El último fallo de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), que ordenó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a pagar $17.5 millones a Grupo Unidos por el Canal (GUPC), advierte que la metodología de cálculos en los reclamos presentados por el consorcio podrían “inflar artificialmente” los costos.
Tras la divulgación del resultado, en la noche del 31 de diciembre de 2015, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano expresó que una vez más queda en evidencia “la tendencia del contratista a presentar costos inflados, hasta más del doble por encima de los costos que ha identificado la DAB”.
La suma reconocida es menos de la mitad de los $45 millones que GUPC había reclamado. Según la ACP, la DAB contrata sus propios expertos en calcular costos.
Independientemente de que cualquiera de las partes decida llevar el caso a arbitraje, la ACP debe pagar en un período no mayor de 28 días contados a partir del 31 de diciembre de 2015.
Uno de los casos resuelto corresponde a pagos adicionales por el incremento en mano de obra y otros cargos por los días libres que decretó el Gobierno en 2011 y 2012 tras la muerte de dos expresidentes, además de los disturbios en Colón en octubre de 2012.
RECLAMO
En reiteradas partes del fallo de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), que ordenó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a pagar $17.5 millones a Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de los $45 millones que reclamaba, la instancia advierte sobre el método utilizado por el contratista para presentar los reclamos.
En varias de sus consideraciones, indicó la ACP, en relación a los costos de mano de obra, la DAB hizo notar que las metodologías de cálculo de GUPC podrían “inflar artificialmente” los costos.
La DAB es una de las tres instancias establecidas en el contrato para resolver diferencias entre el contratista y la ACP. Está integrada por tres ingenieros internacionales y contrata sus propios expertos en estimación de costos para asistirlos en llegar a los montos.
La ACP señaló que, la advertencia planteada en el fallo coincide con la preocupación de la institución canalera “sobre la inconsistencia y falta de sustento que usualmente caracterizan los reclamos presentados por GUPC y la reiterada pretensión de obtener ilegítimamente hasta el triple del dinero de los panameños”.
Tras conocer la decisión arbitral, GUPC emitió un comunicado en el cual señala que “esto supone que ACP pagará más de cinco veces lo que pretendía por esos reclamos”.
Los reclamos resueltos se refieren a los costos sobre vacaciones adicionales y disturbios producidos en el lado Atlántico en 2012, además de la huelga nacional que se desarrolló entre abril y mayo de 2014.
Para la ACP, “GUPC sigue haciendo malabares con las cifras ante la opinión pública, ante un hecho claro, que sus cifras consistentemente están infladas”.
Las cifras reflejan que del total reclamado solo se le reconoce el 38.7%, es decir, el organismo arbitral consideró que el 61.3% restante estaba por arriba de lo que pedía el contratista.
La ACP manifestó que se mantendrá firme en sus procesos de verificar las sumas reclamadas aun cuando exista mérito en el caso, y solo procederá a pagar lo que está debidamente sustentado.
“El contrato es claro y tiene tres instancias para procesar reclamos de cualquiera de las partes y es lo que nosotros siempre hemos exigido. Al no poder sustentar sus números no queda otra que seguir a la próxima instancia”, añadió.
