La Audiencia Nacional de España imputó a la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (FCC), por el pago de 82 millones de euros (91 millones de dólares al cambio actual) en comisiones con la finalidad de adjudicarse contratos de obras públicas en Panamá.
En un auto fechado el martes 29 de octubre, el juez español Ismael Moreno deja constancia de la comparecencia de "la responsable de la Asesoría Jurídica de FCC Co.", quien aportó a la fiscalía "los documentos que... habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort como testaferro de [Ricardo] Martinelli, expresidente de Panamá, para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá en el ámbito de su negocio de obras públicas".
El juez Moreno atribuye a FCC Construcción S. A., FCC Construcción Centroamérica S. A., y Construcciones Hospitalarias S. A., los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Las tres sociedades mercantiles cuentan con cinco días para designar a un representante, un abogado y procurador.
De acuerdo con el auto dictado este martes 29 de octubre, la responsable de la asesoría jurídica de FCC afirmó en su comparecencia ante la fiscalía el pasado mes de julio que los documentos que adjuntaba a la denuncia “habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort como testaferro de Martinelli, para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá en el ámbito de su negocio de obras públicas”.
La investigación se remontan al año 2017, a raíz de una querella contra Rodrigo Tacla Durán, asesor jurídico de la multinacional Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015.
Las empresas Odebrecht y FCC han sido socias en varios proyectos en Panamá. Por ejemplo, pujaron juntas para quedarse con el contrato de la construcción de dos de los proyectos más ambiciosos y emblemáticos de los últimos dos gobiernos: la línea 1 del Metro, que le costó $2 mil 90 millones al gobierno de Martinelli (2009-2014), y la línea dos de ese sistema de transporte, que le significó un desembolso a la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) de $2 mil 130 millones. En estos proyectos, Odebrecht tenía una participación de 55% y FCC, de 45%.
"El plan ideado fue financiar la compra de acero de Global Quality Steel, S.A., al productor internacional Gerdaud, conociendo FCC, S.A. y sus directivos que los precios de compras se iban a inflar, a sobrefacturar en más del doble de su precio de adquisición, por Global Quality, S.A. en su posterior suministro al consorcio del metro, a las partidas del contrato público y además comprar ficticiamente más toneladas de acero de las que en realidad se suministrarían a las obras del metro", señala el auto del magistrado juez Moreno.
"En ejecución del plan propuesto, FCC, S.A. prestó anticipadamente a Global Quality Steel la cantidad de $9.3 millones", agrega.
De esta forma, se obtuvieron los fondos para los pagos de las dádivas comprometidas con empleados y dirigentes políticos de Panamá, "a través de la sobrefacturación en más del doble del precio de la tonelada de acero, junto con el aumento ficticio de las partidas de acero del contrato público del metro, que demandaron así mayores recursos públicos".
FCC .agrega el juez en su auto- colaboró en el desvió de fondos hacia la sociedad caja "b" de Odebrecht, utilizada para el pago de coimas "y se concertó para pagar comisiones a las sociedades de Mauricio Cort y García para asegurar las adjudicaciones de las líneas del metro.
Cort utilizó una red de sociedades para ejecutar el pago de los sobornos, a saber: Arados de Plata, Cort Business Broker & Consultors, Inc., External Financial Consultant Inc, Neecel Corp., S.A., Ingeniería del Plata y Fundación MCIJ, según el auto, "todas con un perfil instrumental, off shore en su mayoría, que transfirieron los fondos para pago de dádivas", a través de cuentas bancarias casi todas a nombre de Cort y su testaferro Juan Carlos Siekavica, de nacionalidad uruguaya.
Martinelli, a través de su vocero Luis Eduardo Camacho Castro, negó todos los señalamientos.
"El expresidente Martinelli no es objeto de ninguna investigación penal en ningún país", señala Camacho en una nota de prensa. Advierte que actuarán legalmente contra cualquiera que intente vincularlo en cualquier acto ilegal.
Mauricio Cort está detenido provisionalmente desde junio pasado como parte de la investigación por presuntos sobrecostos en el estudio, diseño, construcción, y financiamiento del corredor Vía Brasil, tramo II, una obra que fue adjudicada precisamente a FCC por $174.5 millones, y que terminó costando $216.2 millones.
El auto del juez Moreno también se refiere a los contratos de FCC en Vía Brasil, pero precisa que está a la espera de recibir mayores "certezas" por cooperación internacional.
Cort también es procesado por el caso de los sobornos de Odebrecht, pero en esta investigación llegó a acuerdos de colaboración y de pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
