El exdirectivo de la Caja de Ahorros (CA) Fernando Correa pretende frenar la investigación que sigue la Fiscalía Sexta Anticorrupción por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos millonarios de la entidad financiera.
Sus abogados interpusieron una advertencia de inconstitucionalidad en contra del artículo 2033 del Código Judicial. El recurso fue interpuesto ante la Sala Tercera de Corte Suprema de Justicia y su sola admisión paralizaría el proceso que adelanta la fiscalía.
El artículo que cita la defensa de Correa permite que la investigación sea prorrogada cuando esté incompleta, con la autorización de un juez. Correa actúa justamente cuando la fiscalía solicitó al Juzgado Sexto de Circuito Penal una prórroga para continuar investigando el proceso por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA, y para esperar un informe de auditoria de la Contraloría General de la República.
La investigación se inició hace seis meses, cuando 23 propietarios de apartamentos del proyecto Ibiza Playa Coronado presentaron una querella penal, para que se investigue la supuesta comisión de los delitos de estafa, corrupción, abuso de autoridad y peculado.
Durante el pasado quinquenio, Riccardo Francolini, presidente de la junta directiva de la CA, y los directores Ricardo Chanis, Ricardo Arango, Fernando Correa y Anastasio Ruiz, participaron en el trámite para la constitución de dos préstamos comerciales que sumaron $5 millones.
La garantía de estos créditos corresponde a áreas comunes, en las que se encuentran piscinas, terrazas, un lobby bar y salones de reuniones de dos edificios de playa.
En la administración de Ricardo Martinelli, la junta directiva de la CA estuvo dominada por sus colaboradores y socios. Correa no solo estuvo en la directiva de la CA, sino que además se convirtió en uno de los rostros estelares de NexTV, televisora en la que Martinelli controla la mayoría de las acciones.
Francolini y Chanis, exmiembros de la junta directiva del banco, integran el andamiaje empresarial de Martinelli. Gerente general de Epasa, casa editorial de la que Martinelli es accionista mayoritario, Chanis figuró como tesorero en el desarrollo inmobiliario playero Casamar cuando la sociedad era presidida por Ricardo Martinelli Linares, hijo del exmandatario.
Además, la empresa Traffic Safety logró un contrato exclusivo con el Estado en la cobranza de las infracciones vehiculares detectadas por cámaras de vigilancia. El acuerdo llevaba la firma de Chanis en representación de la empresa.
Francolini, por su parte, también estaba en la directiva de Tocumen S.A., la empresa estatal que administra la terminal aérea más importante del país, y en la que se aprobaron millonarios contratos a favor de compañías vinculadas con Martinelli.
Las movidas de la exdirectiva de la CA tomaron notoriedad cuando los propietarios de los apartamentos de los condominios Ibiza se enteraron de que las áreas comunes de los edificios fueron dadas en garantías por el administrador del proyecto, y el préstamo nunca se pagó.
La historia terminó en el secuestro de las fincas, que la actual administración del banco ha decido rematar.
