipoteca, pero por poco tiempo abonó su deuda.
Dado que R.G. Hotels presentaba una morosidad de $4.7 millones, en febrero de este año la CA secuestró las 14 fincas segregadas en los proyectos. Allí se ubicaban las áreas sociales.
La situación que enfrenta la CA es compleja. Los residentes reclaman su derecho de uso sobre los bienes secuestrados y para ello citan la ley de propiedad horizontal, que establece que las áreas comunes son patrimonio de todos los propietarios. Alegan que el banco nunca debió aceptar dichas garantías.
En una declaración jurada ante el Ministerio Público, una funcionaria enviada por la actual gerencia de la CA aseguró que “nunca había visto que se pusieran en garantía áreas comunes”. Además, mencionó que “no sabía que se podían constituir en fincas áreas comunes [de un P.H.]”.
Aceptar como contraparte ínfimas garantías plantea un riesgo para cualquier banco, ya que en caso de que la deuda no se pague, la entidad terminaría secuestrando propiedades con un valor muy por debajo al monto de la morosidad.
Las investigaciones de la fiscalía se originan luego de que varios propietarios del proyecto Ibiza Playa Coronado presentaron una querella para que se investigue la supuesta comisión de delito de corrupción de servidores públicos, peculado y abuso de autoridad.
El caso se ha dividido en dos: la investigación que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, y otro, en el que apenas comienza a trabajar la Fiscalía Séptima de Circuito Penal por la posible comisión del delito de estafa (contra el patrimonio económico) en perjuicio de los copropietarios.
El modelo de financiamiento asumido por la CA en el pasado ha obligado a la administración de Mario Rojas a pedir una auditoría total.
“Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de transparencia y legalidad, la actual administración de Caja de Ahorros ha solicitado a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría forense, que facilite el proceso de identificación de irregularidades para posteriormente tomar las medidas y efectuar los correctivos pertinentes, con el propósito de proteger los intereses de la institución y fortalecer la confianza de sus clientes”, dijo el funcionario el pasado mes de mayo.
Desde aquel momento este medio ha intentado hablar con Francolini sobre el caso, sin éxito alguno.
El ejecutivo hacía parte del llamado “círculo cero” del entonces presidente Martinelli. También estuvo en la directiva de Tocumen S.A., la empresa estatal que administra la terminal aérea más importante del país, y en la que se aprobaron millonarios contratos a favor de compañías vinculadas con el exmandatario.
