Los beneficios del banano son varios: azúcares que dan energía y proteínas que ayudan a reducir el estrés, la depresión, el malestar y la anemia.Algunos de estos síntomas son los que aquejan desde hace más de una década a la economía del distrito de Barú, que paradójicamente está rodeado de esta fruta, pero cuyas propiedades, por factores endógenos y exógenos, no han podido sanar la salud de esta zona chiricana.
Exógenos, porque desde que la multinacional Chiquita Brands cerró sus operaciones en 2003 ninguna otra empresa ha podido reactivar la producción del banano. Endógenos, porque los propios extrabajadores bananeros no se ponen de acuerdo en las condiciones para negociar con potenciales inversores. Asimismo, el rol facilitador del Gobierno no avanza a la velocidad que pretenden los baruenses.
El letargo en el que se encuentra la economía de Barú ha generado que casi la mitad de su población migrara en la última década y que hoy el desempleo sea del 62%.
ACUSACIONES Y POSICIONES
En este escenario, mil 771 extrabajadores -de 2 mil 226- de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), que prefirieron en 2012 la titulación individual cuando recibieron del Gobierno una hectárea cada uno para trabajar, ahora buscan alquilar o vender su parcela al mejor postor. En estas tierras fue donde Chiquita solía producir y exportar el llamado “oro verde”.
Así, apareció a mediados de 2015 la transnacional Del Monte, con la intención de invertir $126 millones en un plan de cinco años. Pero su propuesta no ha logrado satisfacer por igual las demandas de los extrabajadores: unos aceptan vender su hectárea a la empresa a $7 mil 500; otros prefieren alquilarla a $450 por año para no perder el patrimonio.
Estos últimos son los de la Asociación de Productores Agrícolas Rodolfo Aguilar Delgado (Aparad), cuyo presidente Isaías Bonilla dice tener el beneplácito de mil 400 extrabajadores para alquilar su terreno.
En la otra acera se encuentra un comité que lidera Alexis Morales, quien asegura haber presentado mil 200 firmas a Del Monte afirmando sus intenciones de venderle sus tierras.
“Lo que dice es falso”, dijeron ambos al consultarles sobre las afirmaciones de uno y otro lado.
La falta de consenso derivó en que Del Monte tuviera que negociar las condiciones directamente con el Gobierno, que se quedó con unas 3 mil hectáreas tras la repartición en 2012 del terreno donde operó Chiquita. El tema es que estas 3 mil hectáreas están invadidas por decenas de precaristas.
PROYECTO CONTRATO-LEY
El pasado 21 de abril, la multinacional envió al Ministerio de Presidencia, que encabeza la comisión negociadora del Gobierno, el proyecto contrato-ley para invertir en Barú.
Un día después, el ministro de Presidencia Álvaro Alemán, acusó recibo, y avisó a la empresa en una carta a la que tuvo acceso este medio que la comisión del Gobierno, integrada por siete instituciones, revisará la propuesta durante las primeras semanas de mayo “para que las negociaciones concluyan de manera satisfactoria en el mes de junio”.
Una vez que se logre el consenso, la propuesta de contrato ley deberá ser aprobada por el Consejo de Gabinete antes de llegar a la Asamblea Nacional, cuya discusión se daría en las próximas sesiones ordinarias que se reiniciarán en julio.
Esta fase de la negociación es la que genera disconformidad entre los extrabajadores de Coosemupar, quienes piden que se convoque a sesiones extraordinarias para no dilatar más la puesta en marcha del proyecto.
Alemán confirmó ayer que el Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias en caso de que se llegue a un acuerdo con la empresa antes de lo previsto.
Algunas de las peticiones de la empresa que se pudieron conocer es que se le brinden los mismos beneficios fiscales y las instalaciones que tenía Chiquita; y facilidades migratorias para traer personal administrativo del extranjero. El proyecto de Del Monte daría empleo a unas 2 mil 800 personas.
Morales dijo que se acordó con la multinacional que, en el caso de que esta acceda a comprar las tierras, deberá contratar a la persona que venda su hectárea o a un familiar directo de ella.
Pero para que Del Monte pueda comprar las tierras debe encontrarse un mecanismo que no atente contra el artículo 286 de la Constitución, que establece: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de diez kilómetros de las fronteras (...)”.
Sucede que varias de las hectáreas de los extrabajadores se encuentran más cerca de Costa Rica que el límite permitido. Una alternativa podría ser que la inversión de la multinacional se ejecute a través de una sociedad anónima establecida en Panamá.
Alemán señaló que Del Monte aspira a comprar y/o alquilar las tierras, tanto del Estado como de particulares.
COBANA, NUEVO ACTOR
Ayer, las directivas de Aparad y la Cooperativa Bananera del Atlántico (Cobana) se reunieron en la comunidad de Finca Zapote, en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado. Allí, la cooperativa bocatoreña entregó una carta de intención para invertir en la zona.
Bonilla dijo que Aparad revisará la propuesta la próxima semana -antes de hacer públicos los detalles de la misma- y que se llegará a una resolución en una asamblea del grupo a realizarse el 15 de mayo.
Chito Quintero, uno de los fundadores de la cooperativa bocatoreña, afirmó antes de la reunión que estiman que se requerirá de unos $20 mil por hectárea, monto que totalizaría una inversión de más de $35 millones en el caso que abarcara a los mil 771 terratenientes.
Asimismo, confirmó que ya cuentan con entidades financieras interesadas en respaldar el plan, y que dos empresas europeas -con las que Cobana ya tiene vínculos en otro proyecto- comercializarían el banano baruense en dicho continente.
La próxima semana, cuando el Gobierno envíe sus comentarios a Del Monte sobre su propuesta y se haga pública la intención de Cobana, se conocerá cuál será el tratamiento óptimo para la anémica economía de Barú.
