El Gobierno y la multinacional Del Monte están cerca de acordar un contrato-ley para reactivar la producción bananera en el distrito de Barú, Chiriquí, pero un artículo de la Constitución ha dilatado las negociaciones.
Desde el año pasado, Del Monte se ha reunido con los mil 765 extrabajadores de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) -de 2 mil 226-, que en 2012 recibieron del Gobierno una hectárea cada uno para trabajar las tierras donde operaba Chiquita Brands, para comprar o alquilar su parcela.
El proyecto de inversión de Del Monte, que podría incluir unas 2 mil 570 hectáreas de propiedad del Estados, es de unos $120 millones en un período de cuatro años, el cual emplearía directamente a unas 3 mil 200 personas.
Alexis Morales, quien preside un comité que reúne a unos mil 400 extrabajadores dispuestos a vender su terreno, afirma que el precio de cada hectárea ya está negociado: $7 mil 500.
Acordado el precio de las tierras, cómo adquirirlas es donde la negociación entra en una meseta: el Gobierno y Del Monte buscan ahora una fórmula para que la multinacional pueda explotar las tierras sin necesidad de comprarlas.
Esto, teniendo en cuenta que el artículo 291 de la Constitución establece: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de 10 kilómetros de las fronteras (...)”.
Para poder cerrar el trato, hay dos opciones que están sobre la mesa. Una es que el Estado compre los terrenos a los extrabajadores y luego los arriende a Del Monte -este método está sujeto a un proceso de avalúos de cada una de las hectáreas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-. Es decir, que el Estado compraría los mismos terrenos que en el pasado eran estatales y que fueron cedidos a los bananeros como un mecanismo de compensación.
La otra opción es que Del Monte arriende los terrenos directamente a los extrabajadores por un período de tiempo -que podría ser 25 años-.
Edwin Vergara, director de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), confirmó que el contrato con la transnacional canadiense supera el 95% y que solo faltan detalles: “Esta es la inversión agroindustrial más grande en la región en este momento”.
Una vez que esté listo el pacto, que la multinacional solicitó que sea mediante la figura de un contrato-ley que le brinde seguridad jurídica para invertir, pasará a consideración del Consejo de Gabinete, que deberá aprobarlo antes de someterlo a discusión en la Asamblea Nacional.
En primera instancia, la intención era que el contrato llegase al Órgano Legislativo en julio, una vez que se iniciara la nueva sesión parlamentaria. El plan ahora, según el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, es que la empresa pueda iniciar su proyecto en el verano de 2017.
Ayer, en una reunión entre el Gobierno, el inversor, extrabajadores y residentes del área en la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles, los baruenses exigieron una fecha para que ingrese la transnacional.
‘No quedamos satisfechos’
“La reunión (de ayer) no fue lo que esperábamos. Queríamos una respuesta y no la trajeron”, dijo Morales al culminar el encuentro, que desde el ala gubernamental indicaron que era para informar a los baruenses del proceso de negociación.
Alexis Morales
Extrabajador de Coosemupar
“No quedamos satisfechos, porque nosotros esperábamos una respuesta contundente. Pero siempre tenemos que dar un voto de confianza”, agregó.Lo importante, continúa Morales, es que se le confirmó a los moradores de Barú que la negociación con Del Monte está en curso y solo falta un nudo por desatar.
Uno de los primeros en hablar fue José Antonio Yock, vicepresidente de Del Monte para Colombia, Ecuador, Brasil y Centroamérica, quien recordó que la empresa ha intentado sin éxito trabajar en el área desde 2009 y que mantiene el mismo interés en el proyecto.
“Si esperamos cuatro o cinco años, podemos esperar cuatro o cinco meses más”, analizó.
El ambiente en la reunión entre las partes era de disconformidad entre los extrabajadores y moradores, quienes manifiestan que han esperado muchos años por que se reactive la producción bananera en el área. Además, ante la falta de trabajo, temen que aumente la delincuencia.
Información de la Cámara de Comercio de Barú revela que el desempleo en el distrito supera el 60% y que la escasa actividad económica ha generado que casi la mitad de la población haya emigrado a la capital en los últimos 13 años: ahora quedan unos 40 mil baruenses.
“El año pasado nos dijeron que en noviembre iban a entrar (la empresa). Queremos saber si ya tienen fecha para ingresar. Necesitamos fecha de cumpleaños”, declaró el extrabajador Javier García en su turno al micrófono.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, respondió a las interrogantes de los moradores al asegurar que “las negociaciones van bien encaminadas, sentimos que hemos avanzado” y que el único punto por definir es el de la fórmula para que Del Monte pueda explotar las tierras: “A eso debemos llegar en el acuerdo para poder cerrar un contrato con Del Monte”.
