La estatal Caja de Ahorros desempolvó el proceso de remate de las fincas que forman parte del PH Ibiza Corona y Coronado, que empezó desde 2015. El juzgado ejecutor de la entidad bancaria convocó a los interesados para que presentaran sus propuestas el pasado 16 de septiembre.
La idea era que algún postor se quedara con siete locales comerciales ubicados en la planta baja del Condo Hotel Ibiza Playa Coronado.
Se trataba del segundo llamado para vender las fincas y así recuperar parte del dinero prestado a R.G. Hotels, cuando aún estaba bajo la administración de Rugiere Gálvez.
Pero al final del día no hubo ningún interesado en los bienes, cuyo avalúo es de 1.5 millones de dólares, de acuerdo con los datos que maneja la entidad bancaria.
Se repitió la historia del pasado 28 de octubre, probablemente porque todavía se desconoce que pasará con la futura administración de dos condohoteles, hasta hace poco bajo el paraguas operativo de R.G. Hotels, hoy declarada en quiebra.
El modelo que proponía R.G. Hotels era vender los apartamentos para después conseguir los huéspedes que se quedarían en los apartamentos hoteleros. De esta forma los propietarios y la empresa recibirían ganancias por la estadía de los clientes.
Para los que habían comprado los apartamentos, se trataba de una inversión de entre 80 mil y 100 mil dólares que sería recuperada en el mediano plazo. Recibirían una paga mensual producto de la actividad hotelera luego del alquiler de sus apartamentos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las ganancias nunca llegaron.
Con la compañía en quiebra, la administración de los edificios ha quedado prácticamente en manos de sus propietarios.
La Caja de Ahorros toma partida en este proceso tras prestarle a R.G. Hotels 5 millones de dólares solicitados por Gálvez para administrar el condohotel.
Es así como después de incumplir con los pagos y declarada la quiebra de la empresa, el banco estatal decide iniciar el proceso de remate con el fin de recuperar el dinero prestado.
Ante el fracaso del segundo remate, la administración de la Caja de Ahorros decidió no continuar con un tercer llamado y quedarse con las propiedades.
Voceros de la Caja de Ahorros dijeron a este diario que los siete locales comerciales ahora son propiedad del banco y no se descarta la venta directa de los bienes inmuebles.
El embargo por parte de la Caja de Ahorros se dio en 2015 y la medida judicial no solo incluyó las 7 fincas de uso comercial. Dentro de las garantías se encontraban otras fincas, que fueron segregadas de la finca madre, y en la que se encuentran áreas comunes como la piscina, área social y el lobby de las torres de apartamentos.
Aunque la ley de propiedad horizontal establece que áreas como la piscina y el área social no pueden segregarse de la finca principal, el banco estatal bajo la dirección de Jason Pastor y su junta directiva, cuyos miembros formaban parte del círculo más cercano del expresidente Ricardo Martinelli, tomaron como válidas las garantías presentadas por los dueños del proyecto.
Los desarrolladores originales del proyecto han asegurado que las áreas que pregonan los afectados como “comunes” son “zonas privadas” concebidas para prestar servicios a los huéspedes del hotel.
Al ser consultados por el futuro de las áreas comunes del proyecto de playa, los actuales voceros de la entidad bancarias indicaron que “nuestra obligación legal es cumplir responsablemente con lo que establece el proceso ejecutivo hipotecario del Código Judicial y las disposiciones legales que nos exigen realizar el debido proceso de remate”.
Por el momento, los propietarios de apartamentos en los proyectos de playa tienen acceso a todas las áreas comunes embargadas por la Caja de Ahorros.
