Por la supuesta falta de una "prueba idónea", el pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia contra el diputado reelecto del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ayala, autor del artículo que en abril de 2018 intentó derogar el contrato ley del puerto de contenedores de Rodman.
No obstante, el pleno -con la ponencia del magistrado Abel Zamorano- consideró que la actuación de Ayala "pudiera ser contraria a la conducta ética parlamentaria que debe guardar un miembro del hemiciclo legislativo, y por lo tanto, denunciable ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales", señala el fallo del 24 de mayo pasado.
Ayala introdujo un artículo en el proyecto de ley 53, que derogó la Ley 2 de 2015 que aprobó el contrato ley con la empresa PSA Panama International Terminal, S.A. Ayala propuso el artículo como parte de un proyecto de ley para restringir la venta de bebidas alcohólicas en zonas residenciales. El proyecto fue vetado por el Ejecutivo.
El diputado perredista fue denunciado por el abogado Ernesto Cedeño por la presunta violación del artículo 148 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, sobre la facultad de los diputados para proponer nuevos artículos o eliminar y modificar los ya existentes en un proyecto de ley. El reglamento interno señala que tales modificaciones se podrán proponer "siempre que no versen sobre materia extraña a la del proyecto ni a la del artículo o parte del artículo puesto en discusión ni tengan el mismo sentido de otras rechazadas previamente por el Pleno, pues, en esos casos, el presidente o presidenta las rechazará de plano". Introducir materia extraña a un proyecto de ley es lo que en la jerga legislativa se denomina "camarón".
El Estado panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó a PSA Panamá International Terminal la concesión de 31 hectáreas en Rodman, por el término de 20 años prorrogables, para desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir una terminal de contenedores. En su contrato, PSA se compromete a invertir no menos de $350 millones. A cambio, el Estado panameño recibiría un canon fijo mensual de $44 mil 400.73, a razón de 14 centavos por metro cuadrado. Este canon tendrá un incremento anual de 5%.
El contrato fue firmado el 28 de octubre de 2014 por el entonces director de la AMP, Roberto Linares, y el apoderado de PSA Panama International Terminal, Robert Ahern; fue aprobado por la Asamblea el 28 de enero de 2015. El 10 de febrero de ese año fue sancionado por el presidente, Juan Carlos Varela y se convirtió en la Ley 2 de 2015.
